Cuando la degradación del conflicto armado llegó a su punto máximo, la mayor parte de la sociedad colombiana prefirió mirar para otro lado o le tocó hacerlo para poder seguir adelante ante la impotencia. Mientras el campo se ahogaba en sangre y se despoblaba a la fuerza por los fusiles de diferentes grupos que alegaban proteger al pueblo y luchar por un mejor país, la indiferencia creció y muchos le dieron la espalda a esa realidad. La reacción fue similar con los asesinatos selectivos y los atentados con toda clase de explosivos en ciudades y centros poblados.
Sin embargo, el país está a menos de un año de verse ante un espejo incómodo: el de la verdad sobre cómo llegó a tener casi 9,2 millones de víctimas y registros tan absurdos como contabilizar más desaparecidos que varias dictaduras del sur del continente juntas, cuando siempre ha vivido en una supuesta sólida democracia.
El punto de partida de esa gigantesca empresa es el Decreto 588 de 2017, que le dio vida a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), como parte de la implementación del Acuerdo de Paz que alcanzó el Estado colombiano con la extinta guerrilla de las Farc. A partir de ese momento, once comisionados y sus equipos de trabajo empezaron a recorrer el país para escuchar a víctimas de todos los actores armados, victimarios de todas las orillas, organizaciones sociales, líderes políticos y a escarbar en miles de documentos.
Es una tarea compleja por la cantidad de personas a consultar y por la dimensión de casos a documentar. Como si fuera poco, la violencia se reactivó en algunas regiones del país y sectores a los que no les conviene que se escudriñe en su pasado han amenazado tanto a víctimas como victimarios para que no hablen. Y, en medio, la polarización y el ambiente político que tratan de deslegitimar a la institucionalidad creada por el Acuerdo de Paz han jugado en contra de la Comisión. A todo ello hay que sumarle la pandemia del Covid-19 que frenó su trabajo de campo.
A pesar de todas esas adversidades, la CEV siguió cumpliendo con su mandato y diferentes protagonistas del conflicto armado se acercaron a ella para contar su verdad. Es así como hasta el pasado mes de octubre, escuchó a 27.006 personas y recibió 922 informes por parte de víctimas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales, que dan cuenta de graves hechos del conflicto armado.
También realizó 13 Encuentros por la Verdad y 13 Diálogos para la No Repetición en diferentes regiones del país, con más de 13 mil participantes de diversos sectores sociales, que agruparon a víctimas, victimarios, funcionarios públicos, expertos académicos, empresarios, entre otros. Y escuchó a los cinco presidentes de la República que ocuparon la Casa de Nariño entre 1990 y 2018, para conocer su versión sobre el conflicto armado y las decisiones que tomaron para hacerle frente.
Todo ese trabajo se está decantando en el denominado Informe Final, con el que la Comisión explicará las causas del conflicto armado, sus impactos y emitirá una serie de recomendaciones para que esos hechos no se repitan nuevamente y el país logre la reconciliación. El documento debía ser presentado el próximo 28 de noviembre, cuando terminaba su mandato, pero la Corte Constitucional, acogiendo la solicitud de organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, extendió el plazo de publicación hasta junio del próximo año, porque la pandemia trastocó su cronograma de trabajo.
El camino hacia la verdad
Sobre la labor de la CEV hay grandes esperanzas. La mayoría de colectivos de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos resaltan el hecho de que sus integrantes se acercaron de manera abierta para escucharlos y tuvieron la oportunidad de participar ampliamente para aportar en la construcción del Informe Final.
Jorge*, un vocero de la Mesa Nacional de Víctimas, creada por la Ley 1448 de 2011 -también conocida como Ley de Víctimas-, para representar a los afectados por el conflicto armado y tener interlocución con el Estado, considera que, en términos generales y con todas las dificultades, la Comisión ha realizado un buen trabajo y esperan que termine cumpliendo la misión encomendada por el Acuerdo de Paz.
“Esperamos que el Informe Final llene las expectativas de las víctimas y no sea manipulado, que realmente genere verdad. Esa verdad implica que se reconozcan todas las afectaciones que sufrimos sin distinción alguna y que se hable de todos los que participaron en el conflicto armado. Ojalá que el trabajo de la Comisión permita conocer a todos aquellos que estuvieron tras bambalinas moviendo la guerra”, resume este vocero, quien pidió la reserva de su nombre.
Por su parte, Adriana Arboleda, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), resalta el hecho de que la Comisión intente convertir la verdad del conflicto armado en un bien público para que la sociedad entera comprenda su importancia. Y pone especial énfasis en los Encuentros por la Verdad, para entender el papel de las víctimas y visibilizar sus procesos de resistencia.
En cuanto al Informe Final, señala que en el Movice tienen muchas expectativas frente a la responsabilidad de la institucionalidad en el conflicto armado: “Debe reconocer que hay una criminalidad estatal y que el Estado ha actuado como un actor, violando derechos humanos; que eso ha sido parte de estrategias y políticas, y no de hechos aislados o manzanas podridas”.
También sugiere que refleje el apoyo con el que contó el paramilitarismo. “Hay que reconocer que ha sido una política de Estado y una estrategia para aniquilar procesos sociales de cualquier tipo; también debe tratar el papel de cierto sector del empresariado con la estrategia paramilitar y la protección de intereses de ciertos sectores económicos para acumular riquezas y tierras”, requiere.
Por esas razones, le pide al CEV que construya una verdad profunda que vaya más allá de los actores en confrontación porque “sería muy frustrante para nosotros un informe que, simplemente, como han hecho otras Comisiones de la Verdad en el mundo, se base en la teoría de los dos demonios: que diga que aquí todo el mundo fue muy malo y que todos cometieron grandes crímenes, sin ahondar en las causas, consecuencias, impactos y daños que generaron”.
Jaqueline Rentería, representante de la asociación de Madres de Víctimas de Falsos Positivos (Mafapo), que clama por justicia por el asesinato de civiles, en su mayoría jóvenes de escasos recursos que bajo engaños fueron llevados a otras regiones del país, en donde fueron asesinados por integrantes del Ejército Nacional y presentados como guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios en su carrera militar, destaca los esfuerzos para lograr reconciliación por medio de la construcción de verdad.
“A finales de octubre tuvimos un encuentro privado por medio de la Comisión con un sargento y un coronel que están involucrados directamente en nuestros casos. Allí pudimos escuchar sus testimonios y conocer la presión que había al interior del Ejército para mostrar resultados. Estábamos con mucha ansiedad y ellos prevenidos, pero al final las cosas fluyeron y conocimos muchos detalles que no habíamos escuchado en sus audiencias”, cuenta.
Además, resalta que acciones como esa pueden servir para allanar el camino de la reconciliación: “La idea es que los compromisarios hagan alguna obra como medida de restauración, que podamos trabajar y caminar juntos en pro de un mejor futuro para nuestra juventud y el país. No podemos quedarnos con el odio porque de esa manera tampoco estamos contribuyendo a nada. Tenemos que reconciliarnos, tenemos que perdonar y tenemos que avanzar para lograr un mejor futuro”.
En Mafapo le piden al Informe Final de la CEV que, como medida de satisfacción, les permita conocer la verdad que les ha sido esquiva durante años: saber quiénes son los responsables directos de esos crímenes.
“Es muy frustrante que hablaron con el expresidente Uribe y diga que no sabe de dónde salieron los 6.402 ‘falsos positivos’ que documentó la JEP. Necesitamos que quienes comparezcan aporten al esclarecimiento y no les den méritos a personas tan importantes que no aportaron verdad”, indica Rentería.
Verdad con enfoque diferencial
En las comunidades afrodescendientes e indígenas consideran que los mayores avances en la implementación del Acuerdo de Paz se encuentran en las instituciones que conforman al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Destacan que fueron consultadas para la creación de los protocolos de trabajo de la Comisión de la Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Celebran que se hayan creado dependencias específicas para garantizar que la visión étnica esté presente en sus labores y que afros e indígenas estén en importantes cargos en las tres dependencias.
Richard Moreno, coordinador del Consejo de Paz Afrocolombiano (Conpa) y miembro del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), sostiene que es necesario que el Informe Final refleje las causas estructurales del conflicto armado y sus consecuencias desproporcionadas en los territorios étnicos, indicando los autores intelectuales, materiales y quiénes se beneficiaron de la grave crisis que padecieron los pueblos originarios.
Para Feliciano Valencia, indígena Nasa y senador de la República por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), es necesario que el informe de la CEV dé cuenta de los impactos colectivos del conflicto a la identidad, al gobierno propio, a la autonomía de los pueblos y al territorio, es decir, “al sujeto colectivo indígena”.
Además, “mostrar a través de distintos relatos que la relación y las afectaciones a las comunidades indígenas no solamente se circunscriben al conflicto armado de hace cincuenta años, sino a una tradición colonizadora y excluyente de los pueblos y comunidades indígenas, porque hay una construcción de nación monocultural y racista”.
La CEV también ha trabajado con un enfoque de género en el horizonte. Juliana Ospitia, quien le ha hecho seguimiento desde la organización Sisma Mujer, destaca el primer Encuentro por la Verdad que realizó la Comisión en junio de 2019, dedicado a la violencia sexual que sufrieron mujeres y miembros de la comunidad LGBTI en medio del conflicto armado. (Leer más en: Violencia sexual, el crimen silenciado que inauguró los Encuentros por la Verdad)
Y en cuanto a violencia de género, espera que esos crímenes se pongan al mismo nivel de importancia que tienen otros como el secuestro, el desplazamiento forzado o las ejecuciones extrajudiciales: “Lo pedimos porque el lenguaje construye realidades y al nombrar creamos acciones. Si el informe logra darle el posicionamiento que requiere la violencia sexual, será algo muy importante”.
En Sisma Mujer consideran que es clave que se exprese “que todos los actores armados perpetraron violencia sexual; que es una práctica intencionada y sistemática, que se alimenta del patriarcado y que afecta de manera diferencial a las mujeres”.
Lunares en el camino
La Comisión de la Verdad no cuenta con aceptación general y también tiene detractores. Uno de ellos es la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol). Sebastián Velásquez, su representante legal y vocero, considera que es un “fraude”.
“Eso es una vergüenza. El padre Francisco de Roux, en todos estos tres años, nunca nos dio garantías a las víctimas de Farc para contar lo que sucedió, mientras, sí señor, le abría todas las puertas y toda la interlocución a las organizaciones que socialmente han estado muy cercanas a las Farc. Y este señor sigue insistiendo en que no ha tenido tiempo de construir la verdad, que es una verdad acomodada e ideologizada, y está pidiendo más tiempo y más plata”, cuestiona Velásquez.
Adel González, abogado y representante de la Corporación Rosa Blanca, que agrupa a 250 mujeres que fueron reclutadas siendo menores de edad por las Farc y denuncian múltiples crímenes cometidos al interior de la antigua guerrilla, entre ellos violencia sexual, indica que al comienzo fueron escuchadas por la Comisión y que incluso algunas delegadas participaron en el primer Encuentro por la Verdad que realizó esa entidad, dedicado a víctimas de violencia sexual y de género.
Sin embargo, lamenta que posteriormente dejaron de tener contacto y que no se hubiera realizado un evento dedicado a víctimas de violencia sexual en las Farc, como sí ocurrió con otro tipo de crímenes. Además, cuestiona que la CEV no se centre en casos específicos, como los que representa, alegando que existe un gran universo de víctimas y que no los puede tratar de manera individual.
“No se debe cambiar la historia ni transformar la realidad de todo esto que se vivió. Nuestra organización se ha empeñado en revelar lo que pasaba adentro de las Farc. La Comisión de la Verdad debería estar llamada no solo a recoger las inconformidades de la subversión, sino a plasmar los hechos más relevantes que la humanidad no puede permitir que se vuelvan a repetir”, indica.
Los reclamos a la Comisión de la Verdad no provienen exclusivamente de sectores que cuestionan su legitimidad y ponen en duda su imparcialidad. Organizaciones que aceptan su trabajo lamentan que, por limitaciones de tiempo y cuestiones metodológicas, sus investigadores no llegaron a diversas zonas rurales para tomarle testimonio a más víctimas.
Al respecto, el presidente de la CEV, el sacerdote Francisco de Roux, señala que el trabajo de la entidad ha estado despojado de intereses políticos y reconoce que hicieron todo lo posible al alcance de sus capacidades para hablar con la mayor cantidad de personas, pero “siempre habrá una insatisfacción totalmente legítima por parte de las víctimas”.
Y explica: “Con cada víctima, o cuando vamos a la cárcel, nos gastamos uno o dos días; visitar una comunidad víctima en la montaña toma una semana. Si le dedicáramos un minuto a los 9 millones de víctimas, nos demoraríamos 17 años, trabajando 24 horas al día, para oírlas a todas. Es perfectamente legítimo ese reclamo, pero sí puedo decir: honradamente hemos recibido con toda el alma a todos los que han llegado a la Comisión, hemos salido a buscarlas, hemos ido a los sitios donde nos parecía que las cosas eran más duras”.
Otra crítica recurrente es la falta de contrastación que hubo en espacios públicos cuando escucharon a importantes personajes relacionados con el conflicto armado, como ocurrió con los expresidentes Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, y el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso. (Leer más en: Encuentro Mancuso-Londoño: responsabilidad con poco aporte a la verdad)
Al respecto, el padre De Roux explica que todo estará contrastado en el Informe Final: “Nosotros no somos una entidad jurídica. Nosotros no podemos obligar a nadie a que venga a la Comisión, nosotros invitamos y le damos a las personas la posibilidad de hablar. Nosotros hacemos preguntas, pero no las hacemos de tal forma que busquemos obligarla a que se reconozca culpable en público ante el país. Si en un proceso jurídico no se le puede obligar a una persona que declare contra sí misma, mucho menos nosotros”.
Y prosigue: “En todos estos casos públicos tenemos preparaciones personales muy largas y hondas. A Mancuso le hicimos visita personal a la cárcel. Una comisionada fue a Estados Unidos a conversar con él y tenemos 26 horas de grabación en detalle. No lo presionamos para que los dijera en público, pero son absolutamente importantes”.
Diferentes sectores tienen incertidumbre sobre la suerte del Informe Final una vez sea publicado. “No debe quedar guardado, tiene que estar disponible para que las comunidades lo conozcan y para que la sociedad en general se apropie de él. ¿Cómo hacerlo? A través de acciones pedagógicas y en eso estamos trabajando desde la Red Colombiana de Lugares de Memoria”, plantea el historiador William Wilches, del Museo Caquetá, que es una de las 30 iniciativas que componen ese espacio de memoria histórica.
Entre junio y agosto del próximo año, los comisionados presentarán el informe en diferentes regiones del país. Además, explica De Roux, se creará un Comité de Monitoreo y Seguimiento, que durante siete años “cuidará que se pongan en marcha las recomendaciones que hace la Comisión”.
Por último, el presidente de la CEV es consciente de que el Informe Final será criticado por diferentes sectores sociales porque “la verdad es una lucha” y espera que ese trabajo le haga bien al país. Una vez publicado, quien lo desee podrá consultar, por medio de una aplicación de celular, todos los documentos recopilados por la Comisión, para “que el país haga su propia interpretación de lo que nosotros hicimos, y que pueda seguir avanzando en la conversación”. (Consulte aquí la entrevista completa al padre De Roux)
En junio del próximo año, Colombia se parará frente a un espejo que, por medio de múltiples voces y una vasta revisión documental, le reflejará la realidad que se negó a ver durante mucho tiempo. Los involucrados en el conflicto armado lucharán para que su imagen se vea lo mejor posible y que sus responsabilidades no ensucien su presente, su futuro ni su legado; pero en el fondo, el país tendrá la posibilidad de enmendar el camino para no volver a transitar por la barbarie y la desolación que dejaron más de medio siglo de guerra.
*Nombre cambiado por petición del entrevistado.
