“No todo ha sido malo”, afirma Yulieth Villa, una antigua combatiente de la extinta guerrilla de las Farc, al hablar sobre lo que ha significado el proceso de reincorporación para ella, una mujer que estuvo en la lucha armada por más de 10 años. “Como personas, hemos tenido oportunidades: formar un hogar, tener una nueva vida, estar cerca de los hijos. De cierta manera, ha sido positivo para nosotros”, agrega.
Pero su visión sobre ese paso de la vida en armas a la legalidad se torna crítica cuando profundiza en sus reflexiones y contrasta su pasado en la guerra con el presente, cuya vida transcurre en El Oso, Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) situado en el municipio de Planadas, departamento de Tolima, uno de los 24 espacios que existen en el país dispuestos para fortalecer el proceso de reintegración integral a la vida civil de por lo menos 3 mil exguerrilleros que aún permanecen en ellos.
“A veces nos ponemos a pensar si perdimos o no el tiempo en la organización (las Farc)”, cuenta la excombatiente. “Fueron muchos días en los que se perdieron vidas, se derramó mucha sangre, y al mirarnos cómo estamos ahora no encontramos respuestas. Estuvimos arriesgando la vida por un cambio y vienen y se inventan un acuerdo de paz para un cambio y en vez de avanzar, retrocedimos”.
Para justificar su apreciación, invoca la figura de Pedro Antonio Marín, conocido como ‘Manuel Marulanda Vélez’, uno de los fundadores de la antigua guerrilla de las Farc: “La lucha del camarada Manuel era por una escuela, una carretera, un puesto de salud. Y uno se pone a mirar, y las necesidades siguen siendo las mismas: faltan escuelas, carreteras, puestos de salud”.
Fredy Escobar Moncada, un excombatiente con formación universitaria que, actualmente, desarrolla actividades académicas en una de las principales ciudades del país, le da un valor significativo a la desmovilización y desarme de los excombatientes, presentándolos como uno de los principales logros del Acuerdo de Paz.
“Más allá del proyecto político, más allá de las aspiraciones que se podrían tener como organización, y ahora como partido político, la verdad es que en Colombia, esas personas ya están pensando en otra cosa que no sea la lucha armada”, resalta y agrega que esa decisión le aporta “a una sociedad distinta, a una sociedad en paz; también aporta a lo que nosotros podríamos empezar a llamar la convivencia, la concordia, la tolerancia, el respeto a la diferencia, a la oposición política; y no le están colocando víctimas a este conflicto”.
Pero al contrastar con la realidad de los hombres y mujeres que iniciaron el camino a la legalidad, bajo el Acuerdo de Paz, la visión de Escobar también se torna crítica y llama la atención sobre la visión del Estado en este proceso: “El Acuerdo de Paz se estipuló como reincorporación colectiva y de todas maneras el Estado continúa con la reincorporación individual”.
¿Y qué consecuencias tiene esa política estatal? Para Escobar, una reincorporación con enfoque individual “choca política, ideológica, incluso en el campo económico y social con la reincorporación colectiva, porque aquella despolitiza, desideologiza, individualiza, y finalmente el objetivo pareciera que es la dispersión y no la continuidad, por ejemplo, de una comunidad integrada”.
La otra cara de la monera lo expone la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad estatal que tiene la responsabilidad de atender el proceso de reincorporación de aquellos hombres y mujeres que dejaron las armas bajo el Acuerdo de Paz, bajo la política de Paz con Legalidad, impulsada por el gobierno nacional.
De acuerdo con la ARN, se desmovilizaron 14.708 personas pertenecientes a las antiguas Farc, de las cuales 12.925 se encuentran en proceso de reincorporación. Y según la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, a la fecha han aprobado 3.661 proyectos productivos, de los cuales 101 tienen carácter colectivo y 3.560 individuales, por un valor total de 75.264 millones de pesos, que vinculan a 7.822 personas en reincorporación, llegando así al 60,5 por ciento de los excombatientes reincorporados.
Cinco años después de iniciada la reincorporación a la vida legal de los excombatientes, las visiones contrastan y su interpretación depende del cristal con que se mire este proceso. Del lado de los beneficiarios, hay reconocimiento de logros acompañadas de críticas; y del lado del Estado, hay cifras que las controvierten.
Desde los territorios
Carlos Grajales pasó de tener un fusil terciado al hombro a presidir la cervecería artesanal La Roja, uno de los proyectos productivos más reconocidos de los reincorporados cuya idea surgió en 2017 en el ETCR constituido en el municipio de Icononzo, departamento de Tolima, como una respuesta, según él, al incumplimiento del Acuerdo por parte del gobierno nacional en la financiación de proyectos productivos viables para los excombatientes.
Sin embargo, el proceso de montaje y desarrollo de esa iniciativa cervecera no ha sido fácil. Al comienzo se encontraron con las regulaciones que exige el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para otorgarles el registro sanitario, entre ellas tener una planta de producción, y con las normas de planeamiento que aplicaban para el ETCR de Icononzo.
“Conseguimos la plata para construir la planta y no se puede construir porque el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) del municipio tiene un uso de suelo pastoril y para pasar al uso industrial toca hacer un ejercicio de voluntad política del gobierno y alcaldía y ninguno nos ayudó. Por eso nos vinimos para Bogotá”, explica Grajales, lo que implicó abandonar el ETCR, decisión que hasta ese momento no estaba en sus planes.
Este exguerrillero define el proyecto cervecero como “una asociación en la lógica de la economía solidaria”, cuyas ganancias se donan a proyectos territoriales de las comunidades, entre ellos la construcción de jardines infantiles para los hijos de sus compañeros en proceso de reincorporación. “No tendría sentido haber luchado contra el capitalismo durante muchos años para montar una empresa capitalista para cuatro o cinco volvernos millonarios, no es nuestro objetivo”, enfatiza Grajales.
Las trabas burocráticas también inciden para que los excombatientes tengan dificultades en el acceso a tierras productivas para adelantar su proceso de reincorporación económica y social, situación que les preocupa ostensiblemente si se tiene en cuenta el origen rural de cientos de antiguos guerrilleros que se acogieron al Acuerdo de Paz.
“Necesitamos tierra para nuestros proyectos productivos, para tener nuestras casas, si podemos tener proyectos productivos estamos construyendo paz”, insiste Joverman Sánchez, un antiguo jefe guerrillero que lidera un proceso de reintegración social y económica en el municipio de Mutatá, Urabá antioqueño.
A su juicio, las medidas del gobierno nacional son insuficientes y, además, presentan fallas: “Nos están dando muy poca comida, con muchas dificultades y eso siempre es una pelea. Tenemos una bancarización, en eso nos cumplen, pero no es la esencia del Acuerdo. Necesitamos la tierra para trabajar y necesitamos que no nos maten para que podamos trabajar la tierra”.
La preocupación de Sánchez sobre la seguridad de los excombatientes tiene asidero en la realidad: A la fecha, han sido asesinados 290 firmantes del Acuerdo de Paz en diversas regiones del país, un saldo trágico para quienes confiaron en los pactos logrados en La Habana, Cuba. (Leer más en: Seguridad de excombatientes: una deuda que ha cobrado 290 vidas)
A cientos de kilómetros del Urabá antioqueño, hacia el sur del país, el exguerrillero Diego Ferney Tovar llama la atención sobre otro de los temas más sensibles en el proceso de reincorporación: las políticas públicas municipales que garanticen el acceso a derechos de los antiguos miembros de las Farc desmovilizados y sus familias.
Tovar hace parte del grupo de excombatientes que se concentraron en el ETCR construido en el municipio de La Montañita, departamento de Caquetá, y desde allí llama la atención sobre la situación de quienes viven en ese espacio territorial.
“Nosotros hoy estamos excluidos de la política pública del municipio de La Montañita. Vaya al esquema de ordenamiento territorial, que es de donde se deriva el plan de acción de la Alcaldía y mira qué hay para Agua Bonita, para el pueblo Héctor Ramírez, y no hay nada porque no aparece en la política pública”.
Y continúa: “En administración pública se dice si usted no existe en la política pública usted no existe para ninguna institución, aquí nos ha tocado darnos una pelea para que se sisbenice la gente y tuvo el descaro el gobierno local, amparado por el gobierno nacional, de decir que aquí no se podía sisbenizar porque nosotros éramos firmantes del Acuerdo y estábamos en otro programa”.
El Sisben (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) es una herramienta del Estado mediante la cual se clasifica a la población menos favorecida de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos con el fin de focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan.
“Para acceder a salud necesitamos estar sisbenizados, pero resulta que no se trata solamente de los firmantes, se trata de los hijos de los firmantes. Aquí tenemos una población de más de 100 niños”, detalla Tovar y denuncia que en La Montañita tampoco no los admiten en el Sisben, lo que limita el acceso a derechos básicos, como la salud y la educación.
En claroscuro
Escobar reconoce que el proceso de reincorporación social, económica y política responde al balance propio de la implementación del Acuerdo del Acuerdo de Paz que, a su juicio, “tiene aspectos muy positivos, pero, obviamente, también tiene aspectos muy desafortunados”.
Si bien destaca la continuidad de la asignación mensual o renta básica, que consiste en un aporte estatal del 90 por ciento del salario mínimo legal vigente para los excombatientes, considera, sin embargo, que ese aporte “no tiene el acompañamiento, la simultaneidad, la sinergia de los proyectos productivos, entonces la renta básica termina siendo útil, pero no suficiente para el regreso a la vida civil”.
Este exguerrillero hace una valoración crítica de los proyectos productivos tras considerar que están por verse aquellos proyectos de impacto, “que genere ingresos, que ayude a resolver problemas, que lleve a la gente pasar de una economía de la guerra a una economía familiar”.
A su juicio, la principal amenaza en los ETCR es la miseria y la pobreza, “y con eso una reincorporación, una reintegración a la vida civil, en las mismas condiciones que, en ciertas ocasiones, propician, conflicto armado”.
Además, llama la atención sobre aquellos que están por fuera de esos espacios, como los 350 excombatientes radicados en Medellín, quienes, a su juicio, “viven en condiciones de mucho riesgo social, económico y político”.
Y agrega: “Cuando se hizo el trabajo de causas y consecuencias de la guerra, también se identificaron ejes de persistencia, y uno de los ejes de persistencia que aporta a la pervivencia del conflicto armado, es precisamente el fracaso a la vida civil de excombatientes. El fracaso en eso significa un fracaso de una política de paz”.
Por su parte Pastor Alape, exjefe guerrillero que hace parte del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), asegura que el proceso de reincorporación “va en marcha, enfrentando y superando muchos obstáculos porque no ha habido un compromiso efectivo de parte del gobierno”.
Sobre los avances, reconoce la permanencia de la mayoría de los ETCR que, poco a poco, se van convirtiendo en centros poblados, pese a las dificultades que han enfrentado, sobre todo en temas de seguridad.
En estos cinco años de implementación del Acuerdo de Paz, por lo menos cuatro de esos espacios han enfrentado problemas: el primero de ellos fue el de la vereda Gallo, de Tierralta, Córdoba, que fue trasladado por decisión de los exguerrilleros al municipio de Mutatá, Antioquia; el segundo fue el de La Elvira, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, cuyos pobladores se desplazaron y se dispersaron; el tercero fue el de Santa Lucía, en Ituango, que tuvieron que trasladarse a Mutatá, para preservar sus vidas.
Y justo el cuarto se registró este fin de semana, en el ETCR Urías Rendón, del municipio de El Doncello, departamento de Caquetá, del que se vieron obligados a desplazarse 106 familias firmantes del Acuerdo de Paz por acción de grupos armados ilegales. Para atender esta situación, se activó la Ruta Integral de Reasentamiento. (Ver comunicado)
Pese a las dificultades, el representante de las antiguas Farc en la CNR resalta las iniciativas propias de los excombatientes, quienes “han venido construyendo procesos productivos que van siendo reconocidos en el país. Aquí lo que se recoge es una iniciativa y creatividad permanente de los reincorporados”.
Para respaldar su crítica contra el gobierno nacional, Alape hace un listado de faltantes que, de hacerse efectivos, fortalecerían el proceso de reincorporación: “Todavía no hay tierra para proyectos productivos ni colectivos ni individuales; no hay tierra para vivienda ni plan de vivienda; no hay un programa concreto para la educación; y no hay un programa que garantice acceder a derechos concretos a los adultos mayores, a las personas con discapacidades y enfermedades de alto costo”.
Y adiciona a ese listado la falta de acceso a créditos bancarios, un asunto que complica el proceso de inserción económica. “Cada que llegan a solicitar un crédito aparecen procesos judiciales. Todos tenemos esa situación y, obviamente, los bancos prenden alarmas”, dice el exjefe guerrillero.
“No es posible desarrollar actividades concretas en asociaciones, en procesos cooperativos, asociativos —agrega— porque de, igual manera, nos encontramos con esas limitaciones” y advierte que, en ese sentido, “no ha habido una acción concreta de transformación o ajuste normativo para poder garantizar la reincorporación, el tránsito concreto de los hombres y mujeres de las Farc a la institucionalidad”.
En su análisis, Alape considera que parte de las falencias que enfrenta el proceso de reincorporación se debe a la desarticulación del Estado, una situación que, a su juicio, el Acuerdo de Paz intentó corregir, pero que al hacer un balance de los cinco años de su implementación aún no se ha logrado, entre otras razones porque hay “funcionarios que no entienden, que no son claros, que no se trata de una ciudadanía sometida, sino que es una ciudadanía que firmó un Acuerdo de Paz, y es protagonista de ese Acuerdo”.
¿Y la empresa privada?
Escobar y Alape destacan los avances que se han logrado integrando al proceso de reincorporación alianzas con el sector privado, nacional y extranjero. El primero de ellos resalta la voluntad de algunos empresarios en “querer ayudar, expresar su filantropía, su responsabilidad social”, pero insiste en señalar que, por su enfoque individual, la reincorporación política va quedando relegada porque, de alguna manera, choca con el debate por la disputa del poder político.
Alape, por su parte, destaca las alianzas productivas con el sector privado que, a su juicio, ofrecen una experiencia en la lucha por implementar el Acuerdo de Paz, y dice que se “ha ido sumando, pero con mucho temor. Creemos que hace parte de ese proceso que se informe más, que vea más lo que se está haciendo”.
Resalta, eso sí, el papel que vienen cumpliendo en la reincorporación la Fundación Proantioquia, que reúne en el departamento de Antioquia a un nutrido grupo de empresarios que promueven iniciativas de desarrollo regionales y nacionales, y a la Federación Nacional de Cafeteros. “Pero sí falta más asistencia —afirma—, más actividad de parte del gobierno, para que el empresariado vea que aquí también hay unas oportunidades y que se si se establecen alianzas se pueden construir paz en los territorios”.
La información aportada por la ARN para este reportaje permite establecer con detalle la participación de empresas privadas en distintos niveles del proceso de reincorporación de los excombatientes de las antiguas Farc. En su exposición, resalta que esta agencia “ha logrado consolidar un fuerte relacionamiento con actores externos estratégicos que han apoyado desde distintos frentes la Política Nacional de Reincorporación”.
En consonancia con ello, detalla que, con relación al apoyo a sectores productivos, tanto de carácter individual como colectivo, se han recibido aportes “en especie, en fortalecimiento, monetarios, en asesorías, alianzas comerciales, apoyo en comercialización, vacunación para ganado y formación” por parte de 24 organizaciones privadas.
Otra de las maneras de vinculación es a través del fortalecimiento de las formas asociativas en “ámbitos comercial, financiero, productivo, organizacional por medio de diferentes actores locales, nacionales, públicos, privados y de cooperación internacional”. De acuerdo con la ARN, ese tipo de acciones se reflejan en “acompañamiento en procedimientos para la formalización, procesos de formación, transferencia tecnológica y servicios financieros”.
Con respecto al apoyo de inclusión social de los excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, la ARN reporta que la ejecución de “acciones orientadas a sensibilizar al sector privado, en los cuales se incluye la socialización de las políticas de reintegración y reincorporación, de las características y necesidades de la población atendida por la entidad siendo este un elemento de fundamental para la promover su vinculación laboral”.
De acuerdo con esa agencia estatal, en esta línea de trabajo “se presentan las necesidades de la población para identificar caminos de articulación con el sector privado”, un aspecto clave para fortalecer los procesos de integración a la vida legal.
(Ver tabla N. 3)
Vivienda, cuello de botella
En su análisis para este reportaje, Alape llama la atención sobre las dificultades que existen para concretar programas de vivienda que favorezcan a los excombatientes. La excombatiente Villa, del ETCR de El Oso, asevera que al Estado colombiano construir casas dignas. “En las que vivimos ahora las llamamos cajas de cartón”, ironiza. “A nosotros porque nos toca, y no se nos hace duro porque estamos enseñados a situaciones peores, a vivir debajo de un caucho. En esta nueva actualidad de nuestra vida, nosotros si esperábamos algo mejor”.
De hecho, advierte que, en un principio, se les había consultado en qué material querían las casas y todos los que estaban en ese ETCR propusieron en adobe y concreto, pero la realidad fue otra: se construyeron en superboard, unas placas de fibrocemento cuya resistencia ponen en duda. “Eso hasta lo atraviesa una pedrada”, dice Villa.
En respuesta al respecto, entregada a este portal, la ARN explica que los procesos de vivienda en los ETCR se adelantan de manera conjunta con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y deben pasar por tres procesos hasta su ejecución: desarrollo de estudios de prefactibilidad, identificación de beneficiarios de subsidios y formulación técnica.
Según esta agencia estatal, la Universidad Nacional sede Medellín acreditó la viabilidad del desarrollo de proyectos de vivienda en los predios de los ETCR de Llano Grande, municipio de Dabeiba, Antioquia; La Fila, municipio de Icononzo, Tolima; Filipinas, municipio de Arauquita, Arauca; Mutatá, municipio de Mutatá, Antioquia; y Los Monos, localizado en el resguardo indígena de San Lorenzo, municipio de Caldono, Cauca.
Ese centro de estudios superior también adelanta los estudios de prefactibilidad en ocho ETCR: Los Monos II, resguardo indígena de Tumburao, municipio de Silvia, Cauca; Las Colinas, municipio de San José del Guaviare, Guaviare; El Estrecho, municipio de Patía, Cauca; La Variante, municipio de Tumaco-Nariño; Charras, municipio de San José del Guaviare, Guaviare; Yarí, municipio de El Doncello, Caquetá; La Plancha, municipio de Anorí, Antioquia; y Pondores, municipio de Fonseca, La Guajira.
A la fecha del cierre de este artículo, estaban pendientes por estudios de prefactibilidad los 12 ETRC restantes.
Con respecto a los subsidios de vivienda, la ARN se encuentra adelantando la identificación de los potenciales beneficiarios en los ETCR de Los Monos I y II (Resguardo San Lorenzo y Tumburao), Pondores, Mutatá, La Plancha y Yari. Adicionalmente, esta agencia remitió el listado de potenciales beneficiarios de los ETCR de Llano Grande (109 potenciales hogares) y Filipinas (187 potenciales hogares) a Fonvivienda para su respetivo estudio.
Evaluaciones externas
En medio de las posiciones esgrimidas por los exguerrilleros de las antiguas Farc y la ARN, en representación del Estado, se encuentran las entidades de control y las organizaciones de la sociedad civil que le hacen seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, cuyos análisis ponderan los avances y las tareas pendientes.
En el Tercer Informe al Congreso sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz presentado al Congreso de la República, remitido en agosto pasado, la Procuraduría General de la Nación expuso su preocupación por la visión que tiene la ARN sobre el Sistema Nacional de Reincorporación (SNR), un instrumento creado con el Conpes 3931 de 2018 para hacerle seguimiento al proceso de reincorporación de los excombatientes de las antiguas Farc.
De acuerdo con el informe de este ente de control, cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz no se cuenta “con un plan para avanzar en la formalización del SNR, y, por el contrario, no se percibe como una instancia necesaria para la implementación de la política […] En este sentido, se desconoce que la creación del SNR es un compromiso que quedó consignado en el Conpes 3931 de 2018”.
Adicional a ello, a Procuraduría se mostró inquieta con que “las acciones de la ARN se continúen expandiendo sin que se cuente con un instrumento formal que garantice el acompañamiento de la institucionalidad competente para atender a la población, como ha reiterado este órgano de control en los pasados informes al Congreso y en otras instancias”.
El Ministerio Público destacó algunos logros de la implementación, como la normatividad que regula el acceso a la vivienda, la aprobación de la ruta de reincorporación social y económica a largo plazo, la consolidación de los ETCR, los procesos de compra de tierras y el desarrollo de sus proyectos productivos.
No obstante, reiteró el “llamado a garantizar un impacto y mejoramiento en la calidad de vida de las personas en proceso de reincorporación y sus familias, para lo cual, se reitera la importancia de contar con un instrumento que permita medir la incidencia de la política pública y con ello identificar aspectos a fortalecer en la oferta social del Estado”, en alusión al Sistema Nacional de Reincorporación.
El tema fue retomado, en su último análisis trimestral, por el Instituto Kroc, de la Universidad Notre Dame, para el periodo julio-septiembre de este año. Esta institución también resaltó los logros hasta ahora alcanzados, pero indicó que está por concretarse “la construcción y la implementación del Sistema Nacional de Reincorporación (SNR) para la articulación y el seguimiento a los programas, planes y proyectos propios del proceso de reincorporación”. El exjefe guerrillero sintetiza lo que se requiere para fortalecer el proceso de reincorporación de cara a los próximos años: “Hay que sumar unas acciones, esfuerzos de toda la sociedad colombiana, cambiar la correlación de fuerzas, fortalecer la emoción de la paz para avanzar por un camino más despejad
