La materialización de lo pactado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc transita por rutas sinuosas, con altibajos y accidentadas, que limitan sus avances. Tales dificultades inquietan a las víctimas del conflicto armado, que reclaman mayor celeridad. El balance, un quinquenio después, es agridulce. Así lo revela esta serie periodística.
EnglishCon el proceso de paz, las comunidades de las regiones que dominaron las extintas Farc lograron vivir de manera tranquila durante un tiempo. Sin embargo, antes que las promesas del posconflicto, llegaron nuevos grupos armados y retornó la violencia.
En menos de cuatro años, esta entidad ha tomado más de 50 mil decisiones judiciales, entre ellas 17.489 decisiones judiciales adoptadas en la Sala de Amnistía o Indulto y 19.641 decisiones judiciales adoptadas en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Esos resultados controvierten las críticas que le hacen sectores adversos.
Por más de 50 años, este país padeció un cruento conflicto armado entre Fuerza Pública, ejércitos paramilitares, grupos subversivos y redes del crimen organizado. El saldo fue muerte, dolor y destrucción a lo largo y ancho del país; la peor parte la llevó la población civil. La Comisión de la Verdad tiene el reto de esclarecer lo acontecido para que no se vuelva a repetir.
Familiares de víctimas consideran que para conseguir mayores resultados se debe modificar su organización interna, los requisitos para realizar prospecciones y exhumaciones, y actuar más allá de las solicitudes de búsqueda. Mientras, la entidad lidia con dos restricciones: la pandemia del Covid-19 y el recrudecimiento del conflicto armado.
El sacerdote jesuita Francisco De Roux preside la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entidad a la que el Acuerdo de Paz le asignó, entre varias tareas, producir un informe que dé cuenta de las causas del conflicto armado en Colombia y de los impactos que produjo a lo largo de medio siglo, con el fin de no volver a repetir ese trágico capítulo.
Uno de los puntos más aplaudidos del Acuerdo de Paz con las Farc es su enfoque de género. A pesar de ser el primer pacto de paz en el mundo en incluirlo, cinco años después hay muy poco que celebrar ya que tan solo se ha implementado un 20 por ciento de lo pactado.
Tras superar múltiples obstáculos, las comunidades afrodescendientes e indígenas lograron incluir un conjunto de garantías en el Acuerdo de Paz para proteger sus derechos y que sus territorios no se vieran afectados por la implementación de las políticas del posconflicto. Cinco años después los avances son prácticamente nulos, salvo contadas excepciones.
Desde diversos sectores claman para detener la violencia en contra de aquellas personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Alrededor de 700 han sido asesinadas en Colombia desde noviembre de 2016, una cifra que alarma y que ha crecido sin mayor contención estatal y en medio de la impunidad.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, en promedio, cada seis días fue asesinado un integrante de la antigua guerrilla de las Farc que dejó las armas y estaba en proceso de reincorporación a la vida legal. Le apostaron a la reconciliación, pero el Estado, dicen los críticos, falló en protegerlos.
Uno de los logros del Acuerdo de Paz fue el desarme y desmovilización de por lo menos 14 mil combatientes de las antiguas Farc. Sin embargo, las promesas de una vida en la legalidad mucho más tranquila y productiva enfrentan múltiples obstáculos para hacerse realidad. Cinco años después, las versiones sobre su avance chocan entre sí.
El gobierno nacional es reiterativo en mostrar la gran inversión que ha hecho para desarrollar el programa de sustitución de cultivos de hoja de coca para uso ilícito, pero las comunidades cuestionan la manera y el tiempo cómo se han destinado esos recursos. Gota tras gota no se garantiza que los campesinos salgan de la ilegalidad, aseguran en diversas regiones del país.
El incumplimiento en los pagos de obras sencillas y la marginalización de las comunidades que participaron en las etapas de construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, ponen en aprietos el futuro de esta iniciativa, que busca saldar las deudas socioeconómicas con las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
La implementación del Acuerdo de Paz ha estado llena de altibajos y adversidades. Al transcurrir su primer quinquenio, si bien hay puntos para resaltar, la sensación para quienes son su razón de ser es agridulce: los más golpeados por la guerra siguen a la espera de que les cumplan lo prometido.
