“Ayúdenos lo más que usted pueda para que esta información, que está saliendo de las comunidades, pueda tener el mayor eco posible”, le dice a VerdadAbierta.com un líder comunitario de la subregión Pacífico Medio, que prefiere mantener su nombre en reserva por cuestiones de seguridad, acongojado porque el bienestar de sus comunidades negras no ha llegado tras la ilusión que despertaron los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactados en el Acuerdo de Paz.
“La institucionalidad que tiene a cargo el asunto de los PDET —continúa este líder negro— está engañando al resto de la sociedad colombiana y también a la comunidad internacional porque cuando se presentan los informes de gestión del PDET, en el Pacífico Medio, se les muestra que acá se están invirtiendo la millonada y en últimas no está pasando nada”.
Con la salida de la antigua guerrilla de las Farc de los territorios donde hizo presencia por varias décadas, se reveló con mayor claridad el inmenso abandono en el que estaba sumida esa otra Colombia que durante años ha vivido al margen del acceso a derechos fundamentales, bajo el acecho de las necesidades del día a día y sin una presencia integral y efectiva del Estado
Fue encontrarse, por ejemplo, conque en el sur del departamento de Meta, en las veredas Caño Amarillo y Albania, del municipio de Vista Hermosa, hay cinco caños que no tienen puente y los días que llueve se crecen y nadie puede desplazarse entre veredas ni mucho menos transportar la cosecha; o comprobar que en varias comunidades del Pacífico quedan a oscuras al irse la luz del día, a espera de un proyecto de electrificación.
Para cerrar la brecha del campo y la ciudad y proveer de bienestar a las comunidades rurales, como parte del punto sobre Reforma Rural Integral, se pactaron los PDET y cobraron vida en marzo de 2017 con el Decreto 893, una estrategia con la cual se esperaba llegar con inversión social a 170 municipios del país considerados como los más golpeados históricamente por el conflicto armado. No obstante, en diversas zonas sus pobladores expresan abatimiento y molestia porque aún no ven resultados concretos.
Ejemplo de ellos se percibe en la lejana vereda Gaviotas, del municipio de Uribe, en Meta, a la cual para llegar hay que transitar un camino de tierra y piedras por más de dos horas. Allí, las comunidades sentencian que las cosechas no son rentables por las dificultades que enfrentan para llevarlas a los mercados más grandes y el impulso económico no ha llegado.
“Está acá el producto, lo sembramos, pero ¿qué hacemos?”, se pregunta un labriego. “Nos ha tocado deforestar un poquito porque la única forma es el ganado. Cuando estaba la coca algunos tumbaban una hectárea y sembraban, la procesaban y a pie se la llevaban, pero para sacar una hectárea de plátano no nos la podemos llevar a ‘pata’, hay que buscar el medio de transporte y cuánto no vale el transporte. Con el PDET esperábamos vías”.
Como este, otros testimonios parecidos se escuchan a lo largo y ancho del país mientras la frase de “estamos cumpliendo” que reiteradamente pronuncia Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, retumba en los micrófonos cuando habla de la implementación del Acuerdo de Paz.
Cerrar la brecha
Adscrita a la Presidencia de la República, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) comenzó a operar desde el 1 de enero de 2017. Esta entidad es la encargada de coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto. Como parte de ese objetivo, abandera la coordinación de los PDET.
El proceso de consulta a los pobladores para determinar las necesidades y proyectar las tareas de ejecución se realizó a través de un gran ejercicio participativo que, en su momento, el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) lo calificó como “el diálogo social más grande del mundo”.
Las necesidades de las comunidades quedaron consignadas en los Planes de Acción para la Transformación Territorial (PATR), cuya construcción concluyó en el primer trimestre de 2019 y contó con la participación de más de 200 mil personas, de las cuales 65 mil fueron mujeres, y vinculó a 715 cabildos indígenas y 517 consejos comunitarios de comunidades negras.
Ese proceso de concertación recogió las necesidades de más de 11 mil veredas que hacen parte de 170 municipios priorizados, agrupados en 16 subregiones, y categorizados como los más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.
El resultado de ese diálogo diverso fue la concreción de 32.808 iniciativas —4.606 iniciativas con marcación de género y mujer rural, 8.381 iniciativas propias étnicas y 619 iniciativas étnicas y de género— que deberían ejecutarse en un plazo de 15 años teniendo como guía los PATR.
Estas iniciativas responden a las necesidades de estas poblaciones dentro de ocho pilares: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo; Infraestructura y Adecuación de Tierras; Salud rural; Educación Rural y Primera Infancia; Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural; Reactivación Económica y Producción Agropecuaria; Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación; y Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz.
Medir el avance de los PDET, que están proyectados a 15 años, no es tarea sencilla. Una sola de las más de tres mil iniciativas puede abarcar diferentes y amplias necesidades de un municipio o subregión. Esto implica, según la ART, que “no necesariamente a través de la ejecución de un sólo ‘proyecto’ o una ‘gestión’ específica sea posible lograr la ejecución o el cumplimiento total de una iniciativa. Asimismo, algunas de las iniciativas requieren acciones permanentes para su ejecución, como por ejemplo aquellas iniciativas relacionadas con mantenimientos periódicos o dotaciones”.
Según el balance de la ART, hasta el pasado 10 de septiembre de 2021, 8.594 iniciativas contaban con una ruta de implementación activa, es decir, asociadas a proyectos y gestiones que promueven su implementación.
“De las 8.594 iniciativas, el 9,82% están asociadas al pilar de Ordenamiento Territorial; el 12,83% al de infraestructura; 8,46% al de Salud Rural; 25,04% al de Educación Rural; 7,30% al pilar de vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural; 21,53% al pilar de Reactivación Económica; 5,32% al del Derecho a la Alimentación y 9,70% al pilar de Reconciliación y Paz”, expone la entidad.
Si bien calificar el cumplimiento del avance es difícil, como explica la misma ART, al fijarse en los proyectos y obras para el cumplimiento de las iniciativas, el pulso general cuando se le pregunta a las comunidades es que para esta fecha esperaban más.
La Agencia ha observado de manera general situaciones que generan riesgos asociados en la etapa de ejecución de los proyectos, como son los retrasos en los cronogramas por diversas razones, desabastecimiento de materias primas por la pandemia generada por el Covid-19, situaciones climáticas, afectaciones por los bloqueos viales adelantados en medio del Paro Nacional de mediados de 2021, invasión de predios donde se ejecutan las obras y algunos casos por reajuste de precios.
Para un defensor de derechos humanos de la subregión Alto Patía y Norte del Cauca, que prefiere mantener su nombre en reserva por seguridad, el mayor problema en la implementación de los PDET es la figura que funge la ART, pues se justifica en que “frente a las expectativas levantadas con las comunidades, la ART dice: ‘Nosotros somos una entidad coordinadora, somos una entidad facilitadora, acompañante; buscamos fuentes de financiación, pero no somos los responsables de la ejecución del PATR”.
Siguiendo la plata
Los PEDT son ejecutados a través de tres fuentes de financiación: el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz), que maneja recursos de las regalías; Obras por Impuesto, con la que el sector privado puede participar de manera efectiva; y recursos provenientes de la cooperación internacional.
El 23 de noviembre, un día antes de cumplirse el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, la Agencia de Desarrollo Rural reportó el gobierno nacional ha invertido 11,44 billones de pesos en los 170 municipios PDET.
De acuerdo con información reportada, las fuentes de esos recursos se discriminan de la siguiente manera: OCAD PAZ, 6,23 billones de pesos; Obras por Impuestos por 607.456 millones de pesos; Fondo Colombia en Paz, un billón de pesos; presupuesto general de la Nación, 3,10 billones de pesos; y cooperación internacional, 428.105 millones de pesos.
Por otro lado, al preguntarle a la ART por los recursos que se han empleado para las iniciativas, sostiene que hasta el 31 de agosto de 2021, con respecto a la cantidad de obras ejecutadas con recursos provenientes de los fondos OCAD PAZ y Obras por Impuestos, se realizaron 432 y 76, respectivamente.
Las regiones que concentran la mayor cantidad de proyectos de la bolsa del OCAD Paz son Sierra Nevada, Perijá y Zona Bananera (72), Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño (49), Macarena - Guaviare (38) y Chocó (35). Del total de los 432 proyectos de este fondo más de la mitad (295) están fijados para el pilar dos Infraestructura y Adecuación de Tierras seguido por el de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural (89)
Para el caso de Obras por Impuestos, las subregiones que ocupan los cuatro primeros puestos son Alto Patía y Norte del Cauca (11), Sur del Tolima (11), Putumayo (9) y Arauca (9); la mayoría relacionada con diversos apoyos a la educación y primera infancia rural y rehabilitación, mejoramiento y construcción de vías.
En la información aportada por la ART sobre obras ejecutadas, aparece como “terminada” un proyecto de mejoramiento vial para el tramo que va del municipio de El Paujil a Cartagena del Chairá en el departamento de Caquetá, en el que se habrían invertido 35 mil millones de pesos, no obstante, un equipo periodístico de este portal constató, a comienzos de noviembre de este año, que aún faltan tramos por concluir, lo que afecta la movilidad en la zona por obras en la carretera.
Uno de los aspectos que llama la atención en la respuesta que la ART le dio a VerdadAbierta.com es la aclaración que hace esta agencia sobre datos de proyectos que no gestiona, por cuanto provienen de ejercicios de captura de información de otros sistemas o fuentes externas y “no constituyen la información primaria u oficial frente a los mismos”. Lo que preocupa de esa precisión es que la entidad no tenga certeza de las obras que no están bajo su control.
Cuentas pendientes
Los programas PDET contemplaron la realización de “obras de baja escala y rápida ejecución”, mediante las cuales se pretendían construir proyectos como aulas escolares o parques infantiles mientras se estaba construyendo el PATR a través de los diálogos de concertación comunitaria locales y regionales.
Para Pacífico Medio, conformada por los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí, en el departamento de Cauca, y el municipio de Buenaventura, de Valle del Cauca, se acordó la ejecución de por lo menos diez de estas pequeñas obras para cada uno de esos cuatro municipios, pero se firmó el PATR, el 23 de febrero de 2019, y hasta la fecha no se ha entregado una sola de ellas. (Leer más en: El PDET aún está en el papel en el suroccidente y En el Pacífico Medio se ilusionan con los dineros de la paz)
El Consorcio EGA, integrado por la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia y Asfaltart S.A., es el operador de estas obras. Al día de hoy, en Buenaventura, la obra de ese tipo más adelantada es un parque infantil en el consejo comunitario de Zacarías del Río Dagua; sin embargo, el contrato que suscribió el Consorcio EGA y esa comunidad afro lleva más de tres meses y no se ha girado su anticipo.
Para el caso del municipio de Guapi, sobre la costa caucana, según información de la ART, se encuentra terminado un parque en la vereda San Antonio de Guajui, pero la queja del consejo comunitario del Río Guajui es que no se les han terminado de pagar los 221 millones de pesos que se habían acordado por esa obra. En Timbiquí y López de Micay, a la fecha de esta publicación, no han empezado con la primera obra.
VerdadAbierta.com buscó a los directivos del Consorcio EGA. La vocería la asumió Sergio Párraga, su representante legal, quien le precisó a este portal que algunas de estas pequeñas obras que tiene bajo su responsabilidad en varias comunidades del Pacífico se encuentran en un estado de estructuración para aquellas que tienen un grado de complejidad mayor, pero las obras sencillas, como los parques infantiles sobre las que las comunidades esperan se les realice el pago, no requería este tipo de procesos y que la cadena de incumplimientos inicia con el Estado.
“A hoy, me han consignado 14 millones de pesos después de que firmamos el contrato del Pacífico Medio en diciembre de 2019”, afirma Párraga. “No tenemos la obligación contractual de financiar las obras, le corresponde al Fondo Colombia en Paz girarnos para poder pagar. A hoy, el Fondo no nos ha girado los recursos y nos ha tocado asumir muchos costos administrativos”.
El representante legal del consorcio agrega que han tenido que buscar préstamos para empezar a hacer los pequeños pagos que le han dado a las comunidades.
En el caso del consejo comunitario del Río Guajui, Párraga sostuvo que se han pagado 60 millones y tenían programado para finales de noviembre, un segundo pago por 120 millones, quedando un saldo pendiente por cancelar de poco más de 41 millones.
En Buenaventura están programando una reunión en el transcurso de esta semana para darle inicio a la obra y se mantiene en que no se ha podido empezar con la ejecución del proyecto de parque infantil porque el Consorcio EGA aún no cuenta con el anticipo.
“Aquí hay un tema, y es una lectura del Consorcio que hemos puesto sobre la mesa en Comités Técnicos Operativos ante la ART nacional y regional, es que la estructura del contrato no apunta a que las obras se hagan lo más rápido posible, es una estructura bastante compleja. Las cosas debían ser mucho más ágiles, debía haber recursos”, dice el representante de EGA y precisa que este problema no es caso aislado del Pacífico, sino que los incumplimientos son generalizados con otros operadores de otras subregiones del país.
“Pero para ser lo más justos posibles, de dos meses para acá los procesos con el Fondo empezaron a avanzar”, dice Párraga y advierte que la crisis sanitaria por el Covid-19 afectó la ejecución de las obras, en tiempos y costos: “Los materiales subieron muchísimo, se disparó el acero, el concreto está imposible, los transportes están tenaces, ahorita estamos en una época invernal fuerte”.
Sobre los recursos provenientes del OCAD Paz, las comunidades del Pacífico Medio resaltan que no hay una sola obra apoyada por esa bolsa. “Ningún consejo comunitario del Pacífico Medio es lo suficientemente fuerte como para formular proyectos de ese tipo —resalta el líder de la subregión que prefiere mantener el anonimato—. La formulación en sí se hace a través de las alcaldías, pero si para las alcaldías les es difícil porque no cuentan con un presupuesto definido y el personal requerido para destinarlo a la formulación y seguimiento de esos proyectos, ¿cómo será para los consejos comunitarios? ¡Por eso no hay proyectos!”.
Para el caso de las otras subregiones PDET del Pacífico, el vocero de Pacífico Medio considera que, aunque hay algunas obras en esos otros municipios, en general son muy pocos en comparación a otras regiones de la geografía nacional. Una situación preocupante pues el tiempo para ejecución de las obras, con cada día que pasa, es menor dada la meta de cumplimiento a 15 años.
“Es aberrante. Eso también demuestra para nosotros que este país, desde quienes lo dirigen, todavía es profundamente racista y discriminatorio, porque como acá estamos las comunidades negras e indígenas, entonces ‘a esos no hay que mandarles nada’”, siente el líder del Pacífico.
Fase de “poca participación”
Como parte de un proceso de relación de los liderazgos de Alto Patía y Norte del Cauca, defensores de derechos humanos constituyeron la Articulación Regional por la Paz, desde la cual realizan de manera autónoma una veeduría regional, así como municipal, en relación a la implementación del PDET en 24 municipios de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Esta iniciativa la toman al considerar que los miembros de la veeduría del PDET que quedaron establecidos en el PATR, aprobado y firmado en diciembre de 2018, no se les capacitó para seguir la implementación del Programa y “se les utiliza para validar decisiones de las cuales no han participado los liderazgos”, dice un defensor de derechos humanos del Espacio Regional de Paz del Cauca, que prefiere mantener su nombre en reserva por los altos índices de violencia que experimenta ese departamento.
En esa tensión, las organizaciones de esta subregión manifestaron que le han reclamado a la ART que no les llega la información, no les socializan las iniciativas que se están implementando y no se comunican con ellos.
“Hay muy poca participación, escasa participación de los liderazgos del grupo motor y de organizaciones sociales que estuvieron presentes en el Plan de Acción de Transformación Regional; en la priorización, estructuración y consecución de recursos de las 4.466 iniciativas de Alto Patía y Norte del Cauca”, por eso las comunidades manifiestan que “no se siente que la paz haya llegado a los territorios”.
Además, los liderazgos se sienten desgastados, pues, como explica este vocero, “algunas comunidades le echan la culpa a las personas que quedaron delegadas de los grupos motor u organizaciones sociales que participaron de ese proceso de que no se haya implementado nada”.
Las actividades más recientes que adelantaron los miembros del grupo motor de cada subregión fue la validación de las hojas de ruta, herramienta que permite ordenar la implementación de los PDET, articulando planes nacionales y territoriales que vienen gestándose en cada territorio. En ese documento se precisan tiempos de ejecución, responsables y financiación, además de plantear mecanismos de monitoreo.
En la página de la ART están publicadas once hojas de ruta, teniendo pendiente Pacífico Medio, Macarena-Guaviare, Arauca y Alto Patía y Norte del Cauca. En el caso de esta última, el defensor de derechos humanos del Espacio Regional de Paz del Cauca explica que aún continuaban realizando ajustes al documento para que respondiera con mayor precisión a la realidad de la región, y se incluyeran aspectos de derechos humanos y medioambiente.
“Si bien, producto de la construcción y validación de la hoja de ruta se van a priorizar unas iniciativas que en este caso son a nivel municipal y subregional, el proceso mediante el cual se encuentra la fuente de financiación y llegar a la ejecución es un proceso bastante lejano”, asevera el líder caucano, quien precisa que las iniciativas quedarán priorizadas, pero no tendrán un debido proceso de estructuración y financiación.
Se levanta de la mesa
El PATR de la región del Pacífico lleva la firma de comunidades étnicas (consejos comunitarios y organizaciones indígenas), alcaldes municipales y gobernadores; es, en palabras de los líderes un “PDET étnico”.
En el caso de la subregión Pacífico Medio, para continuar con la participación comunitaria en las iniciativas del pilar sobre Reconciliación Convivencia y Construcción de Paz, se acordó construir una mesa subregional para hacer seguimiento y acompañamiento a la implementación del PDET, además de la creación de una mesa para tratar temas que no eran competencia de este Programa, como lo son necesidades organizativas de comunidades negras, el posible papel de comunidades indígenas como autoridades ambientales o modificaciones en la división marítima de la región. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas se desarrolló como se había planteado.
“A nosotros, las comunidades, por nuestra cuenta, nos tocó conformar la Mesa Subregional PDET Pacífico Medio”, precisa el defensor de derechos humanos consultado, como estrategia para seguirle los pasos a la implementación de los PDET. Y desde el pasado 29 de agosto tomaron la decisión de cesar las reuniones para asuntos PDET con instituciones del Estado hasta tanto no les atendieran tres solicitudes.
La primera es la creación de una coordinación para Pacífico Medio, pues desde su conformación nunca tuvo una propia, sino que es gestionada desde la coordinación de Alto Patía y Norte del Cauca. “El hecho de que no se haya creado esa coordinación en gran medida también hace que no hayan resultados acá en Pacífico Medio”, precisa el líder de esta región.
En la segunda reclaman el reconocimiento a la mesa de seguimiento que crearon como comunidad y, la tercer apunta a que se gestione un plan para solucionar el déficit que tiene la subregión en cuanto a formulación, viabilización y financiación de proyectos para que se puedan cumplir las 629 iniciativas acordadas en el tiempo previsto por los PDET.
Los líderes del Pacífico también le solicitaron a la ART tener un espacio de conversación en el que funcionarios de la Agencia de Renovación, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y garantes nacionales e internacionales atendiera estos puntos. El pasado 13 de octubre se encontraron unos y otros, pero no resultó como lo esperaban las comunidades.
“Llegamos allá y estaban los mismos con quienes siempre hemos venido hablando y con quienes no se ha conseguido ningún resultado para Pacífico Medio. Las autoridades étnicas del Pacífico tomamos la decisión de que no había qué conversar y hasta hoy, 22 de noviembre, no hemos recibido respuesta. Se escucha de manera extraoficial que (la ART) están preparando una respuesta”.
A pesar de que en la fallida reunión del 13 de octubre representantes de la ART querían persuadir algunos de los líderes para que siguiera con el diálogo señalando que el 1 de noviembre empezarían esas obras, a la fecha de esta publicación no había ningún avance.
A las posibles trabas burocráticas se suma el ambiente de hostilidad que rodea a quienes, desde las comunidades, velan por el cumplimiento de los programas acordados en La Habana, Cuba. Varios defensores de derechos humanos de todo el país coinciden en que temen por su vida.
Una de estas regiones es Cauca que ha repuntado, año tras año desde la firma del Acuerdo de Paz, como el departamento con los índices más altos de violencia letal contra líderes, lideresas y autoridades étnicas y en el que por lo menos seis grupos disidentes de las antiguas Farc hacen presencia.
“Los liderazgos de los grupos motor —dice un líder de Cauca—, que participaron en la construcción del PDET, que vienen exigiendo el cumplimiento del PDET, aumentan sus riesgos porque en algunos sitios ser un defensor de la implementación del Acuerdo de Paz, de los PDET, se convierte en un riesgo por la presencia de grupos armados, pero también porque las comunidades le echan la culpa del incumplimiento a los grupos motor, a los movimientos sociales y comunitarios”.
Por eso le hace un llamado a la ART y demás instituciones del Estado para que evite la estigmatización, apoye el papel de seguimiento a las obras PDET e inste a la defensa de la integridad de líderes y lideresas sociales que aún creen en el Acuerdo de Paz y defienden a capa y espada su implementación como manera de reparar a las comunidades de tantas décadas de violencia y marginalidad.
