Uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que más críticas ha recibido por sus bajos resultados es la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Las expectativas que generó su creación contrastan con la percepción crítica que se tiene hoy de su trabajo.
Diversos sectores aspiraban a que una institución especializada en la búsqueda de personas víctimas del conflicto armado y la recuperación de los cuerpos, con un carácter humanitario y extrajudicial, fuera más ágil que la Fiscalía, que condiciona sus labores a un proceso penal, pero los resultados contradicen ese propósito.
Pablo Cala, defensor de derechos humanos de la Fundación Hasta Encontrarlos, que lucha por hallar los desaparecidos que dejó la guerra en el departamento de Guaviare, acompañó desde el primer momento la conformación de la Unidad de Búsqueda. Al hablar del tema, recuerda la alta expectativa que generó, en 2017, la creación de esa entidad, pero cuatro años después lamenta que no se haya alcanzado una respuesta acorde a esas esperanzas.
“La Unidad, en estos casi cuatro años de existencia, ha logrado sensibilizar mucho más a la sociedad frente a la situación de las personas desaparecidas”, reconoce Cala. “Es una labor que ya veníamos haciendo las organizaciones, que ya venían haciendo los familiares, que ya venían haciendo de alguna manera algunos medios de comunicación; es una importante labor que hace la Unidad, pero no debería ser su centralidad, no debería ser su objetivo primordial y es donde más se ven resultados”.
El universo de personas desaparecidas en Colombia en razón del conflicto armado, de acuerdo con la UBPD, alcanza las 98.820, una cifra que da cuenta de más de 50 años de guerra en la que este delito se usó como instrumento de guerra. ¿Y cuáles son los resultados de la entidad?
A 30 de septiembre de este año, la Unidad había recibido 18.344 solicitudes de búsqueda, que corresponden a 13.442 personas. Además, reporta la recuperación de 289 cuerpos y la realización de 127 entregas dignas de los cuerpos a sus familiares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Bogotá, Caquetá, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Sucre y Tolima.
Adicional a ello, ha encontrado cinco personas con vida y facilitado los reencuentros con sus familias en Arauca, Antioquia, Magdalena y Valle del Cauca, lazos que se habían roto, en algunos casos, por más de 35 años.
La entidad reporta que 468 personas están registradas como aportantes de información de manera voluntaria información para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, de ellas 73 lo han hecho como aporte colectivo y 395 como aporte individual.
Esos logros se han alcanzado a pesar de no contar con las voces de actores que no se encuentran compareciendo a la JEP ni a quienes se beneficiaron de la ley de Justicia y Paz, mediante la cual se juzga a exparamilitares. “Al no existir incentivos de tipo legal para estas personas con su contribución a la UBPD, no hay mayores aportes reportados por la entidad”, registró la Procuraduría General de la Nación en el Tercer Informe al Congreso sobre el Estado de Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz, publicado también en agosto de este año.
Cuestionan centralización
Una de las mayores críticas que se le ha hecho a la UBPD es que las labores de búsqueda de los equipos que existen son insuficientes para atender la magnitud del fenómeno en Colombia y están centralizados en la ciudad de Bogotá.
“Estos equipos no están haciendo labores directamente de búsqueda o recuperación de cuerpos. Recogen información, la trasladan al nivel central, hacen pedagogía, hacen relacionamiento con los familiares, pero lo que se estaba buscando era que allí en esos territorios se pudiesen estar adelantando día a día labores de búsqueda en terreno”, expuso Cala.
De funcionar como se había previsto, la UBPD tendría, por lo menos, 18 equipos forenses territoriales con una coordinación general. Sin embargo, este defensor de derechos humanos estima que hay entre 40 y 50 personas en labores de recuperación, y lamenta que sólo se tenga capacidad de tener hasta cinco equipos realizando trabajo de campo de manera simultánea.
El otro gran problema que identifica Cala son las condiciones para acceder a los lugares en los que posiblemente podría haber cuerpos. La Unidad puede ingresar a los lugares con la autorización del poseedor, tenedor o propietario, y en los casos en los que este se niegue se buscarán acciones legales para poder ingresar.
Sin embargo, resalta que, para ingresar a un lugar donde se presume que hay fosas, la entidad creó una norma interna que incluye la petición del certificado de tradición y libertad del predio o solicitar información a la Agencia Nacional de Tierras sobre el tipo de predio. Un proceso que puede tomar meses. (Leer más en: ¿La UBPD se ‘pone’ la soga al cuello para buscar a los desaparecidos?)
“Frente a la voluntad de un poseedor, tenedor o de un ocupante de un terreno que dice ‘sí, pueden ingresar a hacer la recuperación’ y empiezan a colocar toda esta cantidad de obstáculos como requisitos, pues se va a asustar y va a decir ‘a mí me van a terminar quitando la finquita, entonces yo prefiero que no hagan nada’”, cuestiona este defensor de derechos humanos.
Por otro lado, está la participación. Este componente se ha mostrado como una prioridad para la UBPD y según su informe de cuentas de este año, “para tal fin, desde el inicio de operaciones de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y hasta el primer semestre de 2021, se brindó asesoría y orientación a 4.492 personas que fortalecieron las condiciones para su participación de manera individual”.
Varias víctimas consideran que los llamados a participar por parte de la UBPD han sido en términos de buena voluntad, pero no terminan bien direccionados. Sienten que la información sólo circula de manera unidireccional, no les permiten acompañar las decisiones y la participación termina supeditada a la voluntad de los funcionarios de la entidad.
El análisis de la Procuraduría General de la Nación alaba los esfuerzos de participación, pero “se reitera la importancia de que la entidad defina un mecanismo que facilite la entrega de información a las familias sobre las personas dadas por desaparecidas a medida que avanza el proceso de búsqueda”.
Sebastián Velásquez, representante legal y vocero de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (FEVCOL), sostiene que esa organización le entregó a la UBPD en diciembre de 2020 información sobre la existencia de 12 fosas en las que habría víctimas de la extinta guerrilla con más de 49 cuerpos, pero no hay avances. “¿Dónde están buscando las víctimas de las Farc? Para ellos no es una prioridad”, resalta.
Por su parte, María José Rodríguez, hija del ciudadano uruguayo José Washington Rodríguez Rocca, esperaba tener más participación en la búsqueda de su padre. En julio de 2019 empezó a suministrar información a la UBPD sobre el caso, pero luego sintió que su relacionamiento con la Unidad se detuvo sin mayores razones. “A mí personalmente me desmotivó muchísimo y de a poco, con insistencias, logramos reanudar el diálogo”, dice.
Rodríguez Rocca fue un trabajador de la Fábrica Uruguaya de Neumáticos S.A. (FUNSA) e hizo parte del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Al no ver garantías para su vida y ante la expectativa de un golpe de Estado, salió del país en 1973 y según tuvo conocimiento su hija, tras pasar por varios países llegó a Colombia en 1976, donde se unió al movimiento guerrillero M-19. Al parecer, en abril de 1982 murió en un enfrentamiento con el Ejército en el departamento de Caquetá.
La UBPD se comprometió a realizar acciones de prospección a finales de febrero o inicios de marzo de este año, pero Rodríguez reprocha que se incumplió con lo pactado y después de muchos insistirle a la entidad, la misión tuvo lugar el 19, 20 y 21 de julio. A esa diligencia pudo asistir gracias al apoyo del CICR, que le brindó ayuda económica para venir al país: “Yo no vivo en Colombia, entonces la distancia genera otros sentimientos y otros tiempos que no son buenos aliados en estas búsquedas”.
En aquella ocasión no encontraron los restos de su padre, pero sí hallaron la fosa en la que se cree fue enterrado. Ella resalta el gran trato que recibió durante la prospección, pero después de eso “volvieron los silencios nuevamente. Esto fue en julio y en la fecha en que estamos no hemos tenido una reunión ni siquiera como algo resolutivo de lo que ocurrió en julio y cuáles serían los próximos pasos”.
Información para buscar
Víctimas y organizaciones de la sociedad civil consideran que la UBPD no ha hecho un verdadero uso de los mecanismos legales de acceso a información reservada que le otorgó el Decreto Ley 589 de 2017, mediante el cual se organizó la estructura de la entidad.
Dicho decreto plantea claramente que no son oponibles las reservas en materia de acceso a información frente a violaciones de derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que la UBPD está en la libertad de requerir a entidades del Estado la información pública sin que la reserva de información sea un obstáculo.
La Procuraduría General de la Nación, en su análisis sobre la implementación del Acuerdo de Paz, expone que la UBPD cuenta con siete acuerdos de voluntad de intercambio de información con varias instituciones del Estado. No obstante, evidenció que el flujo de información no ha sido como se esperaba. Ejemplo de lo anterior es el caso de los convenios interadministrativos suscritos desde 2019 entre la Unidad y la Fiscalía.
“Si bien la Fiscalía ha dado respuesta a la mayoría de solicitudes de información básica que ha hecho la UBPD —se lee en el documento—, sobre radicado, despacho o Unidad en la que se encuentra un caso, son muy pocas las respuestas que la Fiscalía ha dado sobre el acceso a expedientes activos relacionados con delitos de desaparición forzada, secuestro y reclutamiento ilícito. En particular, de 308 solicitudes de acceso a expedientes, con fecha de corte de este informe, la UBPD había podido acceder únicamente a 11 expedientes de los solicitados”.
Las víctimas esperaban que la Unidad accediera ágilmente a información que está en manos de la Fuerza Pública, un paso fundamental (—dicen(— para establecer el paradero de personas desaparecidas por agentes estatales, principalmente en las décadas del setenta al noventa.
Dicha información sería conveniente, por ejemplo, para establecer el paradero del cuerpo de Martha Gisela Restrepo Valencia, joven caleña que se enlistó en las filas del M-19 y quien murió, a sus 19 años, presuntamente en un operativo de las Fuerzas Militares en el departamento de Chocó, adelantado el 25 de abril de 1981.
La reconstrucción de ese ataque, realizada por la familia de Martha Gisela con el apoyo de la Fundación Hasta Encontrarlos, precisa que por los menos 40 jóvenes de esa guerrilla estaban movilizándose entre los municipios de Lloró y Bagadó, y en algún punto del Alto Andágueda fueron interceptados por las tropas del Ejército y aniquilados.
Rodrigo Restrepo, hermano de Martha Gisela, habla desde fuera de Colombia sobre cómo fue que desde 2015 volvió a revisar el caso de desaparición forzada de su hermana. Al igual que Martha y otro de sus hermanos, militó en las filas del M-19, pero fue el único que logró conservar su vida al migrar en septiembre de 1982.
Cuando el 17 de octubre de 2015 el gobierno nacional y las Farc anunciaron la creación de la UBPD, la familia Restrepo Valencia vio en esa entidad una oportunidad invaluable: “Antes de eso, era muy difícil imaginarse que uno iba a buscar un combatiente que había desaparecido. Cuando se hace ese anuncio, pues para nosotros era el instrumento perfecto para poder llevar a cabo esa búsqueda y abría todas las esperanzas”.
En diciembre de 2018, esta familia comenzó a compartir información con la Unidad que habían recopilado por su cuenta. A inicios de 2019, de la mano de Hasta Encontrarlos, organizaron una visita a donde se presume estarían los restos de Martha Gisela para rastrear información con algunos delegados del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina y Popular del Alto Atrato (COCOMOPOCA), pues la zona está bajo su autoridad ancestral.
En ese momento, la UBPD declinó la invitación, según recuerda esta familia, porque la entidad aún no estaba lista para ese tipo de trabajos. De regreso a Bogotá, compartieron la información con la Unidad y con base en ella, en marzo de 2020, realizó una prospección en una zona de casi dos hectáreas con antropólogos, topógrafos y fotógrafos.
“En ese tipo de situaciones la tensión es grande, la sensibilidad de todos es mucho mayor, la de los familiares, la de nosotros, la sensibilidad está a flor de piel”, recuerda Rodrigo y resalta que esa vez se generó un desencuentro con la UBPD porque no les dejaron grabar el procedimiento. “Fuimos testigos del esfuerzo que se hizo, sin embargo, no se encontró nada”.
Al respecto, Cala resalta que esa fue la primera prospección directa que hizo la Unidad de Búsqueda sin asociarse con otra entidad: “Ha hecho otras prospecciones desde marzo para acá de manera autónoma, varias en diferentes lugares, pero todavía no dentro de la dimensión de respuesta que se espera o por la dimensión de la situación de personas que se encuentran desaparecidas en el país”.
El universo de desaparecidos
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas estableció la desaparición forzada como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. En el caso colombiano, la desaparición forzada sólo fue tipificada como delito mediante la Ley 589 de 2000.
Pese a ello, no hay coherencia en las cifras, situación que resalta Cala: “En el país se tiene un problema ahora: hay una institución que dice que son 24 mil desapariciones forzadas, otra dice que son 46 mil, otra que son 60 mil, otras que son 89 mil y otra que dice que son 120 mil o más. Y esa es parte de la deuda que hay frente a un ejercicio de banalización de la responsabilidad que ha hecho el Estado colombiano”.
Una observación que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ya había planteado en su más reciente informe de recomendaciones para Colombia, publicado en mayo de este año, en el que le recuerda al Estado colombiano que su mirada sobre este crimen de lesa humanidad no se ajusta plenamente a la norma internacional.
Para septiembre de 2021, la UBPD estimó el universo de víctimas 98.820 personas, cifra que resulta del cruce de información de las bases de datos del Sistema Integral para la Paz con el Registro de Solicitudes de Búsqueda de la Unidad. (Leer más en: “Los desaparecidos no son solamente de las familias, los desaparecidos son de esta sociedad”: Luz Marina Monzón)
Participación de exguerrilleros
La manera en que se involucra a los excombatientes de las antiguas Farc en la búsqueda de desaparecidos puede ser de varias maneras. Por un lado, porque pueden poseer información de personas que murieron bajo su responsabilidad, al haber sido reclutadas, privadas de su libertad o ejecutadas.
Por otro lado, porque tienen conocimiento de zonas con cuerpos que no necesariamente fueron su responsabilidad, pero las cuales se encontraban en zonas que ellos controlaban. También, porque están buscando a milicianos, exmilicianos o familiares de guerrilleros que fueron ejecutados y desaparecidos por el Estado colombiano o actores paramilitares.
Uno de los papeles que están desarrollando los firmantes del Acuerdo, como parte de su proceso de reincorporación, es la recolección de información de personas desaparecidas como parte del componente de las extintas Farc de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que a través de cinco zonas de trabajo (Nororiental, Oriental, Magdalena Medio, Sur y Occidente) buscan cubrir el territorio nacional.
Inicialmente, 72 exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz empezaron un proceso de capacitación de la mano del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para iniciar esta labor de documentación. Actualmente, la Comisión cuenta con 101 integrantes, entre excombatientes de las antiguas Farc y pobladores de algunas regiones comprometidos con este proceso.
Velásquez, de FEVCOL, critica fuertemente esa Comisión, pues considera que las familias que perdieron a sus seres queridos a manos de las Farc no contribuirán con ellos y considera que su gestión es cuestionable porque “eso sería autoculparse de un delito sistemático como lo fue el secuestro, la desaparición y muerte de muchas personas”.
Hasta septiembre, la Comisión documentó 586 posibles casos de personas desaparecidas. Dicha información fue entregada a la Unidad para que se active la ruta sobre estos registros. Al respecto, John León, coordinador de la Comisión, considera que la articulación con la UBPD ha sido positiva aun cuando no cuentan con un recurso para realizar estas labores y se han valido de sus esquemas de protección para desplazarse por el país. (Ver infografía)
“Hay que decir que hay una serie de retrasos que, un poco, generan preocupación, que ponen en alerta, sobre todo, a las víctimas y a los familiares que están buscando personas que se encuentran desaparecidas y eso incluye a los excombatientes de las Farc que estamos buscando a nuestros seres queridos desaparecidos en el marco del conflicto”, cuenta León.
Restricciones en campo
La expansión del Covid-19 frenó las acciones de varias instituciones, pero ninguna se vio tan afectada como las labores en territorio de la UBPD. Las restricciones para prevenir el contagio obligaron a la Unidad a priorizar labores de contrastación de información y tramitación de solicitudes de búsqueda que, para mediados de junio de este año, superaba las 16 mil.
Durante ese tiempo, entregó recomendación para la protección y preservación de cuerpos de personas que podrían corresponder a desaparecidos y permanecen en diferentes cementerios del país, fortalecido a través de medidas cautelares que se ha adelantado en articulación con la JEP para la protección de estos.
De otro lado, los niveles de violencia y control territorial de actores armados ilegales en diferentes regiones en donde la Unidad de Búsqueda debe adelantar su trabajo humanitario, así como la construcción de confianza con las comunidades, ha sido uno de los obstáculos más preocupantes.
Los firmantes del Acuerdo que han adelantado labores de recolección en departamentos como Meta, Arauca, Nariño, Cauca o Antioquia expresaron “la presencia relacionada a la búsqueda de personas desaparecidas no es muy bien recibida”.
El componente de las antiguas Farc de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha denunciado que contra sus miembros se han generado persecuciones, amenazas, hostigamientos y hasta atentados, como fue el caso de los impactos de bala que recibió el esquema de protección de Jaime Alberto Parra Rodríguez, también conocido como ‘Mauricio Jaramillo’, encargado nacional de la Comisión de Búsqueda de las Farc, el 19 de agosto de este año en Popayán, Cauca.
La Procuraduría reconoció el panorama de riesgo y le sumó uno más que complica esas labores: “La presencia de minas antipersonal y artefactos explosivos en los territorios, que pone en riesgo a los funcionarios y funcionarias de la entidad que se desplazan para adelantar acciones de localización, prospección o recuperación de cuerpos. Es importante que la UBPD se articule con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), como coordinadora de la Acción Integral contra Minas, para garantizar un mínimo de protección cuando se realicen labores en terreno”.
Acciones para mejorar la búsqueda
“¿Dónde está la estrategia de búsqueda?”, se pregunta Diana Arango, directora de Equitas, organización dedicada a la ubicación de personas desaparecidas desde la aplicación de diversas áreas del conocimiento.
“Yo creo que uno de los grandes problemas de la Unidad de búsqueda es que no hay una estrategia de búsqueda clara”, y por eso considera que no es claro cómo se implementa la búsqueda en territorio, cómo desplegar los equipos de la institución y priorizar departamentos del país que tiene altas casos de desaparición.
De acuerdo con la Unidad, se cuenta con el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) y con 22 planes regionales de búsqueda que se consideran herramientas de planeación de carácter participativo que permite la recolección de información, localización, prospección, recuperación y entrega digna en una región geográfica delimitada y diferenciada.
Sobre el PNB y sus capítulos regionales, una de las alertas la emitió a finales del 2020 el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, en su seguimiento a la implementación al Acuerdo de Paz. A su juicio, la Unidad de Búsqueda no había trazado un cronograma para su implementación.
Esa falla empezó a ser subsanada en junio de este año, con 10 encuentros con víctimas y organizaciones de la sociedad civil y 16 encuentros con entidades del Estado, en los que trazó las metas, responsabilidades y el cronograma del PNB. De ese modo, a corto plazo se buscarán a 1.754 personas dadas por desaparecidas en 20 regiones del país.
Es claro que la búsqueda no es sencilla, pero “no es una tarea que se pueda abordar de caso a caso porque entonces nunca vamos a terminar”, advierte la directora de Equitas. Para Arango, la priorización de la consolidación del universo de víctimas es uno de los puntos clave para conseguir mayores resultados, pero le preocupa que sólo hasta hace pocos meses el discurso de la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, se aludiera a búsquedas masivas.
“Los planes regionales no deberían estar basados solamente en la solicitud que hacen las víctimas, sino que la Unidad, por decirlo de alguna manera, debería estar investigando de oficio y para eso sirve el análisis y cruce de diferentes bases de datos que le permite establecer que, en Antioquia, por ejemplo, hay 36 mil personas que aún continúan desaparecidas a la fecha”, plantea Arango.
Mientras el trabajo de la Unidad despega, las víctimas y sus organizaciones continuarán haciendo incidencia para que la UBPD entregue mejores resultados y sus seres queridos sean hallados para dignificar su memoria y honrar su vida.
*VerdadAbierta.com intentó entrevistar a Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, pero hasta al cierre de esta edición la institución no definió una fecha de encuentro.
