Categoría: Uncategorized

Nadie dijo que sería fácil. Cerrar las heridas causadas por un conflicto armado interno que se extendió por más de medio siglo y saldar las deudas que no sólo lo desataron sino con las violencias que se generaron, se alzaba en el horizonte como una tarea titánica que necesitaría el apoyo de toda la sociedad.

Sin embargo, la unión como país para acoger la terminación de una prolongada confrontación armada no se logró y la tarea de implementar lo pactado en La Habana, Cuba, se hizo mucho más compleja porque diversos sectores se encargaron de ponerle palos a esa rueda que avanza, con muchas dificultades, por una inclinada pendiente cuesta arriba.

El resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016, con el que se pretendió refrendar el acuerdo al que llegaron los delegados del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y la otrora guerrilla de las Farc, luego de más de cuatro años de intensas negociaciones, marcó un punto de quiebre por donde se empezó a agrietar la que sería la futura implementación.

Ese día, con una mínima diferencia (el 50,21 por ciento de los votos fueron negativos), se impuso el No. Rápidamente, los negociadores escucharon a los opositores, incluyeron varias modificaciones en el Acuerdo de Paz atendiendo a sus reclamos y el texto final fue refrendado en el Congreso de la República.

Ese proceso permitió que el 24 de noviembre de 2016, por segunda y definitiva ocasión, el presidente Santos y el exjefe de las Farc, Rodrigo Londoño, estamparan sus firmas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. A partir de allí empezó el proceso de implementación mediante la expedición de leyes y decretos, para darle amparo constitucional, pero la legitimidad de ese pacto quedó arropada por un supuesto manto de duda.

La oposición al Acuerdo de Paz, liderada por el partido Centro Democrático, que gobierna el país desde el 7 de agosto de 2018, y en cuya cabeza se encuentra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), ha sido frontal y se convirtió en uno de los principales obstáculos para su cumplimiento.

Su animadversión comenzó, incluso, desde que se hicieron públicas las negociaciones y como estrategia para deslegitimar ese proceso infundieron mentiras para despertar miedo en los colombianos y hacer que votaran “verracos” el plebiscito, como reconoció el gerente de la campaña del No, Juan Carlos Vélez, entonces hombre de confianza del exmandatario.

El presidente Santos también tiene su cuota de responsabilidad en el enrarecido y polarizado ambiente del plebiscito. Hizo lo propio que sus opositores, calificando de “enemigos de la paz” a quienes tuvieron reparos a las negociaciones y también apeló al miedo, alertando sobre el posible paso de una guerra rural a una urbana, si no se concretaba el Pacto de La Habana.

Una vez aterrizado en la realidad el Acuerdo de Paz, consignado en 310 páginas, mediante la expedición de normas en el Congreso de la República, la oposición continuó imponiendo trabas y miedos, y acudió a diversas estrategias como romper el quorum de las sesiones legislativas para que no se alcanzaran los votos necesarios para su aprobación.

La principal sacrificada de esa estrategia fue la creación de 16 curules en la Cámara de Representantes para las víctimas del conflicto, la cual fue saboteada de esa manera el 30 de noviembre de 2017, aludiendo que en realidad esos escaños serían manejados por grupos armados. Sólo hasta mayo del presente año, esa medida encontró luz verde en la Corte Constitucional, la cual estableció que, a pesar de las jugadas políticas del Centro Democrático, sí se alcanzó la cantidad de votos necesarios para cumplirle esa promesa a las víctimas.

El 17 de junio de 2018, el Centro Democrático se convirtió en el partido de gobierno, luego de que su candidato, Iván Duque Márquez, fuera elegido Presidente de la República. Desde ese momento, estando al frente del Ejecutivo, la oposición al Acuerdo de Paz tuvo más peso.

Una de sus decisiones más drásticas fue objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada para investigar y sancionar a los exguerrilleros de las Farc, integrantes de la Fuerza Pública y terceros responsables de violaciones de derechos humanos en medio del conflicto armado.

Como sucedió con las curules para las víctimas, en marzo de 2019 el Congreso de la República fue el escenario donde se libró la lucha entre opositores y validadores del Acuerdo de Paz. Finalmente, un par de meses después, tras un largo proceso de desgaste, polarización y deslegitimación de la institucionalidad creada por el Pacto de La Habana, la Corte Constitucional terminó enterrando las pretensiones del presidente Duque y de su coalición en el Legislativo.

Esos dos intentos de reformas a puntos sensibles del Acuerdo de Paz, relacionados con las víctimas del conflicto armado, muestran las adversidades que ha sufrido su implementación desde el plano político.

A ellas se suman la constante ilegitimidad que le imprimen desde el partido de gobierno. Uno de los casos más recientes es el del expresidente Uribe Vélez, quien decidió no comparecer ante la Comisión de la Verdad (CEV), sino hablar con su presidente, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, en una de sus fincas y bajo sus condiciones, alegando que no le otorgaba legitimidad a esa entidad porque fue creada por un acuerdo que rechazó el plebiscito de octubre de 2016.

Esa postura ha permeado a diferentes sectores de la sociedad y agudizado la polarización, poniendo más palos en la rueda de la implementación del Acuerdo de Paz. No obstante, la desunión no sólo se ha dado por parte de la sociedad y de la clase dirigente colombiana.

El Acuerdo de Paz también fue rechazado por algunos integrantes de las entonces Farc antes de que se firmara, quienes decidieron no dejar las armas. Algunos de los exponentes más visibles de esa situación son ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’, quienes crearon las primeras disidencias de las Farc, perpetuando la violencia en los Llanos Orientales.

A ellos se les sumarían otros disidentes en diferentes puntos de la geografía nacional, principalmente en el suroccidente. Pero el golpe más certero y que minó la confianza en el Acuerdo de Paz vino por parte de ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’, ‘El Paisa’ y otros importantes exjefes de la antigua guerrilla que participaron en las negociaciones de La Habana, quienes, a finales de agosto de 2019, anunciaron su regreso a las armas alegando graves incumplimientos por parte del gobierno nacional y conformando una organización armada que denominaron Segunda Marquetalia, asumiendo con ese nombre la continuidad de su hito fundacional de mayo de 1964, cuando nació la guerrilla que luego adoptaría el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

A la par de esas críticas circunstancias, la implementación se ha dado en medio de una carrera que parece estarle ganando la criminalidad a la institucionalidad. Los territorios que fueron dejados por las antiguas Farc en su camino al desarme y reincorporación a la vida legal pronto fueron copados por nacientes y antiguos grupos armados, que reprodujeron nuevos ciclos de violencia y control territorial, con lo que la promesa de no repetición de la violencia no duró más de un año.

Otros palos en la rueda son lo que algunos analistas y líderes regionales denominan como una implementación a cuentagotas, acorde a los intereses del gobierno nacional, que ha tomado las disposiciones del Acuerdo de Paz más como políticas de gobierno que de Estado y tergiversado el espíritu de lo pactado.

Algunos casos que ejemplifican lo anterior son la creación del Plan de Atención Oportuna (PAO), en detrimento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), que excluye a los representantes de la sociedad civil para tomar decisiones que garanticen la vida de los defensores de derechos humanos; la creación del programa de sustitución de cultivos Hecho a la Medida, cuando el Ejecutivo alega que no hay recursos para cumplir de manera integral con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); y enarbolar la bandera de la política de Paz con Legalidad, cuando en realidad se debería promover de manera general al Acuerdo de Paz.

Por otro lado, aunque la administración Duque presenta balances con inversiones billonarias y altos indicadores de gestión, representantes de comunidades golpeadas fuertemente por la guerra advierten que esas cifras no corresponden a la realidad.

Por ejemplo, líderes de comunidades afrodescendientes e indígenas sostienen que, en materia de formalización y adjudicación de tierras, el Ejecutivo se atribuye la entrega de miles de hectáreas por medio del Fondo de Tierras, creado por el Acuerdo de Paz, pero que en realidad corresponden a reclamaciones que no están relacionadas con el Pacto de La Habana. Y argumentan que ese indicador es imposible de cumplir porque cinco años después, todavía no se ha creado la cuenta étnica en el Fondo de Tierras para adquirir predios. Mientras tanto, el gobierno nacional considera que esa es una “discusión política y jurídica”.

Sin embargo, a pesar de las dificultades, la implementación del Acuerdo de Paz tiene brotes verdes. Algunos de ellos son que la mayoría de excombatientes de las Farc siguen firmes en su proceso de reincorporación a la vida legal a pesar de incumplimientos en garantías de seguridad -han sido asesinados más de 290- y de retrasos para la creación de sus proyectos productivos.

Además, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, presenta resultados tangibles para las víctimas del conflicto armado, quienes son la razón y centro del Acuerdo de Paz. Aunque no ha emitido sentencias a la fecha, la JEP ha expedido 50 mil decisiones judiciales y logrado importantes avances en materia de secuestro, ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento ilícito; la Comisión de la Verdad ha escuchado a la mayor cantidad de personas posibles en diferentes rincones del país para trabajar por la reconciliación y construir su Informe Final; y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas construyó, de la mano de comunidades, sus planes de búsqueda.

Sin embargo, las salidas en falso de algunos exjefes de las Farc también han contribuido a agrietar la confianza entorno a la implementación del Acuerdo de Paz. Mientras se producen las sentencias de la JEP, Sandra Ramírez y Rodrigo Granda, han lanzado frases despectivas sobre los secuestrados que mantuvieron durante años en cautiverio: la primera indicó que tenían comodidades y el segundo que realizaron trabajos por petición propia. Ante ello, diversos sectores sociales reclaman por verdad, justicia y reparación.

En estos cinco años, más allá de las carencias presupuestales y de las dificultades del Estado para tener presencia integral en la Colombia de las periferias, ha quedado claro que los mayores problemas para la implementación del Acuerdo de Paz provienen de la falta entendimiento de su clase dirigente, que no ha sabido estar a la altura del momento histórico por el que atraviesa el país y le ha dado más peso a sus cálculos políticos, agudizando la polarización y agrietando el terreno para la construcción de una paz estable y duradera.

Para conocer en profundidad cómo va la implementación de los pilares del Acuerdo de Paz, lo invitamos a consultar los artículos de este informe especial.

“Ayúdenos lo más que usted pueda para que esta información, que está saliendo de las comunidades, pueda tener el mayor eco posible”, le dice a VerdadAbierta.com un líder comunitario de la subregión Pacífico Medio, que prefiere mantener su nombre en reserva por cuestiones de seguridad, acongojado porque el bienestar de sus comunidades negras no ha llegado tras la ilusión que despertaron los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactados en el Acuerdo de Paz.

“La institucionalidad que tiene a cargo el asunto de los PDET —continúa este líder negro— está engañando al resto de la sociedad colombiana y también a la comunidad internacional porque cuando se presentan los informes de gestión del PDET, en el Pacífico Medio, se les muestra que acá se están invirtiendo la millonada y en últimas no está pasando nada”.

Con la salida de la antigua guerrilla de las Farc de los territorios donde hizo presencia por varias décadas, se reveló con mayor claridad el inmenso abandono en el que estaba sumida esa otra Colombia que durante años ha vivido al margen del acceso a derechos fundamentales, bajo el acecho de las necesidades del día a día y sin una presencia integral y efectiva del Estado

Fue encontrarse, por ejemplo, conque en el sur del departamento de Meta, en las veredas Caño Amarillo y Albania, del municipio de Vista Hermosa, hay cinco caños que no tienen puente y los días que llueve se crecen y nadie puede desplazarse entre veredas ni mucho menos transportar la cosecha; o comprobar que en varias comunidades del Pacífico quedan a oscuras al irse la luz del día, a espera de un proyecto de electrificación.

Para cerrar la brecha del campo y la ciudad y proveer de bienestar a las comunidades rurales, como parte del punto sobre Reforma Rural Integral, se pactaron los PDET y cobraron vida en marzo de 2017 con el Decreto 893, una estrategia con la cual se esperaba llegar con inversión social a 170 municipios del país considerados como los más golpeados históricamente por el conflicto armado. No obstante, en diversas zonas sus pobladores expresan abatimiento y molestia porque aún no ven resultados concretos.

Ejemplo de ellos se percibe en la lejana vereda Gaviotas, del municipio de Uribe, en Meta, a la cual para llegar hay que transitar un camino de tierra y piedras por más de dos horas. Allí, las comunidades sentencian que las cosechas no son rentables por las dificultades que enfrentan para llevarlas a los mercados más grandes y el impulso económico no ha llegado.

“Está acá el producto, lo sembramos, pero ¿qué hacemos?”, se pregunta un labriego. “Nos ha tocado deforestar un poquito porque la única forma es el ganado. Cuando estaba la coca algunos tumbaban una hectárea y sembraban, la procesaban y a pie se la llevaban, pero para sacar una hectárea de plátano no nos la podemos llevar a ‘pata’, hay que buscar el medio de transporte y cuánto no vale el transporte. Con el PDET esperábamos vías”.

Como este, otros testimonios parecidos se escuchan a lo largo y ancho del país mientras la frase de “estamos cumpliendo” que reiteradamente pronuncia Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, retumba en los micrófonos cuando habla de la implementación del Acuerdo de Paz.

Cerrar la brecha

Adscrita a la Presidencia de la República, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) comenzó a operar desde el 1 de enero de 2017. Esta entidad es la encargada de coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto. Como parte de ese objetivo, abandera la coordinación de los PDET.

El  proceso  de consulta a los pobladores para determinar las necesidades  y proyectar las tareas de ejecución se realizó a través de un gran ejercicio participativo que, en su momento, el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) lo calificó como “el diálogo social más grande del mundo”.

Las necesidades de las comunidades quedaron consignadas en los Planes de Acción para la Transformación Territorial (PATR), cuya construcción concluyó en el primer trimestre de 2019 y contó con la participación de más de 200 mil personas, de las cuales 65 mil fueron mujeres, y vinculó a 715 cabildos indígenas y 517 consejos comunitarios de comunidades negras.

Ese proceso de concertación recogió las necesidades de más de 11 mil veredas que hacen parte de 170 municipios priorizados, agrupados en 16 subregiones, y categorizados como los más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. 

El resultado de ese diálogo diverso fue la concreción de 32.808 iniciativas —4.606 iniciativas con marcación de género y mujer rural, 8.381 iniciativas propias étnicas y 619 iniciativas étnicas y de género— que deberían ejecutarse en un plazo de 15 años teniendo como guía los PATR.

Estas iniciativas responden a las necesidades de estas poblaciones dentro de ocho pilares: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo; Infraestructura y Adecuación de Tierras; Salud rural; Educación Rural y Primera Infancia; Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural; Reactivación Económica y Producción Agropecuaria; Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación; y Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz. 

Medir el avance de los PDET, que están proyectados a 15 años, no es tarea sencilla. Una sola de las más de tres mil iniciativas puede abarcar diferentes y amplias necesidades de un municipio o subregión. Esto implica, según la ART, que “no necesariamente a través de la ejecución de un sólo ‘proyecto’ o una ‘gestión’ específica sea posible lograr la ejecución o el cumplimiento total de una iniciativa. Asimismo, algunas de las iniciativas requieren acciones permanentes para su ejecución, como por ejemplo aquellas iniciativas relacionadas con mantenimientos periódicos o dotaciones”.

Según el balance de la ART, hasta el pasado 10 de septiembre de 2021, 8.594 iniciativas contaban con una ruta de implementación activa, es decir, asociadas a proyectos y gestiones que promueven su implementación. 

“De las 8.594 iniciativas, el 9,82% están asociadas al pilar de Ordenamiento Territorial; el 12,83% al de infraestructura; 8,46% al de Salud Rural; 25,04% al de Educación Rural; 7,30% al pilar de vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural; 21,53% al pilar de Reactivación Económica; 5,32% al del Derecho a la Alimentación y 9,70% al pilar de Reconciliación y Paz”, expone  la entidad.

Si bien calificar el cumplimiento del avance es difícil, como explica la misma ART, al fijarse en los proyectos y obras para el cumplimiento de las iniciativas, el pulso general cuando se le pregunta a las comunidades es que para esta fecha esperaban más.

La Agencia ha observado de manera general situaciones que generan riesgos asociados en la etapa de ejecución de los proyectos, como son los retrasos en los cronogramas por diversas razones, desabastecimiento de materias primas por la pandemia generada por el Covid-19, situaciones climáticas, afectaciones por los bloqueos viales adelantados en medio del Paro Nacional de mediados de 2021, invasión de predios donde se ejecutan las obras y algunos casos por reajuste de precios.

Para un defensor de derechos humanos de la subregión Alto Patía y Norte del Cauca, que prefiere mantener su nombre en reserva por seguridad, el mayor problema en la implementación de los PDET es la figura que funge la ART, pues se justifica en que “frente a las expectativas levantadas con las comunidades, la ART dice: ‘Nosotros somos una entidad coordinadora, somos una entidad facilitadora, acompañante; buscamos fuentes de financiación, pero no somos los responsables de la ejecución del PATR”.

Siguiendo la plata

Los PEDT son ejecutados a través de tres fuentes de  financiación: el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz), que maneja recursos de las regalías; Obras por Impuesto, con la que el sector privado puede participar de manera efectiva; y recursos provenientes de la cooperación internacional.

El 23 de noviembre, un día antes de cumplirse el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, la Agencia de Desarrollo Rural reportó el gobierno nacional ha invertido 11,44 billones de pesos en los 170 municipios PDET.

De acuerdo con información reportada, las fuentes de esos recursos se discriminan de la siguiente manera: OCAD PAZ, 6,23 billones de pesos; Obras por Impuestos por 607.456 millones de pesos; Fondo Colombia en Paz, un billón de pesos; presupuesto general de la Nación, 3,10 billones de pesos; y cooperación internacional, 428.105 millones de pesos.

Por otro lado, al preguntarle a la ART por los recursos que se han empleado para las iniciativas, sostiene que hasta el 31 de agosto de 2021, con respecto a la cantidad de obras ejecutadas con recursos provenientes de los fondos OCAD PAZ y Obras por Impuestos, se realizaron 432 y 76, respectivamente.

Las regiones que concentran la mayor cantidad de proyectos de la bolsa del OCAD Paz son Sierra Nevada, Perijá y Zona Bananera (72), Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño (49), Macarena - Guaviare (38) y Chocó (35). Del total de los 432 proyectos de este fondo más de la mitad (295) están fijados para el pilar dos Infraestructura y Adecuación de Tierras seguido por el de Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural (89)

Para el caso de Obras por Impuestos, las subregiones que ocupan los cuatro primeros puestos son Alto Patía y Norte del Cauca (11), Sur del Tolima (11), Putumayo (9) y Arauca (9); la mayoría relacionada con diversos apoyos a la educación y primera infancia rural y rehabilitación, mejoramiento y construcción de vías.

En la información aportada por la ART sobre obras ejecutadas, aparece como “terminada” un proyecto de mejoramiento vial para el tramo que va del municipio de El Paujil a Cartagena del Chairá en el departamento de Caquetá, en el que se habrían invertido 35 mil millones de pesos, no obstante, un equipo periodístico de este portal constató, a comienzos de noviembre de este año, que aún faltan tramos por concluir, lo que afecta la movilidad en la zona por obras en la carretera.

Uno de los aspectos que llama la atención en la respuesta que la ART le dio a VerdadAbierta.com es la aclaración que hace esta agencia sobre datos de proyectos que no gestiona, por cuanto provienen de ejercicios de captura de información de otros sistemas o fuentes externas y “no constituyen la información primaria u oficial frente a los mismos”. Lo que preocupa de esa precisión es que la entidad no tenga certeza de las obras que no están bajo su control.

Cuentas pendientes

Los programas PDET contemplaron la realización de “obras de baja escala y rápida ejecución”, mediante las cuales se pretendían construir proyectos como aulas escolares o parques infantiles mientras se estaba construyendo el PATR a través de los diálogos de concertación comunitaria locales  y regionales. 

Para Pacífico Medio, conformada por los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí, en el departamento de Cauca, y el municipio de Buenaventura, de Valle del Cauca, se acordó la ejecución de por lo menos diez de estas pequeñas obras para cada uno de esos cuatro municipios, pero se firmó el PATR, el 23 de febrero de 2019, y hasta la fecha no se ha entregado una sola de ellas. (Leer más en: El PDET aún está en el papel en el suroccidente y En el Pacífico Medio se ilusionan con los dineros de la paz)

El Consorcio EGA, integrado por la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia y Asfaltart S.A., es el operador de estas obras. Al día de hoy, en Buenaventura, la obra de ese tipo más adelantada es un parque infantil en el consejo comunitario de Zacarías del Río Dagua; sin embargo, el contrato que suscribió el Consorcio EGA y esa comunidad afro lleva más de tres meses y no se ha girado su anticipo.

Para el caso del municipio de Guapi, sobre la costa caucana, según información de la ART, se encuentra terminado un parque en la vereda San Antonio de Guajui, pero la queja del consejo comunitario del Río Guajui es que no se les han terminado de pagar los 221 millones de pesos que se habían acordado por esa obra. En Timbiquí y López de Micay, a la fecha de esta publicación, no han empezado con la primera obra.

VerdadAbierta.com buscó a los directivos del Consorcio EGA. La vocería la asumió Sergio Párraga, su representante legal, quien le precisó a este portal que algunas de estas pequeñas obras que tiene bajo su responsabilidad en varias comunidades del Pacífico se encuentran en un estado de estructuración para aquellas que tienen un grado de complejidad mayor, pero las obras sencillas, como los parques infantiles sobre las que las comunidades esperan se les realice el pago, no requería este tipo de procesos y que la cadena de incumplimientos inicia con el Estado.

“A hoy, me han consignado 14 millones de pesos después de que firmamos el contrato del Pacífico Medio en diciembre de 2019”, afirma Párraga. “No tenemos la obligación contractual de financiar las obras, le corresponde al Fondo Colombia en Paz girarnos para poder pagar. A hoy, el Fondo no nos ha girado los recursos y nos ha tocado asumir muchos costos administrativos”. 

El representante legal del consorcio agrega que han tenido que buscar préstamos para empezar a hacer los pequeños pagos que le han dado a las comunidades.

En el caso del consejo comunitario del Río Guajui, Párraga sostuvo que se han pagado 60 millones y tenían programado para finales de noviembre, un segundo pago por 120 millones, quedando un saldo pendiente por cancelar de poco más de 41 millones.

En Buenaventura están programando una reunión en el transcurso de esta semana para darle inicio a la obra y se mantiene en que no se ha podido empezar con la ejecución del proyecto de parque infantil porque el Consorcio EGA aún no cuenta con el anticipo.

“Aquí hay un tema, y es una lectura del Consorcio que hemos puesto sobre la mesa en Comités Técnicos Operativos ante la ART nacional y regional, es que la estructura del contrato no apunta a que las obras se hagan lo más rápido posible, es una estructura bastante compleja. Las cosas debían ser mucho más ágiles, debía haber recursos”, dice el representante de EGA y precisa que este problema no es caso aislado del Pacífico, sino que los incumplimientos son generalizados con otros operadores de otras subregiones del país.

“Pero para ser lo más justos posibles, de dos meses para acá los procesos con el Fondo empezaron a avanzar”, dice Párraga y advierte que la crisis sanitaria por el Covid-19 afectó la ejecución de las obras, en tiempos y costos: “Los materiales subieron muchísimo, se disparó el acero, el concreto está imposible, los transportes están tenaces, ahorita estamos en una época invernal fuerte”.

Sobre los recursos provenientes del OCAD Paz, las comunidades del Pacífico Medio resaltan que no hay una sola obra apoyada por esa bolsa. “Ningún consejo comunitario del Pacífico Medio es lo suficientemente fuerte como para formular proyectos de ese tipo —resalta el líder de la subregión que prefiere mantener el anonimato—. La formulación en sí se hace a través de las alcaldías, pero si para las alcaldías les es difícil porque no cuentan con un presupuesto definido y el personal requerido para destinarlo a la formulación y seguimiento de esos proyectos, ¿cómo será para los consejos comunitarios? ¡Por eso no hay proyectos!”.

Para el caso de las otras subregiones PDET del Pacífico, el vocero de Pacífico Medio considera que, aunque hay algunas obras en esos otros municipios, en general son muy pocos en comparación a otras regiones de la geografía nacional. Una situación preocupante pues el tiempo para ejecución de las obras, con cada día que pasa, es menor dada la meta de cumplimiento a 15 años.

“Es aberrante. Eso también demuestra para nosotros que este país, desde quienes lo dirigen, todavía es profundamente racista y discriminatorio, porque como acá estamos las comunidades negras e indígenas, entonces ‘a esos no hay que mandarles nada’”, siente el líder del Pacífico.

Fase de “poca participación”

Como parte de un proceso de relación de los liderazgos de Alto Patía y Norte del Cauca, defensores de derechos humanos constituyeron la Articulación Regional por la Paz, desde la cual realizan de manera autónoma una veeduría regional, así como municipal, en relación a la implementación del PDET en 24 municipios de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Esta iniciativa la toman al considerar que los miembros de la veeduría del PDET que quedaron establecidos en el PATR, aprobado y firmado en diciembre de 2018, no se les capacitó para seguir la implementación del Programa y “se les utiliza para validar decisiones de las cuales no han participado los liderazgos”, dice un defensor de derechos humanos del Espacio Regional de Paz del Cauca, que prefiere mantener su nombre en reserva por los altos índices de violencia que experimenta ese departamento.

En esa tensión, las organizaciones de esta subregión manifestaron que le han reclamado a la ART que no les llega la información, no les socializan las iniciativas que se están implementando y no se comunican con ellos.

“Hay muy poca participación, escasa participación de los liderazgos del grupo motor y de organizaciones sociales que estuvieron presentes en el Plan de Acción de Transformación Regional; en la priorización, estructuración y consecución de recursos de las 4.466 iniciativas de Alto Patía y Norte del Cauca”, por eso las comunidades manifiestan que “no se siente que la paz haya llegado a los territorios”.

Además, los liderazgos se sienten desgastados, pues, como explica este vocero, “algunas comunidades le echan la culpa a las personas que quedaron delegadas de los grupos motor u organizaciones sociales que participaron de ese proceso de que no se haya implementado nada”.

Las actividades más recientes que adelantaron los miembros del grupo motor de cada subregión fue la validación de las hojas de ruta, herramienta que permite ordenar la implementación de los PDET, articulando planes nacionales y territoriales que vienen gestándose en cada territorio. En ese documento se precisan tiempos de ejecución, responsables y financiación, además de plantear mecanismos de monitoreo.

En la página de la ART están publicadas once hojas de ruta, teniendo pendiente Pacífico Medio, Macarena-Guaviare, Arauca y Alto Patía y Norte del Cauca. En el caso de esta última, el defensor de derechos humanos del Espacio Regional de Paz del Cauca explica que aún continuaban realizando ajustes al documento para que respondiera con mayor precisión a la realidad de la región, y se incluyeran aspectos de derechos humanos y medioambiente.

“Si bien, producto de la construcción y validación de la hoja de ruta se van a priorizar unas iniciativas que en este caso son a nivel municipal y subregional, el proceso mediante el cual se encuentra la fuente de financiación y llegar a la ejecución es un proceso bastante lejano”, asevera el líder caucano, quien precisa que las iniciativas quedarán priorizadas, pero no tendrán un debido proceso de estructuración y financiación.

Se levanta de la mesa

El PATR de la región del Pacífico lleva la firma de comunidades étnicas (consejos comunitarios y organizaciones indígenas), alcaldes municipales y gobernadores; es, en palabras de los líderes un “PDET étnico”.

En el caso de la subregión Pacífico Medio, para continuar con la participación comunitaria en las iniciativas del pilar sobre Reconciliación Convivencia y Construcción de Paz, se acordó construir una mesa subregional para hacer seguimiento y acompañamiento a la implementación del PDET, además de la creación de una mesa para tratar temas que no eran competencia de este Programa, como lo son necesidades organizativas de comunidades negras, el posible papel de comunidades indígenas como autoridades ambientales o modificaciones en la división marítima de la región. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas se desarrolló como se había planteado.

“A nosotros, las comunidades, por nuestra cuenta, nos tocó conformar la Mesa Subregional PDET Pacífico Medio”, precisa el defensor de derechos humanos consultado, como estrategia para seguirle los pasos a la implementación de los PDET. Y  desde el pasado 29 de agosto tomaron la decisión de cesar las reuniones para asuntos PDET con instituciones del Estado hasta tanto no les atendieran tres solicitudes.

La primera es la creación de una coordinación para Pacífico Medio, pues desde su conformación nunca tuvo una propia, sino que es gestionada desde la coordinación de Alto Patía y Norte del Cauca. “El hecho de que no se haya creado esa coordinación en gran medida también hace que no hayan resultados acá en Pacífico Medio”, precisa el líder de esta región. 

En la segunda reclaman el reconocimiento a la mesa de seguimiento que crearon como comunidad y, la tercer apunta a que se gestione un plan para solucionar el déficit que tiene la subregión en cuanto a formulación, viabilización y financiación de proyectos para que se puedan cumplir las 629 iniciativas acordadas en el tiempo previsto por los PDET.

Los líderes del Pacífico también le solicitaron a la ART tener un espacio de conversación en el que funcionarios de la Agencia de Renovación, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y garantes nacionales e internacionales atendiera estos puntos. El pasado 13 de octubre se encontraron unos y otros, pero no resultó como lo esperaban las comunidades.

“Llegamos allá y estaban los mismos con quienes siempre hemos venido hablando y con quienes no se ha conseguido ningún resultado para Pacífico Medio. Las autoridades étnicas del Pacífico tomamos la decisión de que no había qué conversar y hasta hoy, 22 de noviembre, no hemos recibido respuesta. Se escucha de manera extraoficial que (la ART) están preparando una respuesta”.

A pesar de que en la fallida reunión del 13 de octubre representantes de la ART querían persuadir algunos de los líderes para que siguiera con el diálogo señalando que el 1 de noviembre empezarían esas obras, a la fecha de esta publicación no había ningún avance.

A las posibles trabas burocráticas se suma el ambiente de hostilidad que rodea a quienes, desde las comunidades, velan por el cumplimiento de los programas acordados en La Habana, Cuba. Varios defensores de derechos humanos de todo el país coinciden en que temen por su vida. 

Una de estas regiones es Cauca que ha repuntado, año tras año desde la firma del Acuerdo de Paz, como el departamento con los índices más altos de violencia letal contra líderes, lideresas y autoridades étnicas y en el que por lo menos seis grupos disidentes de las antiguas Farc hacen presencia.

“Los liderazgos de los grupos motor —dice un líder de Cauca—, que participaron en la construcción del PDET, que vienen exigiendo el cumplimiento del PDET, aumentan sus riesgos porque en algunos sitios ser un defensor de la implementación del Acuerdo de Paz, de los PDET, se convierte en un riesgo por la presencia de grupos armados, pero también porque las comunidades le echan la culpa del incumplimiento a los grupos motor, a los movimientos sociales y comunitarios”.

Por eso le hace un llamado a la ART y demás instituciones del Estado para que evite la estigmatización, apoye el papel de seguimiento a las obras PDET e inste a la defensa de la integridad de líderes y lideresas sociales que aún creen en el Acuerdo de Paz y defienden a capa y espada su implementación como manera de reparar a las comunidades de tantas décadas de violencia y marginalidad.

Hay regiones en las que las comunidades ya no creen en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y lamentan, muy a su pesar, haber creído en el Acuerdo de Paz firmado hace cinco años entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc. Si bien reconocen algunos beneficios de esa iniciativa, también se quejan de los incumplimientos.  

Tras la expedición del Decreto 896 de 2017 que creó el PNIS con el objetivo de atacar el problema de las drogas, varios líderes y organizaciones sociales coincidieron en que el Programa era una oportunidad invaluable para cortar el vínculo de miles de familias con los cultivos ilícitos, pero cada día que pasa y no se cumple con lo esperado, las comunidades pierden confianza en el Estado.

Uno de esos rostros visibles que reclaman desde las regiones es Arnobis Zapata, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), quien desde muy temprano se convirtió en un abanderado de la implementación del Acuerdo de Paz, en especial del PNIS.

“Este gobierno (de Iván Duque) desde el principio manifestó no estar de acuerdo con la sustitución voluntaria de cultivos y expresó que no iba a ser una de sus políticas principales en la lucha contra los cultivos de coca y, por esa razón, no ha destinado los presupuestos necesarios del PNIS. Este gobierno no tiene voluntad política”, sentencia este líder del sur de Córdoba.

La historia de la sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia viene de pasar por programas como el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo y Familias Guardabosques, en los que las transferencias económicas no eran directas, sino a través de algunos bienes y servicios, y con los cuales se buscaba dar cumplimiento a las políticas de desarrollo rural: la titulación de tierras, la vivienda social y el acceso a servicios de salud, agua potable, educación, entre otros.

Con el PNIS, tal como fue concebido en el Acuerdo de Paz, se planteaba un proyecto integral. “Si a uno le preguntan ‘y usted cómo va con lo que hace’, pues maravilloso, perfecto, todo divino. Pero esa no es la realidad. Uno tiene que ser autocrítico”, expresa Hernando Londoño, director Nacional del PNIS, adscrito a la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y quien lleva tres años al frente de la iniciativa.

Desde La Habana se planeó un modelo que beneficiaría a familias cultivadoras, no cultivadoras y recolectoras de hoja de coca, para que esas veredas quedaran libres de cultivos de uso ilícito. Al momento de implementarlo se planteó como un programa poblacional y de transferencias económicas directas a las familias. Ahí el PNIS contempló pagos de 36 millones de pesos para cada familia inscrita como parte del Plan de Atención Inmediata Familiar.

Los pagos se entregarían a través de cinco componentes: pagos de asistencia alimentaria inmediata, por un monto de 12 millones; apoyo de asistencia técnica, de 3,2 millones; entregas de insumos y materiales para proyectos de seguridad alimentaria y huertas caseras, por 1,8 millones; proyectos productivos de ciclo corto, de 9 millones; y proyectos de ciclo largo, de 19 millones.

“Obviamente, el programa nació sin pensar que iba a inscribir a casi 100 mil familias —señala Londoño—. Entonces, 100 mil familias por 36 millones de pesos, ya vale 3,6 billones de pesos y esa plata no la tiene el Estado. Entonces iniciamos con una deuda de 3,6 billones para ejecutarlo en dos años”.

El funcionario insiste en que el PNIS fue mal planeado en aspectos como los tiempos de la asistencia técnica: “¿Cuánto es el tiempo que se tarda el Estado, que es bien lento de por sí, para conseguir la plata para contratar, para comenzar a operar, contratar un operador y ese operador contratar técnicos y salir a prestar asistencia técnica? Eso no demora 24 meses, porque la sola asistencia se pensaba para invertir en 24 meses”.

Con todos esos retos, el PNIS inició y las familias fueron dejando, como nunca antes se había visto, la hoja de coca. La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) precisa que, a diciembre de 2020, en los 14 departamentos y 56 municipios en los que se desarrolla el Programa, se habían erradicado de forma voluntaria y asistida 43.711 hectáreas de cultivos de uso ilícito.

Para obtener los beneficios del PNIS se inscribieron, con corte a diciembre de 2020, 99.097 familias, de las cuales 67.251 figuran como cultivadoras; 14.989 como no cultivadoras; y 16.857 como recolectoras. Sin embargo, según información de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos con corte al 31 de marzo de 2021, del total de los núcleos familiares vinculados, el 80 por ciento se encontraba activo; el 10 por ciento retirado; el 6 por ciento en ingreso; y el 4 por ciento restante en estado de suspensión.

Sobre las suspensiones, los datos dejan apreciar que principalmente se ha dado por incumplimiento en la participación de las actividades requeridas del programa (1.044), el incumplimiento de los requisitos de las familias beneficiarias (645) y el incumplimiento de requisitos administrativos (454).

Sobre las exclusiones, 2.181 de los casos corresponde a la baja densidad de los cultivos de uso ilícito en los lotes postulados —uno de los criterios de focalización del PNIS—; 1.730  obedece a que no fueron acreditadas por las Asambleas Comunitarias o que las Juntas de Acción Comunal no las reconoce; 1.269 por no cumplir con la obligación de participación en las actividades requeridas —como son los ejercicios de monitoreo y verificación de la erradicación del cultivo de uso ilícito, las actividades de los operadores de asistencia técnica e implementación de las iniciativas productivas—; 1.007 atendidos por otros programas de sustitución anteriores; y 1.007 retiros voluntarios.

En el Tercer Informe al Congreso sobre el Estado de Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz, publicado en agosto de este año por la Procuraduría General de la Nación, el ente de control es claro en reprochar que no hay una reglamentación para definir la permanencia de las familias PNIS en el Programa.

Del total de familias inscritas, cerrando 2020, 58.940 recibieron la totalidad de la asistencia alimentaria inmediata, que corresponde a importes mensuales en efectivo de un millón de pesos que debían cancelarse en 12 meses para el sostenimiento económico. Según la Procuraduría, ese número ascendió a 68.950 para marzo de 2021, de esta manera, en tres meses esta fase del PNIS aumentó un 10 por ciento.

Cuestionan ejecución

Los incumplimientos en la implementación del Programa y la arremetida de la Fuerza Pública contra campesinos que cultivan hoja de coca generaron en el pasado mes de mayo la protesta de cientos de campesinos, quienes salieron de sus regiones para acogerse al Paro Nacional convocado por centrales sindicales y organizaciones estudiantiles y plantarse en sitios clave de Villavicencio y Buenavista, en Meta, o Altamira, en Caquetá, y exigir, como uno de los primeros puntos, el cumplimiento del PNIS. (Leer más en Campesinos del Guayabero reclaman atención integral del Estado y “Los pasos para iniciar la aspersión con glifosato no se socializaron”: Arnobis Zapata)

Eucario Bermúdez, líder social del municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, dice que su inconformidad con el gobierno nacional es porque en las veredas en las que trabaja, a la mayoría de familias les han entregado entre tres y cuatro pagos para la seguridad alimentaria, después de más de tres años de iniciado el Programa.

En ese municipio, hay un total de 2.347 familias beneficiarias y a 31 de diciembre de 2020 se le había realizado el total de los pagos de los Planes de Atención Inmediata a 1.342 familias, según UNODC. Luego de ese aporte, recuerda Bermúdez, “dieron unas semillitas, unas mallas, unas carretillas, unas láminas de zinc, unas gallinas. Y los proyectos productivos… nada. Eso ya no llega”.

Situación similar viven labriegos de las veredas de Caño Amarillo, Caño Limón y La reforma, en el municipio de Vista Hermosa, Meta, donde hay 2.202 familias inscritas al PNIS. Las comunidades resaltaron que el importe inicial de asistencia alimentaria, 12 millones de pesos, se les pagó completamente. Después “llegó un proyecto de una huerta con semillas de cilantro o algo así… y ya nada más”, reconoce un agricultor de la región que pidió la reserva de su nombre.

Varios líderes coincidieron en que el actual gobierno nacional descartó la ruta para la implementación del PNIS que se había propuesto con las comunidades en la administración del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y planteó otra sin socializarla.

“El presidente Duque quiere cumplirle a las 100 mil familias, quiere entregar los recursos para cumplirle a las 100 mil familias, así sean 3 billones de pesos. Ya tenemos invertido más de 1,7 billones, luego ya lo que queda son 1,8 y tengo 700 mil millones este año, o sea, voy a quedar en 2,5 billones de pesos al finalizar el 2021”, resalta el director del PNIS.

Sin embargo, dados los incumplimientos en los tiempos, “lo que ha pasado es que la gente se ha comido lo que el gobierno le ha dado —indica Zapata—. El gobierno está entregando a cuentagotas a los campesinos los recursos, cada dos años entra un nuevo componente y sólo del Plan de Atención Inmediata”.

Cuando se le pregunta a Farid Murcia, líder del Bajo Caguán, por el cumplimiento de los proyectos productivos en la región, después de reírse con desdén, arroja un “nada, nada de nada”. Concuerda en que las acciones han estado encaminadas en el Programa de Atención Inmediata (PAI), en varias regiones aún inconcluso, y el resto de componentes han sido incumplidos.

“Los avances en la entrega de recursos para proyectos de ciclo corto y de ciclo largo siguen muy por debajo de las metas establecidas”, precisa la Procuraduría en su informe. Asimismo, recuerda que en los casos que se ha adelantado algo de estas fases debe preocuparse por acompañar a las familias de una manera más asertiva para que, como dice el vocero de la Coccam, no se pierdan los recursos del Programa.

“Según ha conocido este ente de control, las asistencias técnicas consisten en visitas de caracterización, de definición de planes de inversión y de entrega de insumos, pero no continúan una vez finalizado el proceso. Si bien la DSCI (Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos) cuenta con un equipo de apoyo territorial, este no es suficiente para cubrir con este proceso de asesoría técnica constante para las familias del Programa”, plantea el Ministerio Público.

Otro de los puntos que presenta tímidos avances son los PAI comunitario, que habían sido formulados como acciones para mejorar las condiciones de cada una de las veredas que se acogieron al PNIS.

Las comunidades denuncian que no hay mayores avances en la construcción de puestos de salud, guarderías rurales, alimentación escolar, pequeñas obras de infraestructura y empleabilidad. En su informe, la Procuraduría también evidenció deudas en algunos de estos aspectos.

Con respecto a los Planes Integrales municipales y comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), que proponían implementar programas en los territorios relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, infraestructura y adecuación de tierras, salud, educación y vivienda, entre otros, la Procuraduría muestra avances.

A marzo de 2021, “se contaba con universo (sic) de 812 iniciativas de los PATR (Plan de Acción para la Transformación Regional) con marcación PISDA, para 48 municipios donde coinciden el PDET y el PNIS. De estas iniciativas, 268 contaban con ruta de implementación activada, y 353 estaban contenidas en los planes de trabajo 2020-2021 de la ART. Estas iniciativas se concentran en los municipios de Tumaco (27), Puerto Asís (23), Puerto Rico (20), Miranda (19), La Montañita (16), Puerto Leguízamo (10), Mesetas (10) y Orito (10)”.

Recolectores, con la peor parte

Los recolectores, también conocidos como ‘raspachines’, quienes en su momento sirvieron como mano de obra para raspar la hoja de coca, han sido a los que más se les ha incumplido. En ello concuerdas voceros campesinos y la Procuraduría.

Por un año de trabajo en obras de interés comunitario (como comedores escolares o vías veredales) se les pagaría 12 millones de pesos. Según el último informe de seguimiento al PNIS entregado por UNODC, a corte del 31 de diciembre de 2020, 5.701 recolectores se vincularon a actividades de interés comunitario en las que realizaron mantenimiento a 15.305 kilómetros de vías terciarias o caminos de herradura y a 9.682 espacios públicos.

En algunas regiones les pagaron por estas labores, a otros ni siquiera les han dado el primer pago, según denuncias de las comunidades de algunas veredas del municipio de Mesetas, Meta. 

“Aunque este componente presentó una mejoría con respecto a 2020, continúa siendo la que más rezagos tiene en su implementación, toda vez que los esfuerzos administrativos y presupuestales están concentrados en dar cumplimiento al PAI familiar del grueso de las familias adscritas en calidad de cultivadoras y no cultivadoras”, se lee en relación a la situación de los recolectores en el informe de la Procuraduría.

En los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré, en el sur de Córdoba, los recolectores recibieron los pagos de la primera fase, pero en el municipio de Tierralta ni siquiera a una de las 132 familias recolectoras les han dado el primer pago y la respuesta que dicen han recibido las comunidades por parte del gobierno nacional es que “no hay recursos”.

Con esta versión coinciden varias comunidades de Mesetas, en Meta, donde se inscribieron 1.103 familias al PNIS: 712 cultivadoras y no cultivadoras y 391 recolectores. Muchos de estos últimos se cansaron de esperar lo prometido por el Programa y se encaminaron a los departamentos de Cauca, Norte de Santander o Guaviare para seguir trabajando con cultivos de uso ilícito.

“Ahí están esos recolectores que cada que hacemos reuniones nos reclaman a nosotros (los líderes que promovieron el Acuerdo de Paz), porque al fin y al cabo por ponernos de redentores salimos crucificados. Nosotros fuimos los que llevamos el gobierno allá”, lamenta Zapata.

Sin soluciones claras

El PNIS planteaba asistir técnicamente proyectos productivos a los que las familias estuvieran acostumbrados con un rubro de 19 millones de pesos para generar ingresos en los predios que habitaban. Sin embargo, en áreas protegidas por razones ambientales la realidad es otra.

En el caso del Sistema de Parques Nacionales Naturales, las restricciones sobre las actividades antrópicas son bastante estrictas. Según información entregada por Parques Nacionales Naturales, en las áreas protegidas que administra esta entidad en Meta, Guaviare y Caquetá hay 1.855 familias con 5.569 personas según se ha caracterizado entre 2015 a 2021 que deben dedicarse a actividades de conservación o ecoturismo, pero que en la práctica han basado sus economías en la ganadería y el cultivo de hoja de coca.

“Si los cultivos de hoja de coca deben acabarse, bueno, se deben de acabar. ¿Pero dónde está la solución? Si hoy un plato de comida está en la mesa es porque lo está produciendo la hoja de coca, entonces ‘te quito esto, pero te voy a dar el platico de comida con esto’, pero nunca ha llegado eso, sólo es ‘páseme ese plato de comida y usted verá cómo se defiende’”, comenta Ronald Echeverri, presidente de Nueva Colombia, una de las veredas de Vista Hermosa, en Meta, que hace parte del Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena.

Las comunidades asentadas en áreas de interés ambiental aspiran a “tener la seguridad del territorio”, es decir, pretenden que les otorguen títulos de propiedad sobre los predios que habitan. Algunos pobladores están asentados en esta región desde la década de los años sesenta, mucho antes de que se declararan como zonas inadjudicables.

Londoño reconoce que cuando el PNIS ha llegado a los territorios a tratar de implementar el proyecto productivo, la gente no tiene tierra: “Hoy encontramos todos los problemas. La gente pidiendo que le den tierra y un programa de sustitución no puede convertirse en un programa de tierras, porque para eso está la Agencia Nacional de Tierras”.

“Yo sé que la gente que tiene tierra titulada no siembra coca —continúa— porque sabe que la pierde. Entonces la gente que siembra cultivos ilícitos o bien está en zona de reserva de Ley 2 no titulable o bien se mete a los Parques o se mete a los resguardos indígenas o a los consejos comunitarios o a donde no pierda nada porque saben que si los cogen pues van a perder la tierra”.

Para solucionar el problema de las comunidades asentadas en Zona de Reserva Forestal, el gobierno nacional ha formulado propuestas como los Contratos de Conservación Natural, que le otorga a las familias asentadas en estas áreas el derecho de uso por hasta 10 años, prorrogable de 1 a 10 años más, en labores que los planes de ordenamiento territorial permitan, con pagos por servicios ambientales de 800 mil pesos entregados cada dos meses.

“Se espera que antes de concluir este gobierno se entreguen en Colombia 9.596 Contratos de Conservación Natural, proceso que adicionalmente tiene un componente clave para implementar procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en Zonas de Reserva forestal”, publicó en febrero de este año la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Normalización.

Sin embargo, varias comunidades le expresaron a este portal su desconfianza porque creen que después que se terminen esos contratos no habría ninguna garantía jurídica que les permita continuar viviendo en esos predios que han habitado durante décadas.

Pedro Arenas, investigador de Viso Mutop, recuerda que con varias familias ubicadas en Parques suscribieron pactos individuales del PNIS, por los cuales el Estado estaba obligado entregar dineros de sostenimiento. “Han pasado más de cuatro años y el gobierno, con múltiples excusas, ha dilatado el cumplimiento de los compromisos con las familias”, sostiene.

Londoño ha resaltado que uno de los mayores obstáculos es la desfinanciación del Programa, la mala planeación con la que se formuló y la presunta reticencia de las directivas de Parques Nacionales Naturales para desarrollar actividades productivas en estas áreas protegidas. (Leer más en Programa de sustitución de hoja de coca se frena en Parques Nacionales Naturales)

“El doctor Londoño —indica Arenas— siempre ha utilizado la excusa de echarle la culpa de todo lo que sucede con el programa al gobierno anterior, a los funcionarios anteriores. Yo no voy a defender ni al presidente anterior ni a los funcionarios que estuvieron a cargo del programa en su origen, lo que quiero dejar claro es que han pasado ya tres años y este gobierno debería haberle encontrado una solución a los problemas que encontró en el PNIS”.

En su informe, la Procuraduría resaltó que no se encontraba en ejecución ninguna iniciativa de generación de ingresos de áreas de Parque. “Según informó la DSCI (Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos), y se corroboró al identificar que no se contaba con inversiones para proyectos de ciclo corto o largo en estas regiones. En cambio, en Zonas de Reserva Forestal, se identificó una inversión promedio por beneficiario de 95.344 pesos por familia en el componente de proyectos productivos, cuyo tope son $19 millones de pesos”.

Para Zapata es un trabajo del PNIS con Parques Naturales Nacionales: “Se están tirando la pelota los unos a los otros para luego salir a decir que no pueden hacer las cosas porque hay limitantes, pero es que esas limitantes las tiene que resolver el gobierno, no pueden tirarles las limitantes a los campesinos como si ellos fueran los culpables”.

Hecho a la medida

En diversas regiones se viene escuchando una iniciativa paralela al PNIS que se publica como Hecho a la Medida. “No hay un documento de política pública que muestre de qué se trata ese programa”, reprocha Pedro Arenas. Según información de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio, esta propuesta fue adoptada mediante Resolución 27 del 6 de mayo de 2020, sin embargo, este portal no pudo encontrarla disponible en Internet.

En un documento que VerdadAbierta.com consultó de la Consejería Presidencial Para la Estabilización y la Consolidación se precisa que Hecho a la Medida es una estrategia conjunta y participativa que se presenta como una alternativa para aquellas familias que no están inscritas en el PNIS.

“Se supone que con el lanzamiento de estas otras estrategias habría plata para otras propuestas, pero para cumplir con el PNIS, que es derivado del Acuerdo de Paz, no hay nada, lo que muestra un poquito la mala fe que habría detrás de decir que para el PNIS no hay plata, pero para otro programa sí”, se queja Arenas.

En las regiones ya hay confusión con la aparición de este programa. Algunos creen que ahora el PNIS pasa a ser Hecho a la Medida, otros que el PNIS no seguirá y ahora deben buscar cupo en Hecho a la Medida. Lo que resalta Arenas es que la socialización de este programa no ha sido clara.

Los líderes que le han hecho seguimiento a esta propuesta lo observan como un “paralelismo al PNIS” y señalan que para que los campesinos puedan entrar a este deben erradicar sin recibir ningún tipo de ayuda, deben poseer tierras y no hay un monto fijo para la ejecución de los proyectos. Por esto, para Zapata, este programa no ofrece las garantías necesarias a los campesinos y no construye confianza en los territorios ante la ya de por sí socavada imagen del Estado con la implementación del PNIS.

“Es una estrategia de sustitución que depende de que los entes territoriales tengan presupuesto para eso. Es como ponerle una carga más a los entes territoriales y sacar recursos de donde no los hay para implementar una vaina que no va a llegar a ningún lado porque no van a ser capaces de cumplir con algo de eso. Si no pueden cumplir con el PNIS que supuestamente debía tener una financiación…”, sentencia el vocero de la Coccam.

¿El PNIS tiene futuro?

Varios líderes resaltaron el compromiso de sus comunidades con la erradicación voluntaria y constituir zonas libres de hoja de coca, como es el caso de la vereda Gaviotas o el resguardo indígena Nasa de Candilejas, en el municipio de Uribe, en el sur de Meta.

Estas comunidades ahora se dedican a cultivar plátano, aguacate, cacao o el maracuyá, pero nada de eso está funcionando: el mal estado de las vías no hace rentable la agricultura. Los labriegos esperaban que las obras prometidas en el Acuerdo de Paz fueran dándose de manera armónica con la implementación del PNIS, pero hasta el momento no hay avances claros.

Un defensor de derechos humanos del Espacio Regional de Paz del Cauca, que prefiere mantener su nombre en reserva por los altos índices de violencia que padece ese departamento, reconoció que en varias regiones de ese departamento vienen creciendo los cultivos de hoja de coca a la par que crece la desconfianza de las comunidades en la Agencia de Renovación del Territorio.

Por otro lado, comunidades que han habitado regiones que hacen parte de las Zonas de Reserva Forestal, establecidas desde 1959 con la Ley 2, y que habían erradicado toda la hoja de coca, han empezado a abrir parches en la selva amazónica, como le contaron a este portal campesinos del Bajo Caguán.

El vocero nacional de la Coccam considera que el panorama más lamentable se observa en aquellas regiones donde no hay procesos organizativos fuertes y en los cuales hay inconformidad, pero no se alzan sus reclamos. “Allá el gobierno ha hecho lo que se la dado la gana y a la gente le han entregado lo que le ha dado la gana”, dice.

Las comunidades se han planteado no recibir más de los recursos del PNIS si el gobierno nacional no se sienta con las comunidades a corregir la dirección de ese programa, asegure los recursos y se avance en la reforma rural integral, pues les preocupa que si la implementación se hace a cuentagotas al final se diga desde Bogotá que sí se cumplió cuando la realidad en las regiones revele que fue un fracaso.

Con voluntad política, destinación de recursos y vinculándolo a la reforma rural integral, hay una gran posibilidad de que gran cantidad de campesinos salgan de la ilegalidad, plantea el vocero de la Coccam.

Por su parte, la Procuraduría considera que los mayores retos para la dirección del PNIS están en materializar sus contenidos en términos de articulación interinstitucional, de cobertura de los temas de mayor necesidad junto a la Reforma Rural Integral, y de seguimiento a los operadores que son contratados para la implementación del Programa.

“La gente sigue con la idea de que el PNIS puede funcionar, tiene oportunidades. Lo que debe llegar es un gobierno que tenga la capacidad de entender que los campesinos no son delincuentes, que son sujetos de derechos y que debe destinarles presupuesto para sacarlos de la situación que están actualmente”, concluye Zapata quien, pese a todo, se arriesga a decir que el Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito sigue siendo una alternativa viable.

“No todo ha sido malo”, afirma Yulieth Villa, una antigua combatiente de la extinta guerrilla de las Farc, al hablar sobre lo que ha significado el proceso de reincorporación para ella, una mujer que estuvo en la lucha armada por más de 10 años. “Como personas, hemos tenido oportunidades: formar un hogar, tener una nueva vida, estar cerca de los hijos. De cierta manera, ha sido positivo para nosotros”, agrega.

Pero su visión sobre ese paso de la vida en armas a la legalidad se torna crítica cuando profundiza en sus reflexiones y contrasta su pasado en la guerra con el presente, cuya vida transcurre en El Oso, Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) situado en el municipio de Planadas, departamento de Tolima, uno de los 24 espacios que existen en el país dispuestos para fortalecer el proceso de reintegración integral a la vida civil de por lo menos 3 mil exguerrilleros que aún permanecen en ellos.

“A veces nos ponemos a pensar si perdimos o no el tiempo en la organización (las Farc)”, cuenta la excombatiente. “Fueron muchos días en los que se perdieron vidas, se derramó mucha sangre, y al mirarnos cómo estamos ahora no encontramos respuestas. Estuvimos arriesgando la vida por un cambio y vienen y se inventan un acuerdo de paz para un cambio y en vez de avanzar, retrocedimos”.

Para justificar su apreciación, invoca la figura de Pedro Antonio Marín, conocido como ‘Manuel Marulanda Vélez’, uno de los fundadores de la antigua guerrilla de las Farc: “La lucha del camarada Manuel era por una escuela, una carretera, un puesto de salud. Y uno se pone a mirar, y las necesidades siguen siendo las mismas: faltan escuelas, carreteras, puestos de salud”.

Fredy Escobar Moncada, un excombatiente con formación universitaria que, actualmente, desarrolla actividades académicas en una de las principales ciudades del país, le da un valor significativo a la desmovilización y desarme de los excombatientes, presentándolos como uno de los principales logros del Acuerdo de Paz.

“Más allá del proyecto político, más allá de las aspiraciones que se podrían tener como organización, y ahora como partido político, la verdad es que en Colombia, esas personas ya están pensando en otra cosa que no sea la lucha armada”, resalta y agrega que esa decisión le aporta “a una sociedad distinta, a una sociedad en paz; también aporta a lo que nosotros podríamos empezar a llamar la convivencia, la concordia, la tolerancia, el respeto a la diferencia, a la oposición política; y no le están colocando víctimas a este conflicto”.

Pero al contrastar con la realidad de los hombres y mujeres que iniciaron el camino a la legalidad, bajo el Acuerdo de Paz, la visión de Escobar también se torna crítica y llama la atención sobre la visión del Estado en este proceso: “El Acuerdo de Paz se estipuló como reincorporación colectiva y de todas maneras el Estado continúa con la reincorporación individual”.

¿Y qué consecuencias tiene esa política estatal? Para Escobar, una reincorporación con enfoque individual “choca política, ideológica, incluso en el campo económico y social con la reincorporación colectiva, porque aquella despolitiza, desideologiza, individualiza, y finalmente el objetivo pareciera que es la dispersión y no la continuidad, por ejemplo, de una comunidad integrada”.

La otra cara de la monera lo expone la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad estatal que tiene la responsabilidad de atender el proceso de reincorporación de aquellos hombres y mujeres que dejaron las armas bajo el Acuerdo de Paz, bajo la política de Paz con Legalidad, impulsada por el gobierno nacional.

De acuerdo con la ARN, se desmovilizaron 14.708 personas pertenecientes a las antiguas Farc, de las cuales 12.925 se encuentran en proceso de reincorporación. Y según la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, a la fecha han aprobado 3.661 proyectos productivos, de los cuales 101 tienen carácter colectivo y 3.560 individuales, por un valor total de 75.264 millones de pesos, que vinculan a 7.822 personas en reincorporación, llegando así al 60,5 por ciento de los excombatientes reincorporados.

Cinco años después de iniciada la reincorporación a la vida legal de los excombatientes, las visiones contrastan y su interpretación depende del cristal con que se mire este proceso. Del lado de los beneficiarios, hay reconocimiento de logros acompañadas de críticas; y del lado del Estado, hay cifras que las controvierten.

Desde los territorios

Carlos Grajales pasó de tener un fusil terciado al hombro a presidir la cervecería artesanal La Roja, uno de los proyectos productivos más reconocidos de los reincorporados cuya idea surgió en 2017 en el ETCR constituido en el municipio de Icononzo, departamento de Tolima, como una respuesta, según él, al incumplimiento del Acuerdo por parte del gobierno nacional en la financiación de proyectos productivos viables para los excombatientes.

Sin embargo, el proceso de montaje y desarrollo de esa iniciativa cervecera no ha sido fácil. Al comienzo se encontraron con las regulaciones que exige el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para otorgarles el registro sanitario, entre ellas tener una planta de producción, y con las normas de planeamiento que aplicaban para el ETCR de Icononzo.

“Conseguimos la plata para construir la planta y no se puede construir porque el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) del municipio tiene un uso de suelo pastoril y para pasar al uso industrial toca hacer un ejercicio de voluntad política del gobierno y alcaldía y ninguno nos ayudó. Por eso nos vinimos para Bogotá”, explica Grajales, lo que implicó abandonar el ETCR, decisión que hasta ese momento no estaba en sus planes. 

Este exguerrillero define el proyecto cervecero como “una asociación en la lógica de la economía solidaria”, cuyas ganancias se donan a proyectos territoriales de las comunidades, entre ellos la construcción de jardines infantiles para los hijos de sus compañeros en proceso de reincorporación. “No tendría sentido haber luchado contra el capitalismo durante muchos años para montar una empresa capitalista para cuatro o cinco volvernos millonarios, no es nuestro objetivo”, enfatiza Grajales. 

Las trabas burocráticas también inciden para que los excombatientes tengan dificultades en el acceso a tierras productivas para adelantar su proceso de reincorporación económica y social, situación que les preocupa ostensiblemente si se tiene en cuenta el origen rural de cientos de antiguos guerrilleros que se acogieron al Acuerdo de Paz.

“Necesitamos tierra para nuestros proyectos productivos, para tener nuestras casas, si podemos tener proyectos productivos estamos construyendo paz”, insiste Joverman Sánchez, un antiguo jefe guerrillero que lidera un proceso de reintegración social y económica en el municipio de Mutatá, Urabá antioqueño.

A su juicio, las medidas del gobierno nacional son insuficientes y, además, presentan fallas: “Nos están dando muy poca comida, con muchas dificultades y eso siempre es una pelea. Tenemos una bancarización, en eso nos cumplen, pero no es la esencia del Acuerdo. Necesitamos la tierra para trabajar y necesitamos que no nos maten para que podamos trabajar la tierra”.

La preocupación de Sánchez sobre la seguridad de los excombatientes tiene asidero en la realidad: A la fecha, han sido asesinados 290 firmantes del Acuerdo de Paz en diversas regiones del país, un saldo trágico para quienes confiaron en los pactos logrados en La Habana, Cuba. (Leer más en: Seguridad de excombatientes: una deuda que ha cobrado 290 vidas)

A cientos de kilómetros del Urabá antioqueño, hacia el sur del país, el exguerrillero Diego Ferney Tovar llama la atención sobre otro de los temas más sensibles en el proceso de reincorporación: las políticas públicas municipales que garanticen el acceso a derechos de los antiguos miembros de las Farc desmovilizados y sus familias.

Tovar hace parte del grupo de excombatientes que se concentraron en el ETCR construido en el municipio de La Montañita, departamento de Caquetá, y desde allí llama la atención sobre la situación de quienes viven en ese espacio territorial.

“Nosotros hoy estamos excluidos de la política pública del municipio de La Montañita. Vaya al esquema de ordenamiento territorial, que es de donde se deriva el plan de acción de la Alcaldía y mira qué hay para Agua Bonita, para el pueblo Héctor Ramírez, y no hay nada porque no aparece en la política pública”.

Y continúa: “En administración pública se dice si usted no existe en la política pública usted no existe para ninguna institución, aquí nos ha tocado darnos una pelea para que se sisbenice la gente y tuvo el descaro el gobierno local, amparado por el gobierno nacional, de decir que aquí no se podía sisbenizar porque nosotros éramos firmantes del Acuerdo y estábamos en otro programa”. 

El Sisben (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) es una herramienta del Estado mediante la cual se clasifica a la población menos favorecida de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos con el fin de focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan.

“Para acceder a salud necesitamos estar sisbenizados, pero resulta que no se trata solamente de los firmantes, se trata de los hijos de los firmantes. Aquí tenemos una población de más de 100 niños”, detalla Tovar y denuncia que en La Montañita tampoco no los admiten en el Sisben, lo que limita el acceso a derechos básicos, como la salud y la educación.

En claroscuro

Escobar reconoce que el proceso de reincorporación social, económica y política responde al balance propio de la implementación del Acuerdo del Acuerdo de Paz que, a su juicio, “tiene aspectos muy positivos, pero, obviamente, también tiene aspectos muy desafortunados”.

Si bien destaca la continuidad de la asignación mensual o renta básica, que consiste en un aporte estatal del 90 por ciento del salario mínimo legal vigente para los excombatientes, considera, sin embargo, que ese aporte “no tiene el acompañamiento, la simultaneidad, la sinergia de los proyectos productivos, entonces la renta básica termina siendo útil, pero no suficiente para el regreso a la vida civil”.

Este exguerrillero hace una valoración crítica de los proyectos productivos tras considerar que están por verse aquellos proyectos de impacto, “que genere ingresos, que ayude a resolver problemas, que lleve a la gente pasar de una economía de la guerra a una economía familiar”.

A su juicio, la principal amenaza en los ETCR es la miseria y la pobreza, “y con eso una reincorporación, una reintegración a la vida civil, en las mismas condiciones que, en ciertas ocasiones, propician, conflicto armado”.

Además, llama la atención sobre aquellos que están por fuera de esos espacios, como los 350 excombatientes radicados en Medellín, quienes, a su juicio, “viven en condiciones de mucho riesgo social, económico y político”.

Y agrega: “Cuando se hizo el trabajo de causas y consecuencias de la guerra, también se identificaron ejes de persistencia, y uno de los ejes de persistencia que aporta a la pervivencia del conflicto armado, es precisamente el fracaso a la vida civil de excombatientes. El fracaso en eso significa un fracaso de una política de paz”.

Por su parte Pastor Alape, exjefe guerrillero que hace parte del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), asegura que el proceso de reincorporación “va en marcha, enfrentando y superando muchos obstáculos porque no ha habido un compromiso efectivo de parte del gobierno”.

Sobre los avances, reconoce la permanencia de la mayoría de los ETCR que, poco a poco, se van convirtiendo en centros poblados, pese a las dificultades que han enfrentado, sobre todo en temas de seguridad.

En estos cinco años de implementación del Acuerdo de Paz, por lo menos cuatro de esos espacios han enfrentado problemas: el primero de ellos fue el de la vereda Gallo, de Tierralta, Córdoba, que fue trasladado por decisión de los exguerrilleros al municipio de Mutatá, Antioquia; el segundo fue el de La Elvira, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, cuyos pobladores se desplazaron y se dispersaron; el tercero fue el de Santa Lucía, en Ituango, que tuvieron que trasladarse a Mutatá, para preservar sus vidas.

Y justo el cuarto se registró este fin de semana, en el ETCR Urías Rendón, del municipio de El Doncello, departamento de Caquetá, del que se vieron obligados a desplazarse 106 familias firmantes del Acuerdo de Paz por acción de grupos armados ilegales. Para atender esta situación, se activó la Ruta Integral de Reasentamiento. (Ver comunicado)

Pese a las dificultades, el representante de las antiguas Farc en la CNR resalta las iniciativas propias de los excombatientes, quienes “han venido construyendo procesos productivos que van siendo reconocidos en el país. Aquí lo que se recoge es una iniciativa y creatividad permanente de los reincorporados”.

Para respaldar su crítica contra el gobierno nacional, Alape hace un listado de faltantes que, de hacerse efectivos, fortalecerían el proceso de reincorporación: “Todavía no hay tierra para proyectos productivos ni colectivos ni individuales; no hay tierra para vivienda ni plan de vivienda; no hay un programa concreto para la educación; y no hay un programa que garantice acceder a derechos concretos a los adultos mayores, a las personas con discapacidades y enfermedades de alto costo”.

Y adiciona a ese listado la falta de acceso a créditos bancarios, un asunto que complica el proceso de inserción económica. “Cada que llegan a solicitar un crédito aparecen procesos judiciales. Todos tenemos esa situación y, obviamente, los bancos prenden alarmas”, dice el exjefe guerrillero.

“No es posible desarrollar actividades concretas en asociaciones, en procesos cooperativos, asociativos —agrega— porque de, igual manera, nos encontramos con esas limitaciones” y advierte que, en ese sentido, “no ha habido una acción concreta de transformación o ajuste normativo para poder garantizar la reincorporación, el tránsito concreto de los hombres y mujeres de las Farc a la institucionalidad”.

En su análisis, Alape considera que parte de las falencias que enfrenta el proceso de reincorporación se debe a la desarticulación del Estado, una situación que, a su juicio, el Acuerdo de Paz intentó corregir, pero que al hacer  un balance de los cinco años de su implementación aún no se ha logrado, entre otras razones porque hay “funcionarios que no entienden, que no son claros, que no se trata de una ciudadanía sometida, sino que es una ciudadanía que firmó un Acuerdo de Paz, y es protagonista de ese Acuerdo”.

¿Y la empresa privada?

Escobar y Alape destacan los avances que se han logrado integrando al proceso de reincorporación alianzas con el sector privado, nacional y extranjero. El primero de ellos resalta la voluntad de algunos empresarios en “querer ayudar, expresar su filantropía, su responsabilidad social”, pero insiste en señalar que, por su enfoque individual, la reincorporación política va quedando relegada porque, de alguna manera, choca con el debate por la disputa del poder político.

Alape, por su parte, destaca las alianzas productivas con el sector privado que, a su juicio, ofrecen una experiencia en la lucha por implementar el Acuerdo de Paz, y dice que se “ha ido sumando, pero con mucho temor. Creemos que hace parte de ese proceso que se informe más, que vea más lo que se está haciendo”.

Resalta, eso sí, el papel que vienen cumpliendo en la reincorporación la Fundación Proantioquia, que reúne en el departamento de Antioquia a un nutrido grupo de empresarios que promueven iniciativas de desarrollo regionales y nacionales, y a la Federación Nacional de Cafeteros. “Pero sí falta más asistencia —afirma—, más actividad de parte del gobierno, para que el empresariado vea que aquí también hay unas oportunidades y que se si se establecen alianzas se pueden construir paz en los territorios”.

La información aportada por la ARN para este reportaje permite establecer con detalle la participación de empresas privadas en distintos niveles del proceso de reincorporación de los excombatientes de las antiguas Farc. En su exposición, resalta que esta agencia “ha logrado consolidar un fuerte relacionamiento con actores externos estratégicos que han apoyado desde distintos frentes la Política Nacional de Reincorporación”.

En consonancia con ello, detalla que, con relación al apoyo a sectores productivos, tanto de carácter individual como colectivo, se han recibido aportes “en especie, en fortalecimiento, monetarios, en asesorías, alianzas comerciales, apoyo en comercialización, vacunación para ganado y formación” por parte de 24 organizaciones privadas.

Otra de las maneras de vinculación es a través del fortalecimiento de las formas asociativas en “ámbitos comercial, financiero, productivo, organizacional por medio de diferentes actores locales, nacionales, públicos, privados y de cooperación internacional”. De acuerdo con la ARN, ese tipo de acciones se reflejan en “acompañamiento en procedimientos para la formalización, procesos de formación, transferencia tecnológica y servicios financieros”.

Con respecto al apoyo de inclusión social de los excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, la ARN reporta que la ejecución de “acciones orientadas a sensibilizar al sector privado, en los cuales se incluye la socialización de las políticas de reintegración y reincorporación, de las características y necesidades de la población atendida por la entidad siendo este un elemento de fundamental para la promover su vinculación laboral”.

De acuerdo con esa agencia estatal, en esta línea de trabajo “se presentan las necesidades de la población para identificar caminos de articulación con el sector privado”, un aspecto clave para fortalecer los procesos de integración a la vida legal.

(Ver tabla N. 3)

Vivienda, cuello de botella

En su análisis para este reportaje, Alape llama la atención sobre las dificultades que existen para concretar programas de vivienda que favorezcan a los excombatientes. La excombatiente Villa, del ETCR de El Oso, asevera que al Estado colombiano construir casas dignas. “En las que vivimos ahora las llamamos cajas de cartón”, ironiza. “A nosotros porque nos toca, y no se nos hace duro porque estamos enseñados a situaciones peores, a vivir debajo de un caucho. En esta nueva actualidad de nuestra vida, nosotros si esperábamos algo mejor”.

De hecho, advierte que, en un principio, se les había consultado en qué material querían las casas y todos los que estaban en ese ETCR propusieron en adobe y concreto, pero la realidad fue otra: se construyeron en superboard, unas placas de fibrocemento cuya resistencia ponen en duda. “Eso hasta lo atraviesa una pedrada”, dice Villa.

En respuesta al respecto, entregada a este portal, la ARN explica que los procesos de vivienda en los ETCR se adelantan de manera conjunta con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y deben pasar por tres procesos hasta su ejecución: desarrollo de estudios de prefactibilidad, identificación de beneficiarios de subsidios y formulación técnica.

Según esta agencia estatal, la Universidad Nacional sede Medellín acreditó la viabilidad del desarrollo de proyectos de vivienda en los predios de los ETCR de Llano Grande, municipio de Dabeiba, Antioquia; La Fila, municipio de Icononzo, Tolima; Filipinas, municipio de Arauquita, Arauca; Mutatá, municipio de Mutatá, Antioquia; y Los Monos, localizado en el resguardo indígena de San Lorenzo, municipio de Caldono, Cauca.

Ese centro de estudios superior también adelanta los estudios de prefactibilidad en ocho ETCR: Los Monos II, resguardo indígena de Tumburao, municipio de Silvia, Cauca; Las Colinas, municipio de San José del Guaviare, Guaviare; El Estrecho, municipio de Patía, Cauca; La Variante, municipio de Tumaco-Nariño; Charras, municipio de San José del Guaviare, Guaviare; Yarí, municipio de El Doncello, Caquetá; La Plancha, municipio de Anorí, Antioquia; y Pondores, municipio de Fonseca, La Guajira.

A la fecha del cierre de este artículo, estaban pendientes por estudios de prefactibilidad los 12 ETRC restantes.

Con respecto a los subsidios de vivienda, la ARN se encuentra adelantando la identificación de los potenciales beneficiarios en los ETCR de Los Monos I y II (Resguardo San Lorenzo y Tumburao), Pondores, Mutatá, La Plancha y Yari. Adicionalmente, esta agencia remitió el listado de potenciales beneficiarios de los ETCR de Llano Grande (109 potenciales hogares) y Filipinas (187 potenciales hogares) a Fonvivienda para su respetivo estudio.

Evaluaciones externas

En medio de las posiciones esgrimidas por los exguerrilleros de las antiguas Farc y la ARN, en representación del Estado, se encuentran las entidades de control y las organizaciones de la sociedad civil que le hacen seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, cuyos análisis ponderan los avances y las tareas pendientes.

En el Tercer Informe al Congreso sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz presentado al Congreso de la República, remitido en agosto pasado, la Procuraduría General de la Nación expuso su preocupación por la visión que tiene la ARN sobre el Sistema Nacional de Reincorporación (SNR), un instrumento creado con el Conpes 3931 de 2018 para hacerle seguimiento al proceso de reincorporación de los excombatientes de las antiguas Farc.

De acuerdo con el informe de este ente de control, cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz no se cuenta “con un plan para avanzar en la formalización del SNR, y, por el contrario, no se percibe como una instancia necesaria para la implementación de la política […]  En este sentido, se desconoce que la creación del SNR es un compromiso que quedó consignado en el Conpes 3931 de 2018”.

Adicional a ello, a Procuraduría se mostró inquieta con que “las acciones de la ARN se continúen expandiendo sin que se cuente con un instrumento formal que garantice el acompañamiento de la institucionalidad competente para atender a la población, como ha reiterado este órgano de control en los pasados informes al Congreso y en otras instancias”.

El Ministerio Público destacó algunos logros de la implementación, como la normatividad que regula el acceso a la vivienda, la aprobación de la ruta de reincorporación social y económica a largo plazo, la consolidación de los ETCR, los procesos de compra de tierras y el desarrollo de sus proyectos productivos.

No obstante, reiteró el “llamado a garantizar un impacto y mejoramiento en la calidad de vida de las personas en proceso de reincorporación y sus familias, para lo cual, se reitera la importancia de contar con un instrumento que permita medir la incidencia de la política pública y con ello identificar aspectos a fortalecer en la oferta social del Estado”, en alusión al Sistema Nacional de Reincorporación.

El tema fue retomado, en su último análisis trimestral, por el Instituto Kroc, de la Universidad Notre Dame, para el periodo julio-septiembre de este año. Esta institución también resaltó los logros hasta ahora alcanzados, pero indicó que está por concretarse “la construcción y la implementación del Sistema Nacional de Reincorporación (SNR) para la articulación y el seguimiento a los programas, planes y proyectos propios del proceso de reincorporación”. El exjefe guerrillero sintetiza lo que se requiere para fortalecer el proceso de reincorporación de cara a los próximos años: “Hay que sumar unas acciones, esfuerzos de toda la sociedad colombiana, cambiar la correlación de fuerzas, fortalecer la emoción de la paz para avanzar por un camino más despejad

“Hoy en día nos mantenemos como si estuviéramos nuevamente en la época de la guerra: nos tenemos que estar cuidando, nos toca estar en los sitios hasta ciertas horas y buscar esquemas de seguridad porque no podemos estar solos”.

Esas palabras, cargadas de angustia y decepción, son de Carlos Grajales, quien pasó de tener un fusil terciado al hombro a presidir la cervecería artesanal de La Roja, uno de los proyectos productivos más reconocidos de los 13 mil exintegrantes de las Farc que dejaron las armas entre finales de 2016 y principios de 2017.

Esa sensación no es cuestión de percepción, exageración o esquizofrenia. En la práctica, desde 2017 no transcurre un mes sin que se conozca la noticia del asesinato de un excombatiente de las antiguas Farc, firmante del Acuerdo de Paz suscrito con el Estado colombiano hace ya cinco años.

Los registros del componente Farc del Consejo Nacional de Reincorporación son contundentes: hasta el 22 de octubre del presente año se han documentado 290 asesinatos, 53 atentados y 15 desapariciones forzadas.

En los dos primeros años posteriores a la rúbrica del pacto que tomó cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, fueron asesinados 78 excombatientes y uno más se salvó de un ataque sicarial. Y bajo la presidencia de Iván Duque (2018-2022) se han registrado 211 homicidios y 46 atentados.

Los departamentos más violentos para los reincorporados de las antiguas Farc se encuentran en el suroccidente del país. El listado lo encabeza Cauca, con 52 asesinatos; Nariño, con 33; y Caquetá, con 30. Les siguen Antioquia (29), Meta (25), Putumayo (22), Valle del Cauca (19), Norte de Santander (18) y Chocó (17).

La Misión de Verificación de Naciones Unidas (ONU) en Colombia se ha encargado de hacer seguimiento constante a esta situación en sus informes trimestrales remitidos al Consejo de Seguridad. Identificó que en 2021 los homicidios contra excombatientes se han concentrado en 25 municipios del país y que han desmejorado las condiciones de seguridad en regiones de los departamentos de Bolívar, Caquetá, Guaviare y Meta

Por su parte, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha encendido las alarmas por la violencia que sufren los desmovilizados de las Farc en los municipios de Tumaco (Nariño); Puerto Asís (Putumayo); San Vicente del Caguán (Caquetá); Cali (Valle del Cauca); Tibú (Norte de Santander); San José del Guaviare (Guaviare); Santander de Quilichao, Corinto, Miranda y Caloto (Cauca).

Además de calificar como “crítica” la situación en dichos municipios, esa dependencia de la JEP ha identificado dos principales patrones de violencia contra los firmantes del Acuerdo de Paz. El primero está relacionado con el perfil y las labores que realizan los reincorporados, pues quienes lideran la implementación de las denominadas políticas del posconflicto son víctimas de ataques. Así lo señaló en su Sexto Reporte de Monitoreo de Riesgos de Seguridad: “Este patrón demuestra cómo las posiciones de liderazgo que asumieron algunos reincorporados durante su tránsito a la vida civil están relacionadas con las causas que produjeron su victimización”.

De ese modo, se entiende que “2 de cada 10 reincorporados que fueron asesinados, ejercían liderazgo en temas políticos, de proyectos productivos (representantes de cooperativas), de sustitución de cultivos de uso ilícito, etcétera”.

El segundo patrón está relacionado con las disputas territoriales y el accionar de diferentes grupos armados. Para el suroccidente del país, región a la que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP le dedicó un informe puntual a raíz de la gravedad de la violencia en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en donde fueron asesinados 115 excombatientes entre el 24 de noviembre de 2016 y el 13 de agosto del presente año, estableció que hay un “patrón de violencia letal asociado a la prevalencia y la disputa entre disidencias de las FARC-EP en antiguas zonas de retaguardia del Bloque Oriental, el Bloque Sur y el Comando Conjunto de Occidente”.

Por otro lado, a diciembre de 2020, el 72 por ciento de los asesinatos de excombatientes ocurrieron en áreas rurales y en municipios donde se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Así lo señala uno de los informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, sobre los hechos ocurridos en el último trimestre del año pasado.

Además, el más reciente informe de ese organismo multilateral presentado a finales de septiembre de este año, documentó que el 22,8 por ciento de los excombatientes asesinados son de comunidades étnicas: 45 personas afrodescendientes y 23 indígenas.

Desde 2018, los asesinatos de reincorporados de las extintas Farc han mantenido una tendencia similar, que oscila entre los 65 y 78 casos por año. Jorge Mantilla, director del Área Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica que este fenómeno se debe a un recrudecimiento de la violencia en algunas regiones del país y a que los excombatientes se pueden ver inmersos en contextos de rearme.

“Esto está también relacionado con problemas en las dinámicas de reconciliación y reincorporación económica, en los cuales, al volver a sus antiguos territorios, los excombatientes pueden enfrentarse a nuevas dinámicas de reclutamiento, involucrados en dinámicas de criminalidad organizada o común”, plantea este analista.

Y agrega: “Pueden verse en procesos de ajuste de cuentas. Sobre todo, en un contexto donde hay disidencia, es muy probable que se desaten repertorios de violencia asociados a la retaliación y radicalización de los grupos disidentes, que se señalan como objetivo militar”.

Isabela Sanroque militó durante 12 años en el Bloque Oriental de las Farc, participó en la mesa de negociaciones de La Habana y, actualmente, realiza su proceso de reincorporación a la sociedad civil. Desde esa trayectoria, habla de los impactos que producen los asesinatos de sus compañeros que depusieron las armas.

“Por seguridad, han tenido que desplazarse de los espacios territoriales -lugares adecuados para su reincorporación y desarrollo de proyectos productivos-. Se han tenido que ir a buscar nuevos horizontes y se vuelve una lucha colectiva. Eso tiene unos impactos negativos, ya que se pierde la continuidad de procesos, aunque no fueran muchos los avances”, expone con preocupación.

Ejemplo de ello es el caso del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Santa Lucía, ubicado en Ituango, Antioquia, en donde 93 excombatientes, junto con sus familias, salieron huyendo de la violencia en julio del año pasado y se reubicaron en Mutatá. (Leer más en: Reubicación de excombatientes en Mutatá, un reto para el gobierno nacional)

El Acuerdo de Paz contempló un conjunto de garantías de seguridad para excombatientes, líderes y lideresas sociales; no obstante, la sucesión constante de asesinatos demuestra que no son suficientes o que no se están implementando de manera ideal.

El Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, encargado de monitorear la implementación del Pacto de La Habana, precisa en su informe bimestral de mayo a junio de 2021 que el 48 por ciento de las 140 medidas contempladas en el Punto 3, referido al final de conflicto, se han cumplido, la mayoría de ellas relacionadas con el proceso de dejación de armas de las Farc y el paso a la sociedad civil de quienes le apostaron al proceso de paz.

No obstante, llamó la atención sobre la situación del Programa Integral de Seguridad y Protección de Comunidades y Organizaciones en los Territorios, instancia creada mediante el Decreto 660 de abril de 2018, con el propósito de “definir y adoptar medidas de protección integral para las mismas en los territorios, incluyendo a los líderes, lideresas, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género, ambientales, comunales, de los sectores LGBTI y defensoras de derechos humanos en los territorios”.

De acuerdo con esa norma, “las medidas integrales de seguridad y protección adoptadas en el marco del presente Programa, tienen como propósito la prevención de violaciones, protección, respeto y garantía de los derechos humanos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de comunidades y organizaciones en los territorios”.

El análisis del Instituto Kroc señala que ese programa cuenta con un presupuesto insuficiente para su implementación. Para respaldar esa aseveración citó a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior: “Esta Dirección indicó que, aunque en 2020 se construyeron diagnósticos, se formalizaron protocolos y se formaron promotoras/es comunitarias/os de paz, finalizado junio, continuaba la búsqueda de recursos con cooperación internacional, considerando la disminución en el presupuesto asignado para este año debido a la pandemia”.

Se le suman a ello, los cambios de equipo en esa Dirección, lo que, según el instituto norteamericano, “son dos factores han conducido a un retraso no sólo en los tiempos de implementación de los componentes, sino también en la articulación con las organizaciones sociales que hacen parte directa e indirectamente del Programa Integral”.

Para Federico Montes, quien estuvo en la antigua guerrilla de las Farc durante 18 años y dejó las armas para reencontrarse con su familia y volver a la vida legal, esa lentitud y tramitología burocrática son responsables, en gran medida, de los efectos de la violencia que persigue a los reincorporados.

“Desafortunadamente hemos sido objeto de amenazas. Muchas de ellas radican en la irresponsabilidad del gobierno con cada uno de los componentes del Punto 3 del Acuerdo de Paz, que tienen que ver con garantías. Para desgracia del proceso de paz, no se han tomado medidas contundentes”, reprocha con gran decepción.

También cuestiona el estigma que les cargan a quienes siguen en la ruta de reincorporación por cuenta de aquellos que no se desarmaron o retomaron las armas: “Ahora cualquier persona que coja un arma se dice que es disidencia y nos declaran como traidores del Acuerdo de Paz. Nos ponen en la mira y eso viene acompañado de un discurso oficialista. Intentan vender la idea de que las Farc no han cumplido”.

Otro factor que alimenta la violencia que sufren los reincorporados es la impunidad y la falta de información sobre el avance de las investigaciones judiciales, pues la inacción de la Justicia estimula que sean atacados porque nadie sufrirá las consecuencias de esos crímenes.

Al respecto, la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación, compuesta por el Cinep y el Cerac, en su más reciente informe, presentado a mediados de octubre de este año, señala que en 2020 se presentó un avance investigativo del 40,4 por ciento de los casos; y que entre el 1 de enero y 17 de septiembre de 2021 fueron capturados 48 presuntos responsables de ataques contra los desmovilizados de las antiguas Farc.

En cuanto a ese registro, el informe llama la atención porque el desconocimiento de los avances en materia investigativa, “representa una enorme limitación para lograr identificar las capacidades, retos y obstáculos a superar y, por ende, es un reto que persiste en materia de capacidad institucional para aportar al propósito de desmantelamiento de las organizaciones criminales”.

Faltan otras garantías

Manuela Marín, perteneció a las Farc y operó en el páramo de Sumapaz. En la actualidad, hace política con el partido Comunes, que fue creado por los hombres y mujeres de las antiguas Farc tras dejar las armas. Ella alerta sobre los “riesgos transversales” que tienen los firmantes del Acuerdo de Paz.

“Lo que estamos denunciando son los riesgos colectivos, que son la falta de transformación política, económica y cultural”, expone Marín, y agrega: “El gobierno no tiene preocupación al decir que el balance no es tan negativo porque en otros procesos de paz hubo más muertos, cuando un solo asesinato ya debería ser una preocupación y es una derrota del Estado colombiano”.

Sus palabras son sustentadas por la cotidianidad y los registros del Componente Farc del Consejo Nacional de Reincorporación, que señalan al 2019 como el año más violento para los firmantes, con 82 asesinatos y promediando seis casos al mes.

Esa ola de violencia también repercute en el trabajo político de los Comunes, quienes buscaron la apertura de espacios democráticos y de participación, para dejar las armas.  “Nos toca tomar muchísimas medidas para hacer acompañamiento en algunos departamentos. Hay amenazas directas e indirectas que hacen que el ejercicio sea difícil. No es que no podamos llegar como personas, pero no lo podemos hacer como proyecto político”, precisa Marín.

La estigmatización también les pasa factura. Joverman Sánchez Arroyave, también conocido como ‘Rubén Cano’ o ‘El Manteco’, quien comandó el Frente 58 de las antiguas Farc, dice que no ha sufrido amenazas ni hostigamientos, pero sí montajes judiciales que lo relacionan con ​​las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o ‘Clan del Golfo’, nombre que con el que las autoridades denominan a ese grupo armado ilegal. (Leer más en: “Quieren extraditarme y atacar el proceso de paz”)

“He sido víctima de tres montajes judiciales. Eso le dice a uno: ‘Abra el ojo porque lo van a matar o lo van a encarcelar’. En uno decían que había abandonado el proceso, cuando había venido de Gallo (Zona Veredal donde su frente entregó las armas) por falta de garantías. Dicen que ya estaba con el ‘Clan del Golfo’ y con ‘Otoniel’, rememora Sánchez.

¿Y la protección?

De acuerdo con el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU, desde el 1 de enero de 2021 hasta mediados de septiembre de este año, la Unidad Nacional de Protección (UNP) aprobó 597 solicitudes de protección, incluidas 86 medidas para mujeres y 29 medidas de protección colectiva.

No obstante, el documento reseña que, aunque se han “contratado 470 de los 686 escoltas adicionales que ordenó la Jurisdicción Especial para la Paz en julio de 2020, los recortes presupuestarios están afectando a los fondos de los esquemas de protección para viajes y viáticos, lo que repercute negativamente en la capacidad de los excombatientes de desarrollar plenamente sus actividades de reincorporación económica, social y política en todo el país”.

Federico Montes, exguerrillero de las antiguas Farc que participó en la formulación y desarrollo del proceso de reincorporación, cuestiona la eficiencia y manejo de los esquemas de seguridad de la UNP. El suyo está compuesto por cuatro escoltas y dos vehículos, uno de ellos blindado.

“En los últimos 40 días tuve una falla mecánica que derivó de un mal mantenimiento que le hicieron. A los 15 (días) nos lo devolvieron, durante ese tiempo sólo pudimos utilizar el vehículo convencional, pero durante esos días se quedó sin combustible y me tocó usar bus. Uno no puede salir con los escoltas en servicio público por el tema de porte de armas y me vi en la obligación de salir sin esquema de seguridad. A la semana en la que llegó el vehículo blindado se volvió a dañar y el otro se lo llevaron para mantenimiento. Estoy sin carros y no me puedo movilizar con esos esquemas”.

En medio del panorama de violencia y de las dificultades que hay para proteger a los reincorporados de las Farc, Mantilla, de la FIP, insta para que ese contexto de alto riesgo, se aborde de “manera urgente e interinstitucional, para que haya garantías de seguridad y se detenga esta dinámica de violencia selectiva contra excombatientes”.

Sin embargo, al comparar la situación actual con otros procesos de dejación de armas y reincorporación ocurridos en el país, este analista reconoce que se ha avanzado en el tema de seguridad. Y pone como ejemplos, la desmovilización del Epl, ocurrida en 1991, en la que alrededor del 15 por ciento de los excombatientes fueron asesinados; en el caso de la Corriente de Renovación Socialista, que dejó sus armas en 1994, se llegó al 18 por ciento; y con las Autodefensas Unidas de Colombia, cuyo proceso de desmovilización se hizo entre noviembre de 2003 y agosto de 2006, la cifra de muertos alcanzó el 11,3 por ciento.

“Eso no quiere decir que lo que está pasando con las Farc no sea grave, es muy grave, pero puesto en contexto, cerca del dos por ciento de los excombatientes de Farc han sido asesinados”, precisa Mantilla.

El país está a tiempo de dar un timonazo y evitar un desangre mayor. Urge tomar medidas que protejan eficazmente a los hombres y mujeres que dejaron las armas, creyendo en el Estado, para trabajar por la reconciliación nacional y la construcción de una mejor sociedad. De lo contrario, como lo vaticinó una proyección estadística de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, dentro de tres años Colombia no estará hablando de 290 excombatientes asesinados, sino de 1.600.

La situación de líderes, lideresas y autoridades étnicas en Colombia no ha sido la más favorable desde que el Estado colombiano firmó el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, hace ya cinco años. Múltiples son los escenarios de riesgo que enfrentan en su trabajo cotidiano a favor de las comunidades más vulnerables.

La cruenta realidad que afrontan dista de la esperanza que se avizoró luego del paso que dieron el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y la extinta guerrilla de las Farc para concretar el fin de una confrontación armada, que se prolongó por 53 años. Muchos pensaron que, finalmente, podrían realizar su trabajo social y la defensa de los derechos humanos sin tensiones ni miedos. Las cifras muestran otra cara.

De acuerdo con los registros de la organización no gubernamental Somos Defensores, que desde 2002 documenta toda clase de agresiones contra líderes sociales, entre el 24 de noviembre de 2016, día en el que se firmó el Acuerdo de Paz, y el pasado 30 de septiembre, fueron asesinadas 682 personas comprometidas con la defensa de los derechos de diversas comunidades.

Esa mortandad cobra una dimensión más absurda al ampliar el espectro del tiempo: las cifras revelan que la búsqueda de la paz terminó detonando una ola de violencia que se recrudeció con el paso del tiempo. Durante las negociaciones de paz, entre 2012 y 2016, los asesinatos fluctuaron, superando los registros de años anteriores, pero tuvieron un drástico aumento cuando empezó la implementación del Acuerdo en 2017.

El denominado periodo del posconflicto terminó siendo letal para los defensores de derechos humanos y lleno de paradojas. Una de ellas que es en 2017, cuando se desmovilizaron las Farc y en el país se registró la tasa de homicidios más baja en 40 años, por primera vez se superó el umbral de 100 líderes sociales asesinados en un mismo año. Igualmente, aunque el año en curso probablemente terminará con menos asesinatos que los últimos tres, en su tercer trimestre ocurrieron más casos que en los años previos al inicio de las negociaciones de paz.

De acuerdo con el monitoreo de Somos Defensores, los departamentos con más líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz son Cauca, con 171 casos; Antioquia, con 95; Nariño, con 54; Norte de Santander, con 45; Valle del Cauca, con 45; Putumayo, con 43; Chocó, con 32; Caquetá, con 31; Córdoba y Arauca, ambos con 19.

Preocupaciones múltiples

Una de esas voces esperanzadas en el Acuerdo de Paz era la de Maydany Salcedo, dirigente campesina desde hace casi dos décadas. Dio sus primeros pasos en el liderazgo social trabajando con niñas y niños del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, a quienes les enseñaba la importancia de la Constitución Política de 1991.

“Trabajaba con un círculo de niños, llamado Círculo de Lectores. Desde esa época nacieron las ganas de enseñarle a los niños y descubrir qué pasaba en mi país, dejar de ser ama de casa e interesarme un poco más”, recuerda Salcedo.

Su vinculación con la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) la llevó, en 2012, a Piamonte, en el departamento de Cauca. Actualmente es la representante legal de la Asociación Municipal de Trabajadoras y Trabajadores de Piamonte (Asimtracampic). Llegó a aquella zona el mismo año que comenzaron en La Habana, Cuba, las negociaciones de paz.

Cinco años después de pactada la paz, ella no contiene la rabia en su voz, producto de la decepción al sentir que lo han tenido que cargar el Acuerdo en sus hombros: “Al gobierno no le interesaba el Acuerdo de paz, nos interesaba a la gente que creíamos o pensábamos o soñábamos un país diferente. Entonces esa era la gran ilusión de nosotros, que se firmara, pero hasta el plebiscito salió en contra y luego las organizaciones sociales nos echamos a los hombros el Acuerdo”. 

Salcedo es una férrea defensora de los derechos ligados a la propiedad de la tierra y a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, por ello es una caminante de las regiones en el proceso de escuchar a las comunidades. Luego de la firma del Acuerdo de Paz, dice que durante un año y medio pudo movilizarse por distintas zonas caucanas sin problemas, pero luego volvieron las disputas entre grupos armados ilegales y los riesgos se incrementaron.

“En medio de los territorios quedamos nosotros, si el gobierno hubiera cumplido con el Acuerdo, con la restitución de tierra otro gallo nos cantaría, pero al gobierno no le interesó cumplir con lo pactado, con la sustitución voluntaria. Eso es un negocio que viene desde arriba y eso ha llevado a que nosotros estemos en disputa en nuestros territorios”, expresa Salcedo con su dejo de rabia.

A las quejas de esta dirigente campesina se suma la de Víctor Moreno, antiguo consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), quien también padece las tensiones generadas por su labor social.

Moreno destaca lo vivido meses después de firmado el Acuerdo de Paz, resaltando la tranquilidad y la seguridad en los municipios del norte de Cauca y sur de Valle del Cauca: “Pude ir a conocer sitios que nunca me imaginé que podía haber conocido como fue en Buenos Aires, arriba en el Cauca, para una entrega simbólicas de armas. Ahora es casi imposible volver a ir allá”.

Moreno participó en la construcción del enfoque étnico en La Habana, Cuba, en el último tramo de las negociaciones y desde Aconc se ha enfocado en la defensa de los derechos medioambientales de las comunidades negras. Su preocupación también está centrada en la degradación de la seguridad regional.

“Se ha aumentado la presencia paramilitar en el territorio. Hoy tenemos una comunidad que se llama Mazamorrero (Santander de Quilichao, Cauca) donde prácticamente todas las familias tuvieron que desplazarse del territorio porque cerca de allí se asesinó a una persona de las disidencias (de las antiguas Farc) y yo no veo un plan retorno, esas familias están dispersas”, expone Moreno.

Y cuestiona algunas de las ejecuciones ligadas al Acuerdo de Paz en el territorio donde ejerce su liderazgo: “Aquí no se ha visto más allá de los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial); el tema de desminado no ha avanzado; inició, pero yo creo que hay territorios con más minas antipersonal; y los empresarios sólo han invertido donde le pueden sacar provecho a eso y no a la comunidad”.

Otra voz crítica es la de Ana Deida Secué, lideresa indígena del pueblo Nasa. Su análisis también parte del optimismo que se vivió durante las conversaciones de paz en La Habana: “En cuatro años de negociación nos generó muchas expectativas y muchas ganas. Trabajamos este Acuerdo de Paz para que se diera en Colombia, no sin algunas preocupaciones, las que se volvieron una realidad”.

Esta lideresa lleva más de 20 años en el trabajo al frente de sus comunidades como integrante de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), es reconocida por la UNESCO como maestra de sabiduría y, actualmente, pertenece al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Su autoridad y experiencia la llevan a plantear que la implementación del Acuerdo de Paz en sus territorios de incidencia se desdibujó luego de cinco años de firmados: “Vemos que no nos han representado, teníamos mucha esperanza y estaba en la firma y en su desarrollo, cómo se iban a implementar. Pero con el presidente actual se vuelve trizas el Acuerdo, se desconoce y se deslegitima un trabajo, y ahora estamos en una crisis de exterminio que desconoce y destruye ese Acuerdos de paz”. 

Esa violencia, Feliciano Valencia, senador del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), “en muchos casos sucede porque son las comunidades indígenas las que hacen ejercicios de control territorial para mitigar el narcotráfico, la violencia y los conflictos en los territorios”.

Y refiere que por causa de la continuidad del conflicto armado ha habido áreas vetadas para la institucionalidad porque en zonas de bosques, montañosas y de difícil acceso “allí plantaban las guerrillas”.

Con la desmovilización, agrega el Senador, “esas tierras han venido quedando a merced de grupos armados atomizados, muchos de los que mantienen vivo el negocio del narcotráfico, pero resulta que esas tierras, esas zonas y regiones han sido territorios ancestrales que las comunidades étnicas han venido recuperando y procurando mantenerlas y preservarlas porque en varios casos son ecosistemas estratégicos y áreas de protección ambiental”.

Pero ese control territorial requiere, según Valencia, del acompañamiento del Estado para evitar que los indígenas sean blancos más visibles e inmediatos de una violencia cada vez más degradada. “Con acompañamiento del Estado no nos referimos a presencia militar porque de eso hay mucho: Cauca, por ejemplo, tiene los municipios con el mayor número de soldados del país, como Argelia, y ese es uno de los municipios donde más violencia se vive. Por eso el acompañamiento del Estado es atención integral, garantía de derechos básicos como salud, educación, trabajo, que las y los jóvenes tengan oportunidades de verdad, distintas a ser reclutados por grupos armados ilegales o por el Ejército y la Policía”.

Y concluye su análisis sugiriendo que “la violencia exacerbada es también una evidencia del incumplimiento de los Acuerdos de Paz”. 

El riesgo de la exposición

Tal como lo evidenciaron Salcedo, Moreno y Secué, el primer año posterior a la firma del Acuerdo de Paz generó una sensación de tranquilidad y seguridad que llevó a decenas de líderes, lideresas y autoridades étnicas a pronunciarse públicamente a favor de los pactos logrados en La Habana y en fortalecer su implementación, pero quienes se oponían a lo alcanzado en la isla del Caribe asechaban en las sombras.

De esa situación de riesgo da cuenta Arnobis Zapata, un líder campesino del sur de Córdoba, quien a base de trabajo se ha posicionado como coordinador territorial de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Ascsucor), presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).

“Cuando se firmó el Acuerdo de Paz, los liderazgos empezaron a salir, a visibilizarse mucho, incluso algunos que no habían salido nunca de sus veredas, y eso hizo que fueran personas reconocidas”, detalla Zapata.

Pero la falta de una rápida acción del Estado para copar de manera integral los territorios dejados por las antiguas Farc en su camino a la reincorporación a la vida legal, el rearme de algunos exguerrilleros y la atomización de grupos armados ilegales interesados en obstaculizar la implementación del Acuerdo de Paz apuntaron hacia esos liderazgos sociales en ebullición.

“Hoy en día la situación es muy complicada”, resalta Zapata y precisa las consecuencias: “Luego de todos los asesinatos, muchos liderazgos se han retirado, no quieren saber nada de liderazgos y de procesos organizativos. Algunas de las circunstancias es que algunos están sometidos a las reglas de los grupos armados impongan y otros se han opuesto a hacer lo que los grupos armados les digan y se han tenido que desplazar”.

La lideresa Salcedo rompe en llanto al tratar de responder por qué personas como ella padecen esas presiones: “Nosotros, los dirigentes campesinos, los líderes sociales y los defensores de derechos, no creo que le hagamos mal a nadie, yo no sé por qué nos buscan para matarnos. Nosotros queremos defender el Acuerdo de Paz y los vamos a defender con el alma y con el corazón”. Y enfatiza: “Si hay que dar la vida, es mejor dar la vida parados que arrodillados”.

Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y con amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos, explica que la violencia contra los liderazgos sociales ha aumentado porque “quienes han tenido la bandera de que haya mejor calidad de vida son los líderes”.

Esa labor, además, ha sido estigmatizada por lo que Sánchez llama “el establecimiento”, que asocia a líderes y lideresas con la insurgencia armada: “Y los siguen matando porque tienen reclamaciones justas”. Ello ha derivado, según ella, en dos circunstancias que agravan la situación: de un lado, el fortalecimiento de la militarización de algunas regiones del país, que impide que líderes, lideresas y autoridades étnicas tengan plena movilización; y de otro, que, en consecuencia, las comunidades pierdan el contacto con sus voceros.

El senador Valencia agrega que la interlocución con el gobierno nacional no es la más adecuada y para ejemplificar esa afirmación hace referencia a una reciente sesión de la Mesa Permanente de Concertación, realizada en Bogotá.

“Los delegados del Ministerio del Interior, frente a las demandas de seguridad de las comunidades, se remitían al Plan de Acción Oportuna (PAO), que fue expedido en 2018, afirmando que es éste la principal herramienta para brindar garantías de seguridad a los liderazgos sociales. Pero remitiéndose a los hechos, y a las estadísticas de violencia, queda entonces el interrogante sobre si lo que dice el gobierno finalmente es que esta violencia creciente, los asesinatos, las masacres, podría ser todavía peor”, detalla Valencia.

“Y si es así, es infame -agrega el Senador- porque cada vida perdida en un hecho de violencia tal, debería ser repudiada y debió haber sido protegida. Por eso, no se puede estar de acuerdo con el gobierno en que los mecanismos de protección y garantías de seguridad que se proveen a través del PAO han sido suficientes”. (Leer más en: ¿A quién protegerá el Plan de Acción Oportuna para defensores de derechos humanos?)

¿El Estado protege?

La institución encargada de velar por la seguridad de defensoras y defensores es la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscrita al Ministerio del Interior. En caso de que alguna persona o una comunidad sea víctima de amenazas debido a las actividades políticas, públicas, sociales o humanitarias, puede solicitar una evaluación de la situación con el fin de determinar qué tipo de esquema de seguridad requiere, en aplicación de la normatividad vigente.

En relación con la implementación del Acuerdo de Paz, el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, encargado de monitorear la implementación de lo pactado en La Habana, destaca que la UNP fortaleció su Subdirección Especializada con la incorporación de 40 analistas de riesgo y 686 hombres y mujeres destinados a la protección.

Sánchez, de Minga, tiene una postura crítica sobre la UNP: “Nunca he estado de acuerdo con que se nos llene de esquemas de seguridad. Por ejemplo, del botón de pánico, no lo voy a poder accionar si recibo una bala en la espalda. No estoy de acuerdo con las medidas físicas, debe de haber garantías y un cambio de contexto porque se prolonga el problema”.

Para esta activista, el exceso de esquemas de seguridad no sólo saca de contexto a los protegidos, muchos de ellos líderes, lideresas y autoridades étnicas, sino que los alejan de la comunidad “y les pone un estatus diferente, los ponen en una burbuja. Esto tiene sus implicaciones políticas, sociales y económicas y se pueden acostumbrar a los esquemas, aunque haya un cambio de contexto”. En ese sentido, considera que el riesgo de seguridad va mucho más allá de contar con esquemas de seguridad: “Es necesario contar con garantías constantes de tal manera que no sea necesario acudir a estos esquemas”.

El senador Valencia, por su parte, reconoce que hay unos mecanismos que el Estado ha dispuesto para la seguridad y protección de los liderazgos sociales, pero, a su juicio, “la realidad nos muestra que las cifras dan cuenta de que dichos mecanismos no están funcionando”.

Ese tipo de dificultades también fueron contempladas por la Procuraduría General de la Nación (PGN) en su Tercer Informe sobre la Implementación del Acuerdo de Paz, radicado en agosto pasado ante el Congreso de la República.

En ese informe, el Ministerio Público resaltó la publicación del Protocolo de Análisis de Riesgo para Lideresas y Defensoras de Derechos, sin embargo, indicó que “no hay claridad frente a los avances en su implementación, sobre todo, en la incorporación del enfoque de género al interior de la entidad para garantizar que las acciones que se adelanten respondan a lo establecido en el Protocolo. A su vez, es necesario que la UNP avance en la elaboración de un Protocolo para la atención y sanción de casos de violencia sexual y otras formas de violencias basadas en género por parte de escoltas en contra de las beneficiarias de sus programas de protección”.

Pese a tantas dificultades, líderes, lideresas y autoridades étnicas continúan trabajando en sus regiones en procura de alcanzar las metas propuestas en defensa de los derechos de sus comunidades y del medio ambiente. La lideresa campesina Salcedo da cuenta de ello: “Estamos protegiendo 1.680 hectáreas de bosque primario, protegemos 160 hectáreas de bosque en rastrojos que se está recuperando. Tenemos una planta de transformación de productos amazónicos, trabajamos con comunidades que le apostaron al cambio”.

Y complementa: “Hacemos escuelas de Derechos Humanos, escuelas de cuidado del medio ambiente, de equidad de género, de jóvenes, con recursos que a veces son del campesinado. Entonces no entiendo por qué nos buscan para matarnos, por qué nos amenazan, por qué nos persiguen. Yo no le hago mal a nadie, cuido a la madre tierra”.

“Desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”, reza el refrán. Esa frase ejemplifica cómo ha sido la implementación del conjunto de salvaguardas que los pueblos originarios pudieron consignar, a última hora, en el pacto que le puso fin a más de 50 años de confrontación entre el Estado colombiano y la otrora guerrilla más antigua del continente.

El desayuno viene a ser los diálogos de paz que el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y la extinta guerrilla de las Farc sostuvieron en La Habana, Cuba, entre noviembre de 2012 y agosto de 2016. Desde que se anunció que se establecería una mesa de negociaciones para discutir una agenda de seis puntos con el fin de construir una paz estable y duradera, afros e indígenas pidieron que los dejaran participar.

A pesar de la insistencia, sus palabras no fueron escuchadas, como sí ocurrió son la Subcomisión de Género, que se creó para garantizar que los derechos de las mujeres y miembros de la comunidad LGBTI, estuvieran de manera armónica en el Acuerdo de Paz. Ante las negativas, las comunidades éticas respondían con más insistencia y diversas acciones de incidencia, como crear la Comisión Étnica de Paz para aunar esfuerzos y hasta pedir apoyo en el exterior, especialmente ante el Congreso de Estados Unidos.

No bajar los brazos finalmente rindió frutos: entre el 26 y el 27 junio de 2016, los negociadores del gobierno nacional y de las extintas Farc recibieron a una delegación de diez representantes de las comunidades negras, diez de las comunidades indígenas y dos de las comunidades Rrom. (Leer más en: El largo camino para que las comunidades étnicas llegaran a La Habana)

Para ese momento en Cuba ya se habían acordado cinco de los seis puntos del futuro Acuerdo de Paz. El margen de maniobra que tuvieron los delegados étnicos fue estrecho y volvieron a la isla del Caribe en agosto. Por esa razón, de las 310 páginas que componen el tratado de paz con las Farc, tan sólo cuatro le dan vida al Capítulo Étnico.

El día 24 de ese mes, cuando se le anunció al mundo que “todo estaba acordado”, los representantes afros e indígenas aún seguían luchando por sus derechos. Finalmente lograron que quedaran consignados como el Punto 6.2 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Su principio rector reconoce que las comunidades étnicas “han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos; que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado”.

Feliciano Valencia, indígena del pueblo Nasa y senador de la República por el Movimiento Alianza Indígena y Social (MAIS), explica que el Capítulo Étnico contempla cuatro salvaguardas que evitan que la implementación los acuerdos de La Habana vayan en detrimento de los derechos de los pueblos étnicos. Por esa razón, cualquier política del denominado posconflicto debe preservar el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa libre e informada; el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición; el enfoque transversal étnico, de género, mujer, familia y generación; y la garantía de la no regresividad.

Así fue el ‘desayuno’ del Capítulo Étnico y desde hace cinco años se está sirviendo su ‘almuerzo’. Y como lo sugiere el viejo refrán, su implementación está siendo similar a su negociación, pues ha estado nutrida de retrasos, incumplimientos y negativas.

Nuevo escenario, viejas costumbres

Así como las comunidades étnicas fueron escuchadas sólo al final de los diálogos de paz, también ocurrió lo mismo con la construcción del Plan Marco de Implementación (PMI), que es la hoja de ruta para traducir las disposiciones del Acuerdo de Paz en políticas públicas.

“Se tenían cuatro meses para la implementación del Punto 6.1, relacionado con el desarrollo del Plan Marco de Implementación. De inmediato el gobierno continuó con el parámetro de exclusión sistemática de pueblos étnicos: no iniciamos en el proceso de construcción, aunque las salvaguardas del Capítulo Étnico así lo establecían”, explica Helmer Quiñones, coordinador del equipo asesor de la Instancia Especial de Alto Nivel con los Pueblos Étnicos (IEANPE).

Para subsanar ese inconveniente, las comunidades recurrieron a su herramienta más poderosa: la protesta. “Terminamos participando también al final del Plan Marco de Implementación, entre los meses de septiembre y diciembre de 2017, pero como producto de la minga indígena y afrodescendiente que bloqueó la vía Panamericana y que forzó al gobierno a que participáramos en el proceso”, recuerda Quiñones.

Sólo por las vías de hecho, las cuatro páginas del Capítulo Étnico se convirtieron en 80 disposiciones y 97 indicadores, distribuidos en 27 pilares en los seis puntos del Acuerdo de Paz. Ese rezago ha sido constante en la implementación.

De acuerdo con el más reciente informe del Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, que monitorea el nivel de aplicación de las políticas del posconflicto, hasta el pasado mes de junio, la mayoría de los puntos étnicos estaban bajo mínimos.

A raíz de esa paquidermia, Richard Moreno, coordinador del Consejo de Paz Afrocolombiano (Conpa) y miembro del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), afirma que los pueblos étnicos tienen una sensación agridulce con el Acuerdo de Paz.

“Teníamos muchas esperanzas y aspirábamos a que el Capítulo Étnico sirviera para avanzar en los rezagos que, históricamente, han tenido nuestros pueblos, en cuanto a necesidades básicas insatisfechas. En la valoración que hacemos en su conjunto, la implementación está alrededor de un ocho por ciento. Y los avances no se dan precisamente en los puntos más trascendentales que necesitamos”, lamenta.

Charo Mina, integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN), que agrupa a decenas de organizaciones afordescencientes, coincide con Moreno, y detalla que los pocos avances se han dado en pequeños proyectos de infraestructura.

“Eso es muy problemático porque significa que no está relacionado con las prioridades establecidas por el Capítulo Étnico, a nivel de derechos territoriales, sino que está más relacionado con los compromisos del gobierno nacional con las entidades territoriales, que no son nuestras prioridades como pueblos étnicos. No hay titulación ni ampliación de territorios colectivos, tampoco oportunidades de retorno para los desplazados”, precisa Mina.

Tierra, la principal deuda

Diferentes organizaciones afrodescendientes e indígenas coinciden en que hay enormes fallas en el punto de Reforma Rural Integral. Incluso, señalan que el gobierno nacional está inflando las cifras de hectáreas adjudicadas a través del naciente Fondo de Tierras.

Camilo Niño, presidente de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), cuenta que se enteraron de esa situación cuando la Agencia Nacional de Tierras (ANT), les notificó que les había otorgado 245 mil hectáreas provenientes del Fondo de Tierras, producto de la implementación del Acuerdo de Paz.

“Al revisar, encontramos que las 245 mil hectáreas vienen de procesos que se estaban adelantando antes de que se firmaran los acuerdos de paz. Por ejemplo, tenemos un resguardo que desde hace 42 años había solicitado su ampliación y otros que correspondían a procesos judiciales, pero que fueron incluidos como resultado del Acuerdo de Paz”, detalla.

Niño afirma enfáticamente que ese otorgamiento no es posible porque no se han cumplido los requisitos definidos para tal fin. “Tenía que construirse un FISO (Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento) y un RESO (Registro de Sujetos de Ordenamiento) indígena que se diferenciara del campesino. Hasta la fecha, no existe un FISO étnico, ni una subcuenta étnica en el Fondo de Tierras. Por eso nos seguimos preguntado de dónde salieron esas tierras, si no existen los instructivos diferenciales que el decreto ley considera”, argumenta.

Al respecto, Mina, del PCN, pide que se respete la salvaguarda que estableció que los procesos de reclamación que venían adelantando las comunidades étnicas antes de la firma del Acuerdo de Paz no se incluirían como parte de la implementación.

“El gobierno ha mostrado titulación colectiva que no corresponde a los compromisos del Acuerdo, sino a compromisos que venían de atrás. Eso quiere decir que los compromisos nuevos no están siendo cumplidos”, insiste.

Sobre las deudas que esperan que el Acuerdo de Paz ayude a saldar, está la necesidad de alrededor de un millón de hectáreas para 200 consejos comunitarios que están solicitando su titulación colectiva. “Hay consejos comunitarios que han perdido espacios y que nunca han logrado su titulación colectiva, como los 40 del norte de Cauca, porque diferentes gobiernos se han negado a reconocer que en esos territorios hay población afrodescendiente”, refiere Mina.

En una situación similar están 779 resguardos indígenas en todo el país, que han ido adquiriendo predios por sus propios medios a través del Sistema General de Participación, pero que no han sido anexados a sus títulos colectivos. En los despachos de la ANT hay 1.014 solicitudes de ampliación, constitución y saneamiento. (Leer más en: “Estamos pidiendo la formalización de 8 millones de hectáreas”)

Sobre ese punto en particular, Niño, de la CNTI, aclara que no es cierto que los pueblos indígenas estén exigiendo que el Estado compre y les adjudique millones de hectáreas, porque “ya tenemos uso y posesión de muchas áreas que sólo requieren formalización”. Aunque no descarta que algunos resguardos indígenas sí necesiten adjudicación.

¿Y las Guardias?

Una de las pocas menciones con nombre propio que hacen las cuatro páginas del Capítulo Étnico están dedicadas a los mecanismos de protección colectiva de los pueblos originarios. “Se garantizará el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, reconocidos a nivel nacional e internacional como la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona”, requiere.

Armando Valbuena, secretario de la IEANPE, entidad creada por el Acuerdo de Paz para hacerle seguimiento a la implementación de las disposiciones étnicas, afirma que sigue siendo una deuda por la falta de voluntad política del gobierno nacional y que les han dado pocos recursos.

“La Unidad Nacional de Protección ha apoyado con recursos algunos procesos puntales de protección colectiva, pero no son una política de Estado para que se ejerza el control territorial. En el Pacífico hacemos presencia en 30 municipios y no contamos con los recursos necesarios para la movilización de los guardias. Se necesitan cosas sencillas como comunicaciones en regiones sin conectividad, por eso pedimos radios de comunicación y es un proceso largo que no ha sido admitido”, cuenta.

La situación de la Guardia Cimarrona es peor porque no tiene reconocimiento jurídico. “Allí hay una discrepancia con el gobierno nacional de reconocer a esta Guardia como un mecanismo que hace parte del sistema de gobierno del pueblo negro y ha sido muy difícil de llegar a un acuerdo”, plantea Mina.

Y prosigue: “Hay un acto discriminador por parte del gobierno nacional respecto a la Guardia Cimarrona. No necesita una ley para ser reconocida, tiene el reconocimiento por ser parte del proceso de lucha. Eso está en el marco de acciones discriminatorias del gobierno. No hay voluntad política de reconocer al pueblo afrodescendiente”.

Edwin Mauricio Capaz, uno de los voceros del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), refiere que la Guardia en ese departamento ha recibido alguna dotación logística que no es suficiente para los contextos de violencia que enfrenta: “Han dado botas, radios, chalecos. Cosas útiles para el diario, no vamos a desvalorar lo que se ha dado; pero botas y chalecos cada año, frente a lo que asumimos, no es suficiente para las dinámicas tan adversas que hay en nuestros territorios, que ameritan esfuerzos mayores. Seguramente serían suficientes en otros contextos”. Entre 2016 y 2020, tan sólo en la zona norte de Cauca, fueron asesinados 175 comuneros indígenas. (Leer más en: La dolorosa e incesante cuenta de cobro a los Nasa)

Sistema Integral, otro cantar

En la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CVE) y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), a diferencia de otras medidas del Acuerdo de Paz, las comunidades étnicas sí fueron tenidas en cuenta. Esas tres entidades le dan vida al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Al respecto, Helmer Quiñones, de la IEANPE, plantea que ese caso muestra cómo la implementación correcta de las salvaguardas del Capítulo Étnico cambia el destino de los pueblos originarios.

“El mecanismo de selección recibió el mensaje que tenía que implementar un enfoque étnico y racial. Por eso se cuidó en elegir a Patricia Tobón y a Ángela Salazar en la Comisión; tuvimos la posibilidad de que ocho de los 38 magistrados sean étnicos; y en la Unidad de Búsqueda tuvimos un referente igual y con su directora diseñamos un mecanismo de consulta más sofisticado y tenemos caminos de diálogo que permitieron que el Plan Nacional de Búsqueda tenga capítulos específicos para afros e indígenas”, refiere.

Para Marino Córdoba, presidente de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), a pesar de que el Sistema Integral ha tenido una oposición muy fuerte por parte del gobierno nacional, es el único componente que hasta ahora está arrojando resultados concretos para las comunidades étnicas.

“Duele escuchar esa realidad, pero para nosotros es importante entender cómo el conflicto nos afectó de manera diferencial. También ha habido avances en materia de participación, en la construcción de informes, en presentar nuestros puntos de vista, hemos sido escuchados y estamos representados. Lo único que podemos resaltar de todo este proceso de paz, con limitaciones incluidas, es el Sistema Integral”, precisa.

Sobre las comunidades indígenas, el senador Valencia señala que la labor las tres entidades creadas para reparar a las víctimas del conflicto armado, puede generar “un reconocimiento y una verdad acerca del conflicto desde las voces de las mismas comunidades indígenas, porque si bien el conflicto armado ha afectado de manera profunda a muchos sectores sociales y comunidades rurales, los impactos que ha tenido sobre las comunidades indígenas se revisten de un sentido particular dado que trascienden la individualidad y han permeado al sujeto colectivo”.

La lupa de los entes de control

La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República le han hecho estrecho seguimiento a la implementación del Capítulo Étnico. En diferentes informes han cuestionado el rezago en su implementación y piden celeridad para saldar las deudas con los pueblos étnicos.

En su Tercer Informe al Congreso Sobre el Estado de Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz, presentado el pasado mes de agosto, el Ministerio Público concluyó que la aplicación del Capítulo Étnico, tras cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, tiene un bajísimo nivel.

“Los pueblos siguen padeciendo las condiciones históricas de injusticia e inequidad y continúan siendo afectados gravemente por las dinámicas de reconfiguración del conflicto armado interno y la intensificación de la violencia en los territorios”, afirma.

Una de sus principales críticas fue dirigida hacia la gestión del Fondo Tierras, puesto que la subcuenta étnica aún no está reglamentada y no tiene fondos asignados. Y en línea con las denuncias realizadas por voceros de la CNTI y del PCN, señala que la constitución de tres resguardos indígenas y la ampliación de otros dos, no están relacionadas con el Acuerdo de Paz, como lo reportó la ANT.

Al respecto, Emilio Archila, alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, explica que las metas logradas durante el gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022) son más que satisfactorias, pues han logrado ingresar al banco de tierras 1,2 millones de hectáreas en los últimos tres años, cuando la meta para 15 años es de tres millones, y de las 7 millones de hectáreas que se proyectaron entregar a campesinos sin tierra o con muy poca, ya se han otorgado más de un millón.

“Hay una discusión tanto política como jurídica que tiene que ver con la formalización de tierras. En la lectura que hace la Procuraduría, las tierras que vienen de procesos anteriores no deberíamos poder contarlas y los que son baldíos tampoco, pero la visión nuestra es que necesitamos campesinos con tierras”, resalta el funcionario.

Los rezagos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) también fueron reseñados porque no cuenta con un enfoque étnico y tan sólo hasta diciembre del año pasado, se acordó una consulta con las comunidades indígenas para su ejecución, pero el gobierno nacional “manifestó su voluntad de implementar el programa en territorios que no han sido formalizados como resguardos, por lo que no se consultaría con las comunidades que habitan estos espacios”.

Otro lunar que señala la Procuraduría es que la consulta previa, libre e informada, “no se ha realizado de forma efectiva en las comunidades, por lo que existe un alto riesgo de regresividad en este aspecto”. Y también cuestiona que tan sólo hasta marzo del año pasado, se le asignara una partida presupuestal a la IEANPE para que pueda cumplir con su mandato de actuar como consultora, representante e interlocutora en los temas relacionados con el Capítulo Étnico.

Por su parte, la principal crítica de la Contraloría es que cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz, no existe un indicador que permita medir la inversión presupuestal para cumplir con la implementación del Capítulo Étnico.

En su radiografía, el ente fiscal coincide en varios puntos con la Procuraduría. Pero presenta duros hallazgos en el punto de tierras, el más sensible para las comunidades étnicas por sus necesidades y cosmogonía. Estableció que, hasta el 31 de marzo de este año, ninguno de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral había incorporado efectivamente el enfoque étnico.

“No se ha garantizado la participación de los pueblos étnicos en el diseño e implementación de los Planes Nacionales, pues además de carencia de estrategia para la atención a esta población, en algunos casos (Agua, Riego) se ha justificado la ausencia de enfoque diferencial étnico, en el carácter universal del servicio público, y aunque en los restantes se menciona en el texto del Plan, sólo se apuntala a tenerlo como un criterio diferenciador”, detalla.

Todas esas deudas, a las que se les suma el resurgimiento de la violencia en los resguardos y consejos comunitarios, por parte de nuevos y antiguos grupos armados que se disputan los territorios que controlaron las antiguas Farc, demuestran que el Capítulo Étnico está confinado en las cuatro páginas del Acuerdo de Paz.

No obstante, las comunidades afro e indígenas les han pedido a sus líderes que sigan luchando por la implementación del Capítulo Étnico, porque no pierden la esperanza de vivir en paz.

El enfoque de género se entiende como un principio que articula los puntos que conforman el Acuerdo de Paz desde una perspectiva de igualdad de derechos. Además, fue concebido como una garantía para la participación de un segmento de la población que ha sido históricamente excluido y violentado de manera diferenciada durante el conflicto armado.

El origen de esas disposiciones se remonta al 11 de septiembre del 2014, cuando en la mesa de negociaciones que instalaron en Cuba delegados del entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos (2010-2018), y de la extinta guerrilla de las Farc, le dieron vía a libre a la conformación de la Subcomisión de Género.

Desde ese momento, ese espacio veló porque los derechos de las mujeres y de la población LGBTI (Lesbianas, Gais, ​ Bisexuales, Transgénero e Intersexuales) fueran tenidos en cuenta a lo largo de los seis puntos que se discutían y que al final le dieron vida al Acuerdo de Paz. La Subcomisión estuvo conformada por cinco delegadas del gobierno nacional y otras cinco de la antigua guerrilla más grande del continente.

Magnolia Agudelo Velásquez, sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Colombianas (ASONAM), que hace parte del Movimiento de Mujeres por la Paz. Considera que, gracias a la labor de organizaciones feministas, el Acuerdo de Paz cuenta con enfoque de género.

“Las mujeres hemos trabajado por esto. En la última década jugamos un papel decisivo planteando movilizaciones y encuentros nacionales e internacionales. Desde que supimos que iban a iniciar las conversaciones (de paz), comenzamos a presionar para que no se levantara la mesa sin un enfoque y que fuéramos pactantes y no pactadas”, recuerda Agudelo.

En ese punto concuerda Manuela Marín, quien dejó las armas y actualmente hace parte del partido político Comunes, creado por los integrantes de las antiguas Farc que le apostaron al Acuerdo de Paz: “El proceso de negociación con el gobierno se dio sobre todo por el arraigo, el empoderamiento y la lucha de las mujeres en Colombia que, a través de sus organizaciones, presionaron de manera fuerte con propuestas claras para que se incluyera”.

A su vez, la excombatiente resaltó que el enfoque de género incluido en el Acuerdo de Paz, “no es un capítulo específico ni especial que privilegia a las mujeres por encima de las comunidades diversas; al contrario, es una priorización para esos sectores en cada uno de los programas que se derivan del Acuerdo de Paz”.

Por otro lado, Isabela Sanroque, quien durante 12 años militó en el Bloque Oriental e hizo parte de las negociaciones en La Habana, destaca que una de las grandes luchas de la Subcomisión de Género fue lograr el reconocimiento diferencial por las afectaciones que sufrieron mujeres y personas LGBTI en medio del conflicto armado y para las políticas del denominado posconflicto. “El enfoque de género reconoce esas desigualdades históricas y profundas, patriarcales. No se puede hablar de paz si no se reconoce esa brecha”, resalta Sanroque.

Balance del cumplimiento

Tras la firma del Acuerdo de Paz, celebrada en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016, se creó la Instancia Especial Para Mujeres para el enfoque de género en la paz, compuesta por 16 mujeres, para monitorear las 130 disposiciones del Plan Marco de Implementación, que le dan vida a la adopción de este enfoque.

Dichas medidas están vinculadas a los seis puntos del Acuerdo de Paz. Por lo tanto, dependen directamente de los recursos destinados para implementar las políticas del posconflicto, con las que se pretende sanar las heridas causadas durante la guerra y cerrar las brechas socioeconómicas que la causaron y prolongaron en el tiempo.

De acuerdo con el más reciente informe del Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, a quien se le encomendó hacerle seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, de las 130 medidas que contiene el enfoque de género, a junio de este año, tan sólo el 10 por ciento de las medidas que contempla este enfoque han sido cumplidas totalmente, un 16 por ciento está en fase intermedia, el 48 por ciento tiene un avance mínimo y el 26 por ciento ni siquiera ha iniciado.

Un panorama similar reseña el Grupo de Género en la Paz (Gpaz), conformado por la Corporación Sisma Mujer, Colombia Diversa, la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Humanas – el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Dejusticia, la Red Nacional de Mujeres y Womens Link Worldwide, conformaron el Grupo de Género en la Paz (GPaz) para hacerle seguimiento a la materia.

De acuerdo con su tercer informe de observaciones sobre los avances en la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz, que analizó el periodo compuesto entre septiembre de 2019 y diciembre de 2020, tan sólo se había implementado el 20 por ciento de las medidas acordadas.

Sobre la Reforma Rural Integral (RRI), encontró que tan sólo tres medidas de género se han implementado de manera positiva o han tenido un avance oportuno; mientras que un 44 por ciento registra avances parciales y el otro 44 por ciento no cuenta con ninguno.

Otra voz que encendió las alarmas en fue la Contraloría General de la República (CGR). En un reporte reciente presentado a la opinión pública calificó de “insuficientes” los recursos “destinados a la aplicación de enfoque de género en el marco de la Política de Víctimas y el Acuerdo de Paz”.

De acuerdo con los análisis realizados para el periodo 2020-2021, en promedio “sólo un 4% del total de los recursos del Presupuesto General de la Nación dirigidos a la implementación de los acuerdos de paz pudieron ser identificados para acciones de género”.

Ese porcentaje equivale a 403 mil millones de pesos, una cifra que Andrea Ordóñez, consultora de género en el ente de control, considera “marginal”. A su juicio, “el mandato establecido en el Acuerdo Final señala que el enfoque de género debe ser transversal a toda la implementación”, razón por la cual insistió en que esa es bastante reducida si se tienen en cuenta los retos pactados.

Adicional a ello, la CGR encontró que no se cuenta con un identificador de los recursos de género en el trazador presupuestal de construcción de paz, que permita visibilizar y dar seguimiento a los recursos destinados para la implementación de este enfoque.

De acuerdo con el análisis de este organismo de control, “a pesar de haber reportes de mujeres beneficiadas en diferentes proyectos, en la mayoría de los casos no es claro cuál es el valor agregado de la implementación del AF (Acuerdo Final), en contraste con las políticas generales del Estado desarrolladas en el pasado. Asimismo, los reportes se limitan a entregar cifras desagregadas de mujeres, sin que esto se traduzca necesariamente en un enfoque de género, con el agravante de que hay una omisión generalizada respecto a la población LGBTI”.

Y agrega el informe: “En términos de la ejecución de recursos por pilares, es relevante mencionar que para Adecuación de Tierras y Salud no se reportaron recursos relacionados a género en 2020. En la misma vía, pese a que uno de los principales intereses de las mujeres en el AF está asociado al ordenamiento social de la propiedad, este pilar registra solo el 10 % de recursos de la RRI y el 4 % del total del AF”.

En el punto de participación política se han implementado cinco medidas, correspondientes al 19 por ciento del total. Y el 78 por ciento restante tiene avances parciales o no ha iniciado.

En el tercer punto, orientado a disposiciones sobre el fin del conflicto, una sola medida tuvo luz verde en ese periodo: la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con participación efectiva de mujeres. Sobre las otras medidas, 13 registran avances parciales y cinco ninguna.

El cuarto punto del Acuerdo de Paz, dedicado a la solución al problema de las drogas ilícitas, tampoco presenta una mejoría y recorre la misma línea de los puntos anteriores. Únicamente dos medidas se han implementado, abarcando el 17 por ciento del total; mientras que ocho se encuentran en avance parcial y sólo una no presenta.

El punto 5, dedicado a las víctimas del conflicto armado, es el que registra mayores avances. Se han cumplido ocho de sus 20 medidas, que abarcan un 40 por ciento de implementación. Finalmente, en el sexto punto, que involucra la verificación, tres de las medidas propuestas alcanzaron avances oportunos o fueron completadas de forma positiva.

A paso de tortuga

Linda Cabrera, directora de Sisma Mujer, asegura que en relación al Acuerdo de Paz existen avances generales, pero también desafíos. “Hay avance con el sistema de indicadores. Hoy en día tenemos unos indicadores de género enmarcados en la institucionalidad, que cuentan con unas herramientas para su seguimiento”, resalta.

En cuanto a los desafíos, hace énfasis en el bajo porcentaje de la implementación de las medidas de género en el Acuerdo de Paz, puesto que solo una quinta parte ha tenido un avance significativo: “Esto implica unos retos grandes en el futuro. Tenemos retos también en cuanto a la desagregación de cifras, no logramos todavía hacer una desagregación completa para conocer exactamente todas las medidas del Acuerdo”.

Asimismo, alerta que, en la práctica, al enfoque de género se le antepone un enfoque ‘familista’, en el que “muchas veces las mujeres son contabilizadas como beneficiarias y titulares de políticas, simplemente por estar en la conformación de una familia, cuando realmente los titulares son los hombres”.

Por otro lado, los tiempos de implementación del enfoque de género no son acordes a las necesidades de las mujeres y miembros de la comunidad LGBTI. El Instituto Kroc señala en su informe de corte de cuentas al primer semestre de este año, que esas salvaguardas, junto con las étnicas, “registran menores proporciones de cumplimiento que el Acuerdo en su totalidad”.

Por ejemplo, como uno de “los avances más notables” de estas medidas especiales en los últimos meses está la formulación del Protocolo para la incorporación del enfoque de género en el diagnóstico, elaboración, implementación y seguimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Es, en palabras del Instituto Kroc, “un documento que promueve la paridad de género en las entidades de toma de decisión del programa, y que define estrategias para la prevención de violencia y estigmatización en razón del género”.

El problema con ese logro es el momento en el que fue expedido: cuatro años tarde, cuando al PNIS no están siendo vinculadas más familias por falta de recursos económicos y cuando el gobierno nacional hace toda clase de esfuerzos para reanudar las aspersiones aéreas con glifosato para combatir al narcotráfico, dejando de lado las soluciones planteadas por el Acuerdo de Paz. Ese protocolo debió existir antes de la puesta en marcha del programa de sustitución.

Al respecto, la Contraloría señala que ese retraso ha dificultado que las mujeres puedan fortalecer su participación en espacios comunitarios relacionados con el PNIS.

Otra medida que llega tarde es la creación del Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política para estudiar, analizar y hacer visible la violencia contra las mujeres en política. Como resalta el Instituto, el Observatorio debe «generar protocolos y buenas prácticas para enfrentar este fenómeno en los espacios políticos y electorales», para garantizar la participación de las mujeres sin violencias ni discriminación.

En medio de la inclemente ola de violencia que sufren líderes sociales y autoridades étnicas, que bate récords de agresiones y asesinatos año tras año, esa importante medida de prevención con enfoque de género tan solo fue aprobada el pasado 30 de junio.

¿Y la comunidad LGBTI?

Las personas homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales, son el complemento del enfoque de género. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, organización que desde hace 12 años defiende los derechos de la población LGBTI, participó en su construcción en los diálogos de paz, proceso que le fue esquivo inicialmente a esa comunidad.

“Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la mesa de negociaciones. Fuimos la primera organización de sociedad civil de temas LGBTI que llegó a La Habana. Ellos no nos invitaron, invitaron al movimiento de mujeres y ellas, que siempre han sido muy solidarias con nosotros, nos llevaron en su combo”, cuenta sobre cómo arribó la comunidad a la que representa al Acuerdo de Paz.

Esa situación refleja la exclusión que han sufrido las personas de orientación sexual diversa. “Salir del clóset en cualquier parte del mundo es difícil, pero aquí es más complicado porque estábamos inmersos en un conflicto armado que tiene un lineamiento social y político, donde la diversidad no tiene cabida”, recalca.

Ese clase de dificultades fueron documentadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su informe Aniquilar la diferencia, 2015, que da cuenta de la manera en la que el conflicto armado golpeó de manera diferente y sistemática a la comunidad LGBTI.

“Es importante conocer que las personas que se apartan de las normas de género y sexualidad han vivido un continuum de violencias, de manera que las situaciones violentas que enfrentan no iniciaron con el conflicto armado, le preceden y se originan en el pensamiento heterosexual que estructura las dinámicas sociales.  Sin embargo, el contexto del conflicto armado ha transformado la dinámica de estas violencias, acentuando los imaginarios negativos contra estas personas, así como las prácticas de vigilancia, control y castigo hacia ellas”, expone el CNMH.

Para Castañeda, la firma del Acuerdo de Paz ha traído importantes beneficios a la población LGBTI y gracias a ello se han destinado espacios significativos de participación.

“Era necesaria la firma del Acuerdo de Paz, cinco años después sentimos que valió la pena. Hoy Colombia es un mejor país para las personas LGBT porque hay una estructura estatal comprometida con la paz que está buscando construir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las personas LGBT y porque se han generado espacios de participación en los territorios de conflicto donde históricamente no podíamos ser ni vivir. Con los PDET y los Consejos de Paz están escuchando nuestras necesidades”, resalta.

A pesar de ganar espacios de expresión y visibilización, esta comunidad sigue padeciendo violencia. “Fue provechoso y necesario firmar un acuerdo que ha mejorado la calidad de vida para las personas LGBT y nos ha dado espacios de participación, pero estructuralmente, Colombia, por la falta de compromiso del gobierno, sigue siendo un país donde se pasean los prejuiciosos, la homofobia y la transfobia. Esto ha hecho que la visibilidad que ha tenido en los territorios el movimiento LGBT por el Acuerdo de Paz empiece a tener fuertes coletazos de violencia”, lamenta.

Tal es el caso de Camilo*, un activista de los derechos LGBTI, quien tuvo que huir de Medellín para conservar la vida. Tiene una trayectoria de más de 20 años en el activismo de la comunidad y, actualmente, apoya a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) para encontrar a víctimas de orientación sexual diversa.

“Creo que el único balance positivo que puedo hacer del Acuerdo es la mayor posibilidad de reconocimiento y participación en el sistema”, resalta y destaca que, en ese sentido, ha podido mostrar sus formas de resistencia y los daños sufridos en función de su orientación sexual y expresión del género. 

Laura Gisselly Beltrán, politóloga del Área de Paz de la organización Colombia Diversa, expresa su preocupación por la vida y la seguridad de los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos pertenecientes a la comunidad LGBT, ya que, sumado a los asesinatos, existen otros actos de violencia en su contra.

“En 2020 se duplicaron los casos de violencia contra personas LGBT en el país. En la mayoría de los casos las violencias que sufren están directamente relacionadas con sus orientaciones sexuales o identidades de género no normativas. Esta amenaza constante a los liderazgos LGBT en las regiones se relaciona con la profunda exclusión y desprotección de las identidades de género y orientaciones sexuales no normativas desde la institucionalidad”, plantea Beltrán.

Esta activista lamenta la poca efectividad del Ejecutivo para implementar el enfoque de género: “Desde el inicio del gobierno Duque se hizo inminente la falta de voluntad para entender que lo que les pasó a las personas LGBT en el conflicto armado fue sistemático y que la discriminación por orientación sexual e identidad de género también estuvo en el corazón de la guerra”.

Y prosigue: “Esto ha tenido efectos prácticos, ha obstaculizado gravemente la implementación de medidas para las personas LGBT que, en más de un 80 por ciento, es insatisfactoria”.

Ese pesimismo no solo es expresado por organizaciones de mujeres y LGBTI ni de quienes jalonan la implementación del enfoque de género. Entidades del Estado han realizado sendos informes sobre la materia y consideran que este punto del Acuerdo de Paz se encuentra en situación de marginalidad.

Al respecto, la Contraloría General de la República realizó un sentido llamado de atención en su Quinto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones, que abarca el periodo comprendido entre noviembre de 2016 y marzo de 2021.

Su principal advertencia se centra en que, del total de recursos destinados para la implementación del Acuerdo de Paz durante el año pasado, tan sólo el 3 por ciento fue destinado para cumplir con las demandas de mujeres y población LGBTI.

“A diciembre de 2020 se habrían ejecutado $194.119 millones orientados al enfoque transversal de género, lo que representa el 3 % del total de recursos del AF (Acuerdo Final). De estos recursos, 53 % se orientó al pago de incentivos de familias PNIS que tienen como cabeza de hogar a una mujer; 38 % a la reforma rural integral; 9 % a justicia, verdad y reparación; el 0.4 % a la participación política; el 0.4 % a temas de asistencia técnica para la estructuración de proyectos con enfoque de género; el Punto 3 sobre fin del conflicto no presentó ejecución de recursos para género durante 2020”, detalla el informe del ente de control fiscal.

De igual modo, cuestiona que, al acercarse el quinquenio de la firma del Acuerdo de Paz, “persiste la ausencia de un reporte específico de género en el trazador presupuestal para la paz, lo cual dificulta que haya una programación de recursos para la implementación de dicho enfoque”.

La falta de un presupuesto robusto, acorde a las necesidades de quienes sufrieron una violencia específica en medio del conflicto armado por cuestiones de género e identidad sexual, y la carencia de un sistema de monitoreo fiscal, son muestras de la poca voluntad para que el enfoque de género trascienda de las 310 páginas que le dan cuerpo, mas no vida, al Acuerdo de Paz.

* Nombre modificado por petición de la fuente.

El Registro Único de Víctimas está a punto de alcanzar la vergonzosa cifra de 9,2 millones de colombianos afectados por la guerra. En la práctica, todos los sectores de la sociedad han sido golpeados por ella: unos de peor manera que otros, pero todos han sufrido por la ‘ceguera’ que produce el mezclar armas con intereses políticos y económicos.

Desde campesinos, indígenas y afrodescendientes que viven a su suerte en las agrestes zonas rurales del país, hasta estudiantes universitarios, sindicalistas, políticos y empresarios en las ciudades, han padecido algún tipo de afectación por el conflicto armado. Mujeres y personas de orientación sexual diversa también han sido afectadas por cuestiones de género.

Y todos los grupos, tanto a los que la Constitución Política les concedió el monopolio de las armas para proteger a la Nación y sus habitantes, como los ilegales que apelaron a diversas ideologías para defender diferentes causas y acumular poder, arremetieron contra la sociedad civil con furia.

La puesta en marcha de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad abrió la puerta para empezar a sanar esas heridas, por medio de conocer y entender cómo ocurrieron los hechos que llenaron al país de dolor, miedo y ausencias. Diversas voces quieren ser escuchadas y hay muchas preguntas sin responder; por esa razón, las expectativas en el informe que publicará la Comisión a mediados del próximo año son enormes.

Con motivo del quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, VerdadAbierta.com conversó con el presidente de esa instancia extrajudicial, el padre Francisco De Roux, quien, con diez comisionados más y un amplio equipo de investigadores de diversas disciplinas, tiene la difícil tarea de poner a la sociedad de frente una realidad a la que durante décadas le dio la espalda.

VerdadAbierta.com (VA): ¿Cómo define estos tres años de mandato que les encomendó el Acuerdo de Paz?

Francisco de Roux: Ha sido una experiencia muy fuerte de encontrarnos con el país desde la profundidad de la tragedia humana, de lo que fue el conflicto armado y, muy particularmente, de los años durísimos de la guerra.

Ha sido un encuentro que a todos los miembros de la Comisión no ha tocado el alma y nos ha puesto en un camino complejo, de muchas preguntas. De qué es lo que nosotros realmente debemos y podemos decirle al país, en una perspectiva de compresión de qué fue lo que nos pasó para haber llegado a esta dimensión tan profunda de destrucción humana.

¿Cómo podemos tener un discurso que convoque para que en nuestras diferencias construyamos juntos el país que se merecen los niños de Colombia en adelante, sabiendo que tenemos legítimas posiciones políticas distintas, que tenemos distintas etnias, distintas culturas, distintas aproximaciones de género y distintas edades? ¿Y cómo sacar de allí una visión de conjunto para trabajar hacia adelante?

VA: ¿Cuál es su balance sobre la gestión de la Comisión de la Verdad? ¿Qué ha logrado la entidad?

FDR: En primer lugar, estoy absolutamente convencido de que el acontecimiento de la verdad, como yo lo llamaría, ha sido un hecho y creo que la Comisión ha contribuido muy seriamente a eso. No sólo en las 24 Casas de la Verdad en distintas de regiones del país, sino en la cantidad de eventos realizados.

Los eventos de escucha, los eventos de diálogo social; la multitud de películas, de pequeños videos, pero sobre todo de conversación con los sindicatos, con los indígenas, con los afros, con el mundo Rrom, con las comunidades LGBTI, con la gente que está en la cárcel, con las Farc, con los grupos religiosos, con los empresarios, con los medios de comunicación, con los militares, con la Policía, con políticos.

Es lo que nosotros llamaríamos el happening de la verdad: un interés creciente de la gente, al principio con muchas reticencias.

De otra parte, el estudio de la Comisión. Nos hemos reunido personalmente con 23 mil personas en encuentros largos. Cualquier evento de esos dura un día, para tratar de ahondar en su perspectiva de lo que sufrió en el conflicto. Básicamente son víctimas de todos los lados.

Esta Comisión se pregunta cómo llegar con un discurso que nos ayude a los colombiano a ir hacia adelante. Eso lo hemos vivido con una enorme honestidad, haciéndonos muchas preguntas a nosotros mismos. A ese propósito, quiero decir que ninguno de los comisionados pertenecemos a ningún partido político ni nos interesa que algún partido gane. Nos interesa que este país enfrente la verdad de lo que se vivió.

Estamos convencidos de que no vamos con una última verdad. ¿Como somos una institución de Estado habrá una verdad de Estado? No. Eso sería lo más estúpido y lo más falso. Queremos abrir un camino, pero partir de unas verdades sólidas, que hay que afirmarlas, y que duelen a todos los lados.

Por eso nuestro discurso no es políticamente correcto, pero con una propuesta: esto lo podemos construir juntos.

VA: Hay muchas expectativas sobre el Informe Final que la Comisión está preparando. ¿Cómo va recoger todas las afectaciones y los impactos diferenciados que los colombianos sufrieron en más de 50 años de conflicto armado?

FDR: Ese es el tipo de preguntas que hoy en día se centra sobre nosotros de manera más honda. Tenemos un método que vamos afinando. El informe tendrá una introducción de ética pública, es una llamada al país.

Luego tendrá un resumen, un compendium muy organizado y riguroso, que será el documento central que recoge lo que enseñan cada uno de los capítulos y llega hasta las recomendaciones. Está escrito para el púbico de la República, para la sencillez de la gente. No es para académicos.

Luego tendrá los capítulos. Nosotros no somos historiadores, pero sí tendrán una aproximación desde el sentimiento de las comunidades, desde la forma en cómo la gente vivió esto y también desde el sentimiento de personas que fueron protagonistas en esto. El país sintió esto; eso es un punto de diferencia de lo que hacen las Comisiones de la Verdad: son muy vivenciales, pero contaremos una historia.

El capítulo de casos es una de las cosas más difíciles. Poder afirmar algo con absoluta seriedad, después de contrastar, sopesar, ver distintos puntos de vista e incluso renunciar a la hipótesis que uno tenía, es un trabajo muy hondo. Pero una vez que conoces una verdad, éticamente tienes la obligación de decirla pase lo que pase.

Tenemos que decirlo, aunque les moleste a nuestras familias, a los políticos de un lado o de otro. Ese es el desafío de la verdad. Espero que tengamos el coraje, la limpieza y la determinación de hacerlo, pero siempre con el cuidado de decirlo de tal manera que no sea una presentación de las cosas para incentivar venganzas, señalamientos y estigmatizaciones, porque eso no nos sirve para nada, sino para que comprendamos lo que pasó.

VA: ¿Cuántos capítulos tendrá el Informe Final y qué temas tratará?

FDR: Además del capítulo histórico y del capítulo de casos, habrá uno de afectaciones o sufrimientos de las comunidades. Ahí vemos afectaciones de empresarios, indígenas, mujeres, sindicatos, educadores, del personal de salud…

Luego tenemos un capítulo de cómo la gente, en medio de tantas dificultades, tuvo iniciativas de paz y luchó por la democracia; y encontramos periodistas que se jugaron por la paz; la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona que actuaron sin armas; los movimientos de paz del país, la cantidad de cosas que hizo la pastoral social, lo que hizo la Iglesia Menonita, lo que hicieron las universidades por la paz.

Tendremos un capítulo sobre las mujeres y la población LGBTI, los que fueron golpeados por su condición de género. Tendremos un capítulo sobre cómo se llevaron a los niños a la guerra. Tendremos un capítulo étnico que se concentra en la historia diferenciada de los indígenas y afros de Colombia.

Tenemos un capítulo de la comunidad en el exilio. La Comisión ha estado en contacto con 24 países distintos y nos movemos en un escenario de 500 mil colombianos que salieron por razones del conflicto exclusivamente y allí hay de todo. Hay militares que no aceptaron hacer ‘falsos positivos’, hay jueces que si no se salen los matan, hay personas que estuvieron en la Fiscalía y en la Procuraduría, hay indígenas, afros, sindicalistas, periodistas y empresarios que se fueron después de secuestros muy dolorosos.

Tenemos un capítulo que es más bien oral y muy conmovedor, que son las voces del conflicto. Y tenemos un capítulo de recomendaciones.

Eso da una idea de la estructura del Informe, pero tiene cruces muy hondos. La Comisión ha recibido 67 informes directamente del Ejército y de la Policía, y estas cosas las cruzamos y las centramos en el diálogo entre distintos capítulos.

VA: ¿Qué dificultades ha tenido la Comisión para realizar su trabajo?

FDR: Hay unas dificultades externas. El Acuerdo de Paz, con todas sus limitaciones produjo un cambio y logró que las Farc pararan su guerra y que el Estado parara esa guerra contra las Farc; el 20 por ciento desistieron y volvieron a la guerra, que es muy normal en estos procesos a nivel mundial.

Realmente hubo paz entre el Estado colombiano y un grupo que era muy duro en la guerra, pero paradójicamente Colombia quedó mucho más dividida. El plebiscito lo puso en evidencia y luego las elecciones presidenciales. Yo no diría que el país está polarizado políticamente, sino que está partido: hay agresiones, sospechas y desconfianzas.

Y la Comisión ha tenido que navegar dentro de eso. Nosotros somos una de las instituciones que nació del Acuerdo de La Habana y para un número significativo de colombianos, por el hecho de haber nacido de allí, no tenemos legitimidad. Nos pasó con el expresidente Uribe que nos dijo: ‘Yo no les acepto ninguna legitimidad y voy a hablar porque quiero contribuir a la verdad’. (Leer más en: La puesta en escena del expresidente Uribe con la Comisión de la Verdad)

Esas formas políticas que no solamente las ha hecho Uribe, de recoger este dolor y movilizar esa rabia e indignación para ponerla en contra de otros. Esto ha pasado de lado en lado en Colombia. En ese escenario navega la Comisión.

El otro escenario difícil es que ha sido un escenario riesgoso para las víctimas que vienen a hablar con la Comisión; para la gente que nos ha hablado en las cárceles, que temen que los maten por hablarnos. Por ejemplo, cuando hablamos con Mancuso -extraditado jefe paramilitar-, sus abogados fueron amenazados.

Otro elemento difícil es la pandemia. Por eso organizaciones de víctimas y de derechos humanos pidieron la extensión del tiempo de la Comisión. Debía terminar el 28 de noviembre, pero como somos una entidad de Estado, caímos dentro en las restricciones impuestas -para contener la pandemia-. Para nosotros es importantísimo salir a terreno a encontramos en la Colombia profunda con las víctimas y eso quedó totalmente obstruido.

No paramos. Todo ese año seguimos trabajando a través de los computadores, pero usted no puede entrar en conversación con un victimario que esté en su casa, al lado de sus niños y de su esposa, a que le cuente lo que él no ha querido contarle a nadie, y menos a su familia. ¿O cómo llegarle a una comunidad indígena en la montaña que no tiene posibilidad de comunicación?

Gracias a eso pedimos que se nos diera siete meses más para terminar el informe; y un par de meses en los que vamos hacer la socialización, vamos a ir por el país contándole las cosas. Afortunadamente eso lo vamos hacer una vez elegido el nuevo Presidente de la República. El Informe Final será presentado una semana después de la segunda vuelta presidencial.

VA: Organizaciones de víctimas y de derechos humanos temen que el Informe Final no trascienda y se quede en círculos reducidos o comiendo polvo en estanterías. ¿Cómo será su presentación y qué pasará después? ¿Qué se hará para que el informe sea útil para las comunidades de regiones apartadas que llevaron la peor parte de la guerra?

FDR: Distinta a otras Comisiones de la Verdad, que entregaban el informe y se iban, nosotros vamos a ir poniendo la cara durante dos meses por todo el país. Empezando por hablarle al Congreso de la República, al equipo del Presidente, a las Cortes, a las universidades, a las comunidades, a los sindicatos, al Ejército y a las Farc. Eso lo vamos hacer personalmente, al igual que con medios de comunicación.

En segundo lugar, vamos a crear un Comité de Monitoreo y Seguimiento. Eso es parte del Decreto 588 que nos formó. Tal como lo hemos planteado, durante siete años, ese Comité cuidará que se pongan en marcha las recomendaciones que hace la Comisión en el Informe Final

En tercer lugar, estamos creando una red de aliados y depositando en ellos este esfuerzo que estamos haciendo. Para que lo reciba por supuesto críticamente, pero también para que continué el proceso en manos de ellos. Empezamos con un poco más de 3 mil organizaciones en todo el territorio nacional de toda índole.

Y luego vamos a hacer un esfuerzo muy grande de tipo pedagógico para preparar a la sociedad y entregarle el informe. Un elemento significativo es la trasmedia: la Comisión va a dejar en manos del país, con absoluta entrada libre, para que todo el mundo la pueda coger en el teléfono celular y pueda meterse en todos los documentos, todos los testimonios y todas las películas, para que el país haga su propia interpretación de lo que nosotros hicimos, y que pueda seguir avanzando en la conversación.

VA: Organizaciones de víctimas señalan que la falta de tiempo no permitió que muchas personas fueran escuchadas, incluso algunas alegan que la Comisión no llegó adecuadamente a la Colombia rural. ¿Comparte esa apreciación? ¿Cómo fue el esfuerzo para llegar a los rincones más profundos y tomar testimonios?

FDR: Hicimos lo que pudimos y vamos a seguir haciendo lo que podamos. Siempre habrá una insatisfacción totalmente legítima por parte de las víctimas. En el registro formal de víctimas del Estado hoy en día hay como 9 millones 200 mil víctimas.

Con cada víctima, o cuando vamos a la cárcel, nos gastamos uno o dos días; visitar una comunidad víctima en la montaña toma una semana. Si le dedicáramos un minuto a los 9 millones de víctimas, nos demoraríamos 17 años, trabajando 24 horas al día, para oírlas a todas. Es perfectamente legítimo ese reclamo, pero sí puedo decir: honradamente hemos recibido con toda el alma a todos los que han llegado a la Comisión, hemos salido a buscarles, hemos ido a los sitios donde nos parecía que las cosas eran más duras.

VA: Algunos sectores perciben que la Comisión le dio más importancia al hecho de hablar con todos los implicados o a la reconciliación, que a la misma construcción de verdad. Como ejemplos refieren la comparecencia del expresidente Juan Manuel Santos sobre ‘falsos positivos’, la conversación con el expresidente Uribe y la comparecencia de Salvatore Mancuso con Rodrigo Londoño, en donde no fueron refutados ni hubo contrastación. ¿Comparte esa apreciación? ¿Habrá contrastación en el Informe Final?

FDR: Eso se contrasta en el informe completamente. El objetivo final es la reconciliación de este país, y eso no se puede hacer sino a partir de la verdad, y de la verdad de la forma más sólida. Quizás lo que pasa es que, en el método nuestro, hay algunas cosas que hay que mirarlas con cuidado.

Nosotros no somos una entidad jurídica. Nosotros no podemos obligar a nadie a que venga a la Comisión, nosotros invitamos y le damos a las personas la posibilidad de hablar. Nosotros hacemos preguntas, pero no las hacemos de tal forma que busquemos obligarla a que se reconozca culpable en público ante el país. Si en un proceso jurídico no se le puede obligar a una persona que declare contra sí misma, mucho menos nosotros.

Sin embargo, en todos estos casos públicos tenemos preparaciones personales muy largas y hondas. A Mancuso le hicimos visita personal a la cárcel. Una comisionada fue a Estados Unidos a conversar con él y tenemos 26 horas de grabación en detalle, que no lo presionamos para que los dijera en público, pero que son absolutamente importantes.

Previa a la conversación con el presidente Santos, hubo dos conversaciones largas con los miembros del plenario de la Comisión. Y nos acomodamos a la forma de cada presidente. El expresidente Gaviria nos recibió en su casa dos veces, el presidente Pastrana vino a la Comisión, el presidente Samper también. Fuimos donde el presidente Uribe porque no quiso venir, pero queríamos que todos los presidentes estuvieran y escucharlos. Después tuvimos con el presidente Uribe una conversación privada.

Si uno coge cualquier episodio de esos puede parecerle que no da todo. Yo diría que estos son unos procesos. La respuesta total no puede darse en un sólo paso y todas las respuestas parciales son incompletas. Uno va acumulando cosas, para llegar a algo que esperamos entregar en el Informe Final.

De todas maneras, también sabemos que hagamos lo que hagamos, vamos a ser criticados de todos los lados. Nos va criticar el Ejército, la Policía, todos los candidatos, los presidentes… De todos los nos van a criticar porque la verdad es una lucha. Esperamos que haga bien y trabajamos para que haga bien.

VA: A todas las personas que consultamos para este informe especial le hacemos la misma pregunta: en retrospectiva, tras cinco años de implementación del Acuerdo de Paz, con sus aciertos y errores, a pesar de que algunas regiones están incendiadas por nuevos ciclos de violencia y que el país no vive en el escenario proyectado, ¿valió la pena el proceso de paz con las Farc?

FDR: Estoy convencido de que sí. No sólo porque la guerra grande fue muy dura y se acabó. Y hay una segunda razón por la que estoy convencido: después de conversar con los sindicatos, las organizaciones sociales, los indígenas, los afros, los jóvenes de las universidades, hay un rechazo muy grande del país a la guerra, como no lo hubo antes.

A mí me tocó vivir épocas en las que organizaciones sociales y organizaciones que luchaban por derechos, no estaban en la guerra, pero la legitimaban. Decían: ‘Bueno, por lo menos tiene que haber una retaguardia que proteja la lucha social y que nos defienda -perdón- contra estos hijueputas’.

Hoy en día no hay eso. Hoy en día ves a los sindicatos, a las organizaciones sociales y a los campesinos luchando por la paz y una verdadera convicción de que todo lo que la guerra tocó, lo dañó. Eso es nuevo en Colombia. Son muy pocos quienes piensan que es legítima la guerra del Eln o de las disidencias.

Uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que más críticas ha recibido por sus bajos resultados es la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Las expectativas que generó su creación contrastan con la percepción crítica que se tiene hoy de su trabajo.

Diversos sectores aspiraban a que una institución especializada en la búsqueda de personas víctimas del conflicto armado y la recuperación de los cuerpos, con un carácter humanitario y extrajudicial, fuera más ágil que la Fiscalía, que condiciona sus labores a un proceso penal, pero los resultados contradicen ese propósito.

Pablo Cala, defensor de derechos humanos de la Fundación Hasta Encontrarlos, que lucha por hallar los desaparecidos que dejó la guerra en el departamento de Guaviare, acompañó desde el primer momento la conformación de la Unidad de Búsqueda. Al hablar del tema, recuerda la alta expectativa que generó, en 2017, la creación de esa entidad, pero cuatro años después lamenta que no se haya alcanzado una respuesta acorde a esas esperanzas.

“La Unidad, en estos casi cuatro años de existencia, ha logrado sensibilizar mucho más a la sociedad frente a la situación de las personas desaparecidas”, reconoce Cala. “Es una labor que ya veníamos haciendo las organizaciones, que ya venían haciendo los familiares, que ya venían haciendo de alguna manera algunos medios de comunicación; es una importante labor que hace la Unidad, pero no debería ser su centralidad, no debería ser su objetivo primordial y es donde más se ven resultados”.

El universo de personas desaparecidas en Colombia en razón del conflicto armado, de acuerdo con la UBPD, alcanza las 98.820, una cifra que da cuenta de más de 50 años de guerra en la que este delito se usó como instrumento de guerra. ¿Y cuáles son los resultados de la entidad?

A 30 de septiembre de este año, la Unidad había recibido 18.344 solicitudes de búsqueda, que corresponden a 13.442 personas. Además, reporta la recuperación de 289 cuerpos y la realización de 127 entregas dignas de los cuerpos a sus familiares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Bogotá, Caquetá, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Sucre y Tolima.

Adicional a ello, ha encontrado cinco personas con vida y facilitado los reencuentros con sus familias en Arauca, Antioquia, Magdalena y Valle del Cauca, lazos que se habían roto, en algunos casos, por más de 35 años.

La entidad reporta que 468 personas están registradas como aportantes de información de manera voluntaria información para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, de ellas 73 lo han hecho como aporte colectivo y 395 como aporte individual.

Esos logros se han alcanzado a pesar de no contar con las voces de actores que no se encuentran compareciendo a la JEP ni a quienes se beneficiaron de la ley de Justicia y Paz, mediante la cual se juzga a exparamilitares. “Al no existir incentivos de tipo legal para estas personas con su contribución a la UBPD, no hay mayores aportes reportados por la entidad”, registró la Procuraduría General de la Nación en el Tercer Informe al Congreso sobre el Estado de Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz, publicado también en agosto de este año.

Cuestionan centralización

Una de las mayores críticas que se le ha hecho a la UBPD es que las labores de búsqueda de los equipos que existen son insuficientes para atender la magnitud del fenómeno en Colombia y están centralizados en la ciudad de Bogotá.

“Estos equipos no están haciendo labores directamente de búsqueda o recuperación de cuerpos. Recogen información, la trasladan al nivel central, hacen pedagogía, hacen relacionamiento con los familiares, pero lo que se estaba buscando era que allí en esos territorios se pudiesen estar adelantando día a día labores de búsqueda en terreno”, expuso Cala.

De funcionar como se había previsto, la UBPD tendría, por lo menos, 18 equipos forenses territoriales con una coordinación general. Sin embargo, este defensor de derechos humanos estima que hay entre 40 y 50 personas en labores de recuperación, y lamenta que sólo se tenga capacidad de tener hasta cinco equipos realizando trabajo de campo de manera simultánea.

El otro gran problema que identifica Cala son las condiciones para acceder a los lugares en los que posiblemente podría haber cuerpos. La Unidad puede ingresar a los lugares con la autorización del poseedor, tenedor o propietario, y en los casos en los que este se niegue se buscarán acciones legales para poder ingresar.

Sin embargo, resalta que, para ingresar a un lugar donde se presume que hay fosas, la entidad creó una norma interna que incluye la petición del certificado de tradición y libertad del predio o solicitar información a la Agencia Nacional de Tierras sobre el tipo de predio. Un proceso que puede tomar meses. (Leer más en: ¿La UBPD se ‘pone’ la soga al cuello para buscar a los desaparecidos?)

“Frente a la voluntad de un poseedor, tenedor o de un ocupante de un terreno que dice ‘sí, pueden ingresar a hacer la recuperación’ y empiezan a colocar toda esta cantidad de obstáculos como requisitos, pues se va a asustar y va a decir ‘a mí me van a terminar quitando la finquita, entonces yo prefiero que no hagan nada’”, cuestiona este defensor de derechos humanos.

Por otro lado, está la participación. Este componente se ha mostrado como una prioridad para la UBPD y según su informe de cuentas de este año, “para tal fin, desde el inicio de operaciones de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y hasta el primer semestre de 2021, se brindó asesoría y orientación a 4.492 personas que fortalecieron las condiciones para su participación de manera individual”.

Varias víctimas consideran que los llamados a participar por parte de la UBPD han sido en términos de buena voluntad, pero no terminan bien direccionados. Sienten que la información sólo circula de manera unidireccional, no les permiten acompañar las decisiones y la participación termina supeditada a la voluntad de los funcionarios de la entidad.

El análisis de la Procuraduría General de la Nación alaba los esfuerzos de participación, pero “se reitera la importancia de que la entidad defina un mecanismo que facilite la entrega de información a las familias sobre las personas dadas por desaparecidas a medida que avanza el proceso de búsqueda”.

Sebastián Velásquez, representante legal y vocero de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (FEVCOL), sostiene que esa organización le entregó a la UBPD en diciembre de 2020 información sobre la existencia de 12 fosas en las que habría víctimas de la extinta guerrilla con más de 49 cuerpos, pero no hay avances. “¿Dónde están buscando las víctimas de las Farc? Para ellos no es una prioridad”, resalta.

Por su parte, María José Rodríguez, hija del ciudadano uruguayo José Washington Rodríguez Rocca, esperaba tener más participación en la búsqueda de su padre. En julio de 2019 empezó a suministrar información a la UBPD sobre el caso, pero luego sintió que su relacionamiento con la Unidad se detuvo sin mayores razones. “A mí personalmente me desmotivó muchísimo y de a poco, con insistencias, logramos reanudar el diálogo”, dice.

Rodríguez Rocca fue un trabajador de la Fábrica Uruguaya de Neumáticos S.A. (FUNSA) e hizo parte del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Al no ver garantías para su vida y ante la expectativa de un golpe de Estado, salió del país en 1973 y según tuvo conocimiento su hija, tras pasar por varios países llegó a Colombia en 1976, donde se unió al movimiento guerrillero M-19. Al parecer, en abril de 1982 murió en un enfrentamiento con el Ejército en el departamento de Caquetá.

La UBPD se comprometió a realizar acciones de prospección a finales de febrero o inicios de marzo de este año, pero Rodríguez reprocha que se incumplió con lo pactado y después de muchos insistirle a la entidad, la misión tuvo lugar el 19, 20 y 21 de julio. A esa diligencia pudo asistir gracias al apoyo del CICR, que le brindó ayuda económica para venir al país: “Yo no vivo en Colombia, entonces la distancia genera otros sentimientos y otros tiempos que no son buenos aliados en estas búsquedas”.

En aquella ocasión no encontraron los restos de su padre, pero sí hallaron la fosa en la que se cree fue enterrado. Ella resalta el gran trato que recibió durante la prospección, pero después de eso “volvieron los silencios nuevamente. Esto fue en julio y en la fecha en que estamos no hemos tenido una reunión ni siquiera como algo resolutivo de lo que ocurrió en julio y cuáles serían los próximos pasos”.

Información para buscar

Víctimas y organizaciones de la sociedad civil consideran que la UBPD no ha hecho un verdadero uso de los mecanismos legales de acceso a información reservada que le otorgó el Decreto Ley 589 de 2017, mediante el cual se organizó la estructura de la entidad.

Dicho decreto plantea claramente que no son oponibles las reservas en materia de acceso a información frente a violaciones de derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que la UBPD está en la libertad de requerir a entidades del Estado la información pública sin que la reserva de información sea un obstáculo.

La Procuraduría General de la Nación, en su análisis sobre la implementación del Acuerdo de Paz, expone que la UBPD cuenta con siete acuerdos de voluntad de intercambio de información con varias instituciones del Estado. No obstante, evidenció que el flujo de información no ha sido como se esperaba. Ejemplo de lo anterior es el caso de los convenios interadministrativos suscritos desde 2019 entre la Unidad y la Fiscalía.

“Si bien la Fiscalía ha dado respuesta a la mayoría de solicitudes de información básica que ha hecho la UBPD —se lee en el documento—, sobre radicado, despacho o Unidad en la que se encuentra un caso, son muy pocas las respuestas que la Fiscalía ha dado sobre el acceso a expedientes activos relacionados con delitos de desaparición forzada, secuestro y reclutamiento ilícito. En particular, de 308 solicitudes de acceso a expedientes, con fecha de corte de este informe, la UBPD había podido acceder únicamente a 11 expedientes de los solicitados”.

Las víctimas esperaban que la Unidad accediera ágilmente a información que está en manos de la Fuerza Pública, un paso fundamental (—dicen(— para establecer el paradero de personas desaparecidas por agentes estatales, principalmente en las décadas del setenta al noventa.

Dicha información sería conveniente, por ejemplo, para establecer el paradero del cuerpo de Martha Gisela Restrepo Valencia, joven caleña que se enlistó en las filas del M-19 y quien murió, a sus 19 años, presuntamente en un operativo de las Fuerzas Militares en el departamento de Chocó, adelantado el 25 de abril de 1981.

La reconstrucción de ese ataque, realizada por la familia de Martha Gisela con el apoyo de la Fundación Hasta Encontrarlos, precisa que por los menos 40 jóvenes de esa guerrilla estaban movilizándose entre los municipios de Lloró y Bagadó, y en algún punto del Alto Andágueda fueron interceptados por las tropas del Ejército y aniquilados.

Rodrigo Restrepo, hermano de Martha Gisela, habla desde fuera de Colombia sobre cómo fue que desde 2015 volvió a revisar el caso de desaparición forzada de su hermana. Al igual que Martha y otro de sus hermanos, militó en las filas del M-19, pero fue el único que logró conservar su vida al migrar en septiembre de 1982.

Cuando el 17 de octubre de 2015 el gobierno nacional y las Farc anunciaron la creación de la UBPD, la familia Restrepo Valencia vio en esa entidad una oportunidad invaluable: “Antes de eso, era muy difícil imaginarse que uno iba a buscar un combatiente que había desaparecido. Cuando se hace ese anuncio, pues para nosotros era el instrumento perfecto para poder llevar a cabo esa búsqueda y abría todas las esperanzas”.

En diciembre de 2018, esta familia comenzó a compartir información con la Unidad que habían recopilado por su cuenta. A inicios de 2019, de la mano de Hasta Encontrarlos, organizaron una visita a donde se presume estarían los restos de Martha Gisela para rastrear información con algunos delegados del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina y Popular del Alto Atrato (COCOMOPOCA), pues la zona está bajo su autoridad ancestral.

En ese momento, la UBPD declinó la invitación, según recuerda esta familia, porque la entidad aún no estaba lista para ese tipo de trabajos. De regreso a Bogotá, compartieron la información con la Unidad y con base en ella, en marzo de 2020, realizó una prospección en una zona de casi dos hectáreas con antropólogos, topógrafos y fotógrafos.

“En ese tipo de situaciones la tensión es grande, la sensibilidad de todos es mucho mayor, la de los familiares, la de nosotros, la sensibilidad está a flor de piel”, recuerda Rodrigo y resalta que esa vez se generó un desencuentro con la UBPD porque no les dejaron grabar el procedimiento. “Fuimos testigos del esfuerzo que se hizo, sin embargo, no se encontró nada”.

Al respecto, Cala resalta que esa fue la primera prospección directa que hizo la Unidad de Búsqueda sin asociarse con otra entidad: “Ha hecho otras prospecciones desde marzo para acá de manera autónoma, varias en diferentes lugares, pero todavía no dentro de la dimensión de respuesta que se espera o por la dimensión de la situación de personas que se encuentran desaparecidas en el país”.

El universo de desaparecidos

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas estableció la desaparición forzada como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. En el caso colombiano, la desaparición forzada sólo fue tipificada como delito mediante la Ley 589 de 2000.

Pese a ello, no hay coherencia en las cifras, situación que resalta Cala: “En el país se tiene un problema ahora: hay una institución que dice que son 24 mil desapariciones forzadas, otra dice que son 46 mil, otra que son 60 mil, otras que son 89 mil y otra que dice que son 120 mil o más. Y esa es parte de la deuda que hay frente a un ejercicio de banalización de la responsabilidad que ha hecho el Estado colombiano”.

Una observación que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ya había planteado en su más reciente informe de recomendaciones para Colombia, publicado en mayo de este año, en el que le recuerda al Estado colombiano que su mirada sobre este crimen de lesa humanidad no se ajusta plenamente a la norma internacional.

Para septiembre de 2021, la UBPD estimó el universo de víctimas 98.820 personas, cifra que resulta del cruce de información de las bases de datos del Sistema Integral para la Paz con el Registro de Solicitudes de Búsqueda de la Unidad. (Leer más en: “Los desaparecidos no son solamente de las familias, los desaparecidos son de esta sociedad”: Luz Marina Monzón)

Participación de exguerrilleros

La manera en que se involucra a los excombatientes de las antiguas Farc en la búsqueda de desaparecidos puede ser de varias maneras. Por un lado, porque pueden poseer información de personas que murieron bajo su responsabilidad, al haber sido reclutadas, privadas de su libertad o ejecutadas.

Por otro lado, porque tienen conocimiento de zonas con cuerpos que no necesariamente fueron su responsabilidad, pero las cuales se encontraban en zonas que ellos controlaban. También, porque están buscando a milicianos, exmilicianos o familiares de guerrilleros que fueron ejecutados y desaparecidos por el Estado colombiano o actores paramilitares.

Uno de los papeles que están desarrollando los firmantes del Acuerdo, como parte de su proceso de reincorporación, es la recolección de información de personas desaparecidas como parte del componente de las extintas Farc de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que a través de cinco zonas de trabajo (Nororiental, Oriental, Magdalena Medio, Sur y Occidente) buscan cubrir el territorio nacional.

Inicialmente, 72 exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz empezaron un proceso de capacitación de la mano del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para iniciar esta labor de documentación. Actualmente, la Comisión cuenta con 101 integrantes, entre excombatientes de las antiguas Farc y pobladores de algunas regiones comprometidos con este proceso.

Velásquez, de FEVCOL, critica fuertemente esa Comisión, pues considera que las familias que perdieron a sus seres queridos a manos de las Farc no contribuirán con ellos y considera que su gestión es cuestionable porque “eso sería autoculparse de un delito sistemático como lo fue el secuestro, la desaparición y muerte de muchas personas”.

Hasta septiembre, la Comisión documentó 586 posibles casos de personas desaparecidas. Dicha información fue entregada a la Unidad para que se active la ruta sobre estos registros. Al respecto, John León, coordinador de la Comisión, considera que la articulación con la UBPD ha sido positiva aun cuando no cuentan con un recurso para realizar estas labores y se han valido de sus esquemas de protección para desplazarse por el país. (Ver infografía)

“Hay que decir que hay una serie de retrasos que, un poco, generan preocupación, que ponen en alerta, sobre todo, a las víctimas y a los familiares que están buscando personas que se encuentran desaparecidas y eso incluye a los excombatientes de las Farc que estamos buscando a nuestros seres queridos desaparecidos en el marco del conflicto”, cuenta León.

Restricciones en campo

La expansión del Covid-19 frenó las acciones de varias instituciones, pero ninguna se vio tan afectada como las labores en territorio de la UBPD. Las restricciones para prevenir el contagio obligaron a la Unidad a priorizar labores de contrastación de información y tramitación de solicitudes de búsqueda que, para mediados de junio de este año, superaba las 16 mil.

Durante ese tiempo, entregó recomendación para la protección y preservación de cuerpos de personas que podrían corresponder a desaparecidos y permanecen en diferentes cementerios del país, fortalecido a través de medidas cautelares que se ha adelantado en articulación con la JEP para la protección de estos.

De otro lado, los niveles de violencia y control territorial de actores armados ilegales en diferentes regiones en donde la Unidad de Búsqueda debe adelantar su trabajo humanitario, así como la construcción de confianza con las comunidades, ha sido uno de los obstáculos más preocupantes.

Los firmantes del Acuerdo que han adelantado labores de recolección en departamentos como Meta, Arauca, Nariño, Cauca o Antioquia expresaron “la presencia relacionada a la búsqueda de personas desaparecidas no es muy bien recibida”.

El componente de las antiguas Farc de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha denunciado que contra sus miembros se han generado persecuciones, amenazas, hostigamientos y hasta atentados, como fue el caso de los impactos de bala que recibió el esquema de protección de Jaime Alberto Parra Rodríguez, también conocido como ‘Mauricio Jaramillo’, encargado nacional de la Comisión de Búsqueda de las Farc, el 19 de agosto de este año en Popayán, Cauca.

La Procuraduría reconoció el panorama de riesgo y le sumó uno más que complica esas labores: “La presencia de minas antipersonal y artefactos explosivos en los territorios, que pone en riesgo a los funcionarios y funcionarias de la entidad que se desplazan para adelantar acciones de localización, prospección o recuperación de cuerpos. Es importante que la UBPD se articule con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), como coordinadora de la Acción Integral contra Minas, para garantizar un mínimo de protección cuando se realicen labores en terreno”.

Acciones para mejorar la búsqueda

“¿Dónde está la estrategia de búsqueda?”, se pregunta Diana Arango, directora de Equitas, organización dedicada a la ubicación de personas desaparecidas desde la aplicación de diversas áreas del conocimiento.

“Yo creo que uno de los grandes problemas de la Unidad de búsqueda es que no hay una estrategia de búsqueda clara”, y por eso considera que no es claro cómo se implementa la búsqueda en territorio, cómo desplegar los equipos de la institución y priorizar departamentos del país que tiene altas casos de desaparición.

De acuerdo con la Unidad, se cuenta con el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) y con 22 planes regionales de búsqueda que se consideran herramientas de planeación de carácter participativo que permite la recolección de información, localización, prospección, recuperación y entrega digna en una región geográfica delimitada y diferenciada.

Sobre el PNB y sus capítulos regionales, una de las alertas la emitió a finales del 2020 el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, en su seguimiento a la implementación al Acuerdo de Paz. A su juicio, la Unidad de Búsqueda no había trazado un cronograma para su implementación.

Esa falla empezó a ser subsanada en junio de este año, con 10 encuentros con víctimas y organizaciones de la sociedad civil y 16 encuentros con entidades del Estado, en los que trazó las metas, responsabilidades y el cronograma del PNB. De ese modo, a corto plazo se buscarán a 1.754 personas dadas por desaparecidas en 20 regiones del país.

Es claro que la búsqueda no es sencilla, pero “no es una tarea que se pueda abordar de caso a caso porque entonces nunca vamos a terminar”, advierte la directora de Equitas. Para Arango, la priorización de la consolidación del universo de víctimas es uno de los puntos clave para conseguir mayores resultados, pero le preocupa que sólo hasta hace pocos meses el discurso de la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, se aludiera a búsquedas masivas.

“Los planes regionales no deberían estar basados solamente en la solicitud que hacen las víctimas, sino que la Unidad, por decirlo de alguna manera, debería estar investigando de oficio y para eso sirve el análisis y cruce de diferentes bases de datos que le permite establecer que, en Antioquia, por ejemplo, hay 36 mil personas que aún continúan desaparecidas a la fecha”, plantea Arango.

Mientras el trabajo de la Unidad despega, las víctimas y sus organizaciones continuarán haciendo incidencia para que la UBPD entregue mejores resultados y sus seres queridos sean hallados para dignificar su memoria y honrar su vida.

*VerdadAbierta.com intentó entrevistar a Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, pero hasta al cierre de esta edición la institución no definió una fecha de encuentro.