“Mientras en el país se hablaba de paz y de implementar los acuerdos para lograr la no repetición de la violencia, en nuestros territorios pronto volvieron las amenazas, los asesinatos selectivos y las masacres”, se lamenta Juan Manuel Camayo, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), encargado de monitorear las violaciones de derechos humanos que padece el pueblo Nasa.

Entre finales de 2016 y principios de 2017 las Farc dejaron sus armas en cumplimiento del Acuerdo de Paz y se esperaba que el Estado copara, de manera integral, las zonas que controló durante años la antigua guerrilla, con desarrollo y seguridad, para llenar ese vacío de poder, evitar nuevos ciclos de violencia y saldar las deudas históricas que padecen las poblaciones más golpeadas por el conflicto armado.

No obstante, la criminalidad fue más rápida que la institucionalidad. De ahí que la situación descrita por Camayo no es exclusiva de su región: se replicó en diferentes departamentos del país.

Grupos armados que colindaban con las otrora Farc, guerrilleros que se alejaron del proceso de paz y hombres que retomaron las armas tras la desmovilización, ganaron esa carrera y se tranzaron en nuevas disputas por el control territorial. Quienes están pagando los platos rotos son las comunidades campesinas, negras e indígenas, a las que el Acuerdo de Paz les hizo la promesa de la no repetición de la violencia, pero cinco años después, aún no se cumple.

Así lo explicó Michel Forst, entonces relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, en su informe sobre la situación de Colombia en 2019: “La desmovilización de las FARC-EP no conllevó la movilización y presencia estatal integral en las zonas antes bajo su control, lo que permitió la reorganización del poder a manos de grupos armados ilegales y grupos criminales en torno a economías ilícitas, ante la inacción y/o ausencia del Estado”.

Comunidades de Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Arauca y Norte de Santander, pudieron descansar del estruendo que producen la detonación de fusiles y explosivos durante la etapa final de las negociaciones de paz que se adelantaron en Cuba y los primeros meses de implementación del pacto que le puso fin a una guerra que se prolongó por más de 50 años.

Entre noviembre de 2012 y agosto de 2016 los delegados del entonces presidente de Juan Manuel Santos (2010-2018) y de las antiguas Farc negociaron una agenda de seis puntos para entablar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Durante ese tiempo disminuyeron los desplazamientos forzados, los confinamientos, las masacres y las muertes de civiles por enfrentamientos entre grupos armados.

El único indicador que aumentó en ese periodo fueron las amenazas y están relacionadas con los diálogos: los encuentros que tuvieron víctimas del conflicto con los negociadores en La Habana despertaron una ola de amenazas masivas. (Leer más en: Víctimas en La Habana: los que fueron y los que faltaron)

Lo paradójico es que, a partir de 2017, justo cuando comenzaron la implementación del Acuerdo de Paz y las políticas del denominado posconflicto, volvieron a crecer las cifras de la violencia. Esa fluctuación se refleja en diferentes indicadores consolidados por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El desescalamiento y la agudización del conflicto también se reflejan en indicadores a través del tiempo. Durante las negociaciones de paz los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el grupo armado más grande del país decayeron, generando un efecto positivo. Una vez desmovilizado, aumentaron por las disputas territoriales en las que entraron viejos y nuevos grupos armados. En la mayoría de indicadores y casos consolidados por OCHA, el año 2017 registra el punto de inflexión hacia escalada de la violencia.

Sobre ese panorama, Andrés Cajiao, investigador del Área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señala que, desde la dejación de armas de las Farc a la fecha, el país ha travesado por tres etapas distintas.

Una primera es de gestación de nuevos grupos armados. Ocurrió por cuenta de aquellos jefes de las antiguas Farc que se alejaron del proceso de paz antes de que se firmara el Acuerdo, como sucedió con Miguel Botache Santilla, alias ‘Gentil Duarte’, quien opera en los departamentos de Meta y Guaviare.

La siguiente etapa es de reconfiguración territorial, ocurrida entre 2018 y 2019, cuando “se ven recrudecimientos importantes en diferentes zonas del país, como en el Pacífico nariñense, Cauca, el Catatumbo, la expansión del Eln al sur de chocó y las intenciones de los gaitanistas (Agc) de ocupar Chocó desde Urabá”. (Leer más en: Radiografía de los 30 grupos surgidos tras el desarme de las Farc)

La última epata transcurre desde finales de 2019, con la resolución de algunas disputas: “El Eln queda como dominante en el Catatumbo, aunque hay disputa en Tibú; Arauca se estabilizó; en el sur de Meta quedó el Bloque Jorge Briceño, al comando de ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’”. No obstante, Cajiao aclara que persisten intensos enfrentamientos en Nariño, Chocó, Cauca, Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño.

Nuevo escenario

Tras las desmovilizaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y de la guerrilla de las Farc, ocurridas entre 2003 y 2006, y 2016 y 2017, respectivamente, las dinámicas del conflicto armado en Colombia cambiaron sustancialmente. Se pasó de un conflicto de grandes estructuras armadas, con fuerte jerarquía vertical y alcance nacional, a varios con grupos de alcance local y regional.

«La situación actual la hemos llamado conflictos focalizados o confrontaciones armadas focalizadas, para distinguirla de la década anterior, cuando se mantuvo una situación de guerra bastante generalizada. Ahora hay un cambio, que pasó por un periodo de desescalamiento después del año 2012 y entramos en conflictos de baja intensidad», explica Camilo González Posso, presidente Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Ese centro de estudios publicó el pasado 4 de octubre el informe Los Focos del Conflicto en Colombia, en el que caracterizó a los actuales grupos armados y su accionar. Entre ellos están 22 estructuras de grupos surgidos tras la desmovilización de las Auc que son denominados como narcoparamilitares, 30 estructuras posdesmovilización de las Farc y ocho frentes de guerra de la guerrilla del Eln.

Esa investigación registra que durante 2020 los grupos neoparamilitares tuvieron actividad en 291 municipios, los rearmados y disidentes de las Farc en 123, y el Eln en 211. La investigación encontró ocho focos de confrontación. 



Al respecto, el informe plantea que esos “focos territoriales no son nuevos escenarios del conflicto, pero dentro de ellos las dinámicas se transformaron por la reconfiguración armada y, con esto, los niveles de violencia o las interconexiones entre sí”.

González señala que la situación actual es producto de las dificultades de la transición al posconflicto: “Con la firma del Acuerdo de Paz no se resolvieron problemas estructurales de disputa por territorios y poder mediante las armas: se volvió una parte de un modelo el utilizar las armas para hacer riqueza y retener poder. Esas disputas son muy fuertes y siguen teniendo impacto en 300 municipios del país”.

Por otro lado, Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (Core), plantea que el conflicto armado tiene menor alcance, se está degradando y criminalizando: “Cada vez va a ser más local y regional. No creo que Colombia vaya a tener un conflicto con actores que piensen en amenazar el poder del Estado central y se quedarán en lo local”.

Sobre la degradación, plantea que está vinculada al aumento en la intensidad de luchas por control territorial: “Dentro de esas disputas hay una degradación en términos de repertorio de violencia contra la población civil, que son más duros que los que existían antes de la negociación de paz con las Farc. Por eso hay un aumento de confinamientos y asesinatos”. (Leer más en: Masacres, estrategia de terror en múltiples confrontaciones y ¿En 2020 ocurrieron 147 masacres?)

Una de las principales razones que Johnson le atribuye a esa degradación es la juventud y falta de formación de quienes están al frente de los grupos armados ilegales. “Los principales actores son más jóvenes que con las Farc y el Eln hace 15 años. Son jóvenes que crecieron en un contexto muy distinto, en otro momento internacional y en otra cultura local. No tienen esa raíz de lucha campesina”, precisa.

En ese planteamiento coincide Camayo, de la Acin, quien sostiene que el posconflicto ha sido mucho más grave que el conflicto armado: “El Acuerdo de Paz lo que hizo fue dividir estructuras armadas y ahora no se sabe con quién hablar sobre temas humanitarios. No hay forma de tener diálogo y tampoco respetan a las comunidades ni a sus autoridades”.

Lamentablemente, los hechos respaldan esa afirmación, pues en el norte de Cauca, la decisión de los resguardos indígenas de ejercer su derecho a la autonomía territorial y gobierno propio, tras la desmovilización de las antiguas Farc, les ha costado la vida a decenas de miembros de la Guardia Indígena y autoridades ancestrales, al oponerse a la presencia de grupos armados y la explotación de rentas ilegales. (Leer más en: La dolorosa e incesante cuenta de cobro a los Nasa)

En Cauca tienen presencia seis disidencias de las Farc, que se desprendieron de los frentes 6 y 30: la Columna Jaime Martínez, la Columna Dagoberto Ramos, el Frente Carlos Patiño, el Frente Rafael Aguilera, el Frente Ismael Ruiz y el Frente Diomer Cortés. Además, está el Eln y permanentemente circulan amenazas a nombre de las 'Águilas Negras' y de las Agc, aunque la Policía señala que en ese departamento no hay presencia de grupos paramilitares.

Los efectos de la reconfiguración o desorden de grupos armados que trajo el posconflicto también se sienten en el Catatumbo. Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, que monitorea las violaciones de derechos humanos en esa región fronteriza del departamento de Norte de Santander, señala que antes de 2016 estaba diferenciado el control de cada grupo armado.

“Después de los acuerdos, hoy en día, existen tres grupos de disidencias en la región: el Frente 33, que el gobierno dice que trabaja con 'Gentil Duarte'; la Segunda Marquetalia, de 'Iván Márquez'; y el Frente 41, de 'Otoniel'. De tener al Frente 33 claramente establecido con sus dominios e intereses, pasamos a tener tres grupos disidentes de las Farc en la región. Hay tensiones entre el 33 y el 41, pero menos mal ha bajado la confrontación entre el Epl y el Eln”.

Al cumplirse cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, las comunidades que más han sufrido por la guerra se sienten en un momento desesperanzador. Así lo plantea Richard Moreno, miembro del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), espacio en el que comunidades negras e indígenas impulsan un acuerdo humanitario para ese departamento, que padece constantes desplazamientos forzados y confinamientos por los enfrentamientos entre las Agc, el Eln y la Fuerza Pública.

“La firma del Acuerdo generó algunos niveles de tranquilidad que no habíamos tenido, pero duraron alrededor de uno o dos años. Nosotros creemos que el gobierno nacional, de manera intencional, no copó, con inversión social, los territorios que dejaron las Farc y permitió el reciclaje y reconfiguración de actores armados, de los mismos que ya estaban y de otros que han llegado. Hoy seguimos con la misma ausencia y negación del Estado, la misma apatía de los gobernantes locales y las comunidades siguen sufriendo las peores consecuencias. (Leer más en: En menos de un mes, el San Juan se volvió un infierno)

¿Y las autoridades?

En medio de la actual espiral de violencia, en la que año tras año aumentan los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc en vía de reincorporación, las masacres, los desplazamientos forzados y los confinamientos, el Ministerio de Defensa reporta cifras con las cuales rebate las críticas que le hacen distintos sectores sociales.

En respuesta a una consulta de VerdadAbierta.com, esa cartera de gobierno asevera que para consolidar y proteger las regiones donde estuvieron las antiguas Farc, la Policía Nacional realizó 866 operaciones entre el 24 de noviembre de 2016 y el pasado 30 septiembre, y las Fuerzas Militares mantienen once “operaciones mayores” conjuntas en todo el país.

Además, que, para cumplir con los objetivos de la Política de Defensa y Seguridad, ha ejecutado el Plan Estratégico Estabilización y Consolidación Victoria, el Plan de Guerra Victoria Plus y el vigente Plan de Guerra Bicentenario Héroes de la Libertad.

Además, que, para cumplir con los objetivos de la Política de Defensa y Seguridad, ha ejecutado el Plan Estratégico Estabilización y Consolidación Victoria, el Plan de Guerra Victoria Plus y el vigente Plan de Guerra Bicentenario Héroes de la Libertad.

También presenta logros en materia de incautación de drogas, destrucción de laboratorios de procesamiento de narcóticos, erradicación de hectáreas cultivadas con coca y capturas relacionadas con la minería ilegal, que son las dos principales fuentes de financiación de los grupos criminales.


Por otro lado, destaca que las operaciones de la Fuerza Pública permitieron capturar, dar de baja y desmovilizar a 27.281 integrantes del Eln, del 'Clan del Golfo' (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), de 'Los Caparros', de 'Los Pelusos' y de 'Los Puntilleros', entre otros grupos armados ilegales. Asimismo, reporta que, en los últimos cinco años, fueron heridos 358 uniformados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; y 98 fueron asesinados. (Consulte aquí las respuestas del Ministerio de Defensa)

Si las fuerzas de seguridad del Estado han actuado constantemente en el denominado periodo del posconflicto, tal como lo revelan esas cifras, ¿por qué la violencia está disparada en algunas regiones?

Andrés Cajiao, de la FIP, plantea que el papel de la Fuerza Pública ha sido diferenciado y tenido distintos efectos. De acuerdo con su análisis, logró impedir el fortalecimiento de algunas disidencias de las Farc, como en el sur de Tolima, pero con su accionar también ha generado desorden criminal: “Al atacar grandes cabecillas se fragmentan los grupos y se generan nuevos escenarios de violencia”.

Y agrega: “En general, el Estado ha sido reactivo. Apaga grandes incendios cuando suben la violencia y los homicidios drásticamente, desplegando más fuerza. La Fuerza Pública ha tardado en adaptarse a las nuevas lógicas de la confrontación, en donde ya no hay enfrentamientos directos y los grupos tratan de ser menos visibles”.

Actualmente los grupos armados tienen una capacidad de recomposición mayor, sostiene Cajiao, y asevera que “ya no son esas estructuras supremamente jerárquicas, en donde acabar con un cabecilla implica un cambio estructural fuerte o de difícil reemplazo. Cada vez son más dinámicos y de tipo horizontal”.

Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), considera que el Acuerdo de Paz por sí sólo no es suficiente para responder a los actuales problemas de seguridad. Por ello, plantea que es necesario hacer la reforma que requiere el sector de seguridad para el posconflicto; lo mismo que el sistema de justicia, que carece de medidas para hacerle frete al crimen organizado.

“¿Por qué estamos viviendo tiempos violentos a pesar del proceso de paz?”, se pregunta Restrepo. Y responde: “Porque la terminación del conflicto con las Farc, a los únicos que les convenía era a los grupos de crimen organizado. En esa terminación del conflicto, la ausencia de políticas en contra del crimen organizado terminó sirviéndole para que pudiera reinventarse y extenderse. Ese proceso de reorganización terminó siendo particularmente violento”.

La aplicación integral del Acuerdo de Paz es un reclamo de diferentes sectores sociales. Estiman que si la Reforma Rural Integral, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, entre otras medidas, avanzaran en los ritmos correctos, otro sería el panorama.

“Cada punto no aplicado o aplicado con cuentagotas, ha facilitado el reciclaje de violencias. El Acuerdo de Paz no se puede aplicar por pedacitos porque es integral. El Punto 3.4, que tiene que ver con garantías de seguridad ha fallado porque van más de 290 excombatientes asesinados, pero también se podría decir que no se aplicó en los primeros seis meses el PNIS y era clave para quitarle poder a las mafias”, refiere González, de Indepaz.

Al final del día, como sucedió en la época más dura del conflicto armado, quienes asumen las consecuencias son los habitantes del campo, de los resguardos indígenas y de los consejos comunitarios de comunidades negras. Nuevamente están a la merced de quienes se asientan en sus tierras con armas terciadas al hombro o enfundadas en sus pantalones.

“El proceso de paz fue un fracaso para los que sufrimos el conflicto armado. No permitió la visión y los anhelos que tenían las comunidades: no escuchar más disparos, vivir tranquilos en familia y tener noches de sueños tranquilos. Hoy esa tranquilidad no se ve reflejada. Los padres lloran el reclutamiento de sus hijos y sufren amenazas por querer rescatarlos de los grupos armados”, reprocha con enorme sentimiento el líder indígena Juan Manuel Camayo desde las montañas de Cauca, en donde los fusiles no paran de rugir.

Así ocurrió y sigue ocurriendo en diversas regiones de Colombia, en donde, cinco años después, la promesa de la no repetición de la violencia quedó 'confinada' en las 310 páginas del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.